Por Roxana Loarte
“Toda nuestra vida vamos a vivir contaminados, eso no es justo”, nos dice Zoila Ochoa Garaya, miembro de la comunidad Nativa Huitoto Muri del río Amazonas y segunda vocal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); una de las más organizaciones más representativas que agrupa a diversas comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Y, sin embargo, Aidesep fue una de las organizaciones menos escuchadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para la modificación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (N° 26221).
Hoy se tiene previsto en esta comisión, el debate y aprobación del predictamen que sintetiza las propuestas de cuatro iniciativas legislativas referidas a la promoción de la industria en hidrocarburos. Es decir, de recursos naturales extraídos de nuestro subsuelo para la generación de petróleo y gas natural. Dos elementos fundamentales que nos simplifican la vida. Por ejemplo, sirven de combustible para los transportes que usamos a diario.
CR, 2145/2017-PE y 2625/2017-CR
El abogado Richard O’Diana Rocca del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) nos comenta, en referencia a las modificaciones de la nueva ley; la necesidad de que la norma sea de beneficio para los ciudadanos: “pedimos igualdad, pedimos que también se invite a la sociedad civil, a las asociaciones indígenas y podamos construir juntos una norma que no afecte a ningún ciudadano peruano”, declaró a Wayka.
Sin embargo, ¿qué pasa si las leyes que regulan la exploración y explotación de los hidrocarburos no protegen el medioambiente ni a las comunidades expuestas o se hacen al margen de ellas?
Solo para precisar un caso. El precio por extraer petróleo ya cobró uno de los peores desastres ecológicos y humanos en la Amazonía peruana en el 2016. Los derrames en el oleoducto norperuano dejaron a hombres, mujeres y niños manchados con petróleo, y contaminados con mercurio, plomo y cadmio en la sangre, según un estudio del Ministerio de Salud de ese año. Además, según el Gobierno Regional de Amazonas, alrededor de 45 comunidades de nativos Awajún resultaron afectados por el derrame de 2.917 barriles de petróleo.
No se corrigen observaciones
A pesar de estas consecuencias, la nueva ley de hidrocarburos mantiene «elementos negativos» que no fueron modificados, y que existen desde su propuesta original hecha por el Ejecutivo en el 2017, y varias de ellas ratificadas por el grupo en mayoría, que preside el fujimorista Juan Carlos Del Águila en la Comisión de Energía y Minas.
“Está duplicando la vida útil de los proyectos petroleros y gasíferos. Actualmente con la Ley de Hidrocarburos (26221), un proyecto petrolero o gasífero dura 40 años aproximadamente entre exploración y explotación, el predictamen lo está duplicando hasta 80 años”, explica el abogado O’Diana.
Es decir, la suma de años en las concesiones estaría bordeando el promedio de vida de una persona en Perú. Esto debido a que en el predictamen se extienden los años de exploración a 10, de explotación a 40, y además se crea una prórroga excepcional de 20 años más, si las empresas concesionarias lo solicitan.
Al respecto, el presidente de Aidesep Lizardo Cauper denunció que no habría fundamento para extender los años: “No nos pueden traer o hablar de desarrollo, mientras que 4 o 5 cuencas o parte de la Amazonía, del agua está contaminada, los peces están contaminados, personas contaminadas.¿Cuáles serían los sustentos de este proyecto para ampliar a 80 años?”.
La aprobación de este predictamen conllevaría a que ingrese al Pleno del Congreso. Algo que ya ocurrió el año pasado, pero con otro texto. Un proyecto anterior que fue observado, antes de su promulgación, y con una serie de críticas, que lo regresaron a comisión.
Los alcances que trae la norma están siendo cuestionados por especialistas, congresistas y organizaciones sociales que han convocado a un plantón frente al Congreso, a la misma hora que está programada la sesión. Además, la norma es considerada como una ley “peligrosa”, en palabras de Zoila Ochoa, y las comunidades indígenas ya tienen una opinión sobre el tema, como lo menciona el presidente de Aidesep, Cauper: “Nosotros igual vamos a pronunciarnos, esta ley no va, está claro”.
Más daños al medioambiente
Si bien, el abogado O’Diana menciona que se retiró del predictamen el uso de ciertas técnicas prohibidas en otros países, por ser perjudiciales al mediambiente como lo es el fracking (fracturación hidráulica); aún no se descarta que pueda incluirse nuevamente. “Los proyectos pasados hablaban de la explotación de yacimientos no convencionales y una forma de explotar esos yacimientos no convencionales era el fracking (…) Sin embargo, este podría volverse a incluir en la comisión o sino el predictamen podría ir al Pleno y ahí volver a incluirse, entonces, no podemos cantar victoria de que el fracking ha sido descartado”, aseguró.
Aún, así, esta nueva ley daría licencia a las empresas extractivas para la deforestación. Otra de las prácticas que ocasiona daños en la naturaleza. Es así que en el predictamen se indica que solo es posible si se reforesta tres veces lo deforestado. “Es decir, la norma le dice que puede eliminar 100 hectáreas, siempre y cuando reforestes 300; la norma debería apuntar a que no se deforesten, porque estas tienen que ver con el cambio climático”, menciona O’Diana.
Por otra parte, tampoco se señala qué medidas se podrían tomar para reparar los daños por contaminación o algún tipo de indemnización. Según, el abogado de Mocicc, solo dice que los contratos pueden acabar por “un incumplimiento de la normativa ambiental”.
Convenios para criminalizar
En opinión del especialista, también se estaría dando margen para que se generen conflictos con las comunidades. “El otro cambio es el referido a la Policía y las Fuerzas Armadas, que les está entregando a las empresas concesionarias y a las de distribución de gas y a las de transporte de hidrocarburos que dispongan de su seguridad privada ante conflictos”.
Como se recuerda en el Perú existen 138 convenios suscritos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y empresas extractivas que se dieron entre 1995 y 2018. De ese total, 29 convenios se encuentran vigentes. Entre las empresas figuran cuatro del sector de hidrocarburos, según un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International de 2019.
Debate a puertas cerradas
Lo curioso sobre las modificaciones de esta ley es que su debate se ha dado entre representantes de organizaciones ligadas al desarrollo energético, más no de las organizaciones sociales conformadas por las comunidades indígenas o de otros sectores que podrían verse afectados. Un trato que ha sido calificado como discriminatorio por organizaciones civiles como Mocicc, “reclamamos la inequidad y la falta de trato igualitario que al final no deja de ser un acto discriminatorio de atender a algunas organizaciones como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos en desmedro de organizaciones indígenas de la sociedad civil como Aidesep que no tienen ese alcance. Esa lógica perversa del Estado peruano de reunirse con un solo sector interesado es la que criticamos”, declaró O’Diana.
Así también lo manifestó el presidente de Aidesep, Lizardo Cauper, en comunicación con Wayka, quien además alertó que la aprobación de esta norma por parte del Gobierno sería una “provocación” para las comunidades de la selva. “Nosotros categóricamente rechazamos porque no hay ninguna participación, consulta a los pueblos indígenas, solo está dentro del Congreso. Para nosotros va ser una provocación más a los pueblos indígenas amazónicos y no amazónicos”.
Crece rechazo
Las críticas a este proyecto de ley no se hicieron esperar por parte de otras organizaciones no amazónicas como lo aseguró el presidente de Aidesep. “Esta reacción no solo va a ser amazónico sino a nivel nacional, compartimos con los extrabajadores de PetroPerú porque esta ley no favorece al pueblo peruano”, dijo Cauper.
De igual manera, los gremios de pescadores en Paita, Sechura y Talara no se muestran de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, incluso ya realizaron un paro de 24 horas en rechazo a esta norma, pero también exigiendo la derogación de la concesión del lote petrolero Z-64 a la empresa británica Tullow Oil en Tumbes .
