Indígenas y campesinos son las principales víctimas de la represión del gobierno de Boluarte
Informe preliminar de Amnistía Internacional indica que la Policía y el Ejército emplearon armas letales y de disuasión de forma indiscriminada durante las protestas, especialmente contra indígenas y campesinos.
Los hallazgos de la investigación realizada por Amnistía Internacional señalan que el mayor número de muertes ocurridas desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se concentran en regiones con población, mayoritariamente, indígena. La evidencia recogida por la institución internacional sostiene que las autoridades de turno actuaron con un sesgo racista y principalmente contra pueblos históricamente discriminados. Además, la evidencia recolectada demostraría que la Policía y el Ejército dispararon balas de forma desmedida y en ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, personas que protestaban y quienes brindaban primeros auxilios a los ciudadanos heridos
La pesquisa de Amnistía Internacional fue aplicada en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero. La organización documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego e informó que recibió reportes de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, puntualizó Erika Guevara Rosas, directora para Amnistía Internacional para las Américas.
REGIONES MÁS AFECTADAS
En Juliaca, Puno, 17 personas fueron asesinadas en medio de la represión policial durante la manifestación del 9 de enero. Amnistía Internacional revisó 36 piezas fotográficas y audiovisuales de las que 11 revelarían un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza letal. Cabe resaltar que la misma Fiscalía declaró que las muertes fueron producto de impactos de arma de fuego.
En Andahuaylas, Apurímac, Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 años, jugador de voleibol e hijo de madre y padre quechuas, fue asesinado el 12 de diciembre a causa de un disparo de munición letal que le impactó cuando él y sus amigos se encontraban en el cerro Huayhuaca. Desde ese lugar, varias personas se habían ubicado para observar y registrar la protesta.
Amnistía Internacional logró recabar testimonios y grabaciones que comprobarían que policías dispararon desde la azotea de un edifico que estaba frente al cerro Huayhuaca, incluso funcionarios de Estado confirmaron esa ubicación de los policías. Las evidencias demuestran que Enciso Arias no representaba una amenaza contra las policías para ser asesinado. Wilfredo Lizarme, otro joven de 18 años, también murió en circunstancias parecidas y, según la organización internacional de derechos humanos, tales casos constituirían ejecuciones extrajudiciales.
En Ayacucho, durante la represión del 15 de diciembre del 2022, Leonardo Hancco Chacca, operador de maquianria pesada, murió luego de que policías y militares dispararan en contra de las personas que se manifestaban en las inmediaciones del aeropuerto. Tal como documentó IDL-Reporteros y el testimonio de testigos consultados por Amnistía, las fuerzas armadas emplearon balas al menos por siete horas, persiguieron a manifestantes y dispararon a quienes se encontraban auxiliando a personas heridas. El saldo fue de nueve personas fallecidas por el presunto actuar militar.
La investigación de la organización internacional también indica que, a casi dos meses de los hechos violentos, la Fiscalía aún no ha ejecutado las diligencias pertinentes para las investigaciones, tales como los peritajes y la recolección de testimonios. Más aún, en algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de la evidencia, esto podría alterar la imparcialidad y exhaustividad de las investigaciones.
Por ejemplo, en el caso de Beckham Romario Quispe Rojas, futbolista y entrenador de 18 años quien fue asesinado en Huancabamba, Andahuaylas, su necropsia no especificó qué tipo de proyectil fue el causante de su muerte. “La Fiscalía de la Nación debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional. Demorar y descuidar esta labor crítica, contribuye a crear un clima de impunidad que sólo fomenta tales actos,” aseveró Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
USO DE ARMAS
Amnistía Internacional recordó que a pesar de que las normas internacionales prohíben el uso de armas de fuego de munición letal para el control de las manifestaciones sociales, la información recogida señala que la Policía y el Ejército las emplearon como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones; incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas.
AGRESIONES A LA PRENSA
Según el informe, trabajadores de prensa también han sido atacados por las fuerzas armadas. Así lo demuestra el caso de Aldair Mejía, quien recibió el impacto de perdigones en la piedra derecha mientras reportaba la represión violenta el Juliaca, Puno, el pasado 7 de enero.
RECOMENDACIONES
Al final del informe, Amnistía Internacional recomendó un cambio urgente en la estrategia de gestión de las manifestaciones por parte del gobierno de Dina Boluarte. Convocó a la Fiscalía a avanzar con las investigaciones y garantizar la seguridad de víctimas y testigos. Exhortar al gobierno de Boluarte y demás autoridades a poner fin a la estigmatización de las personas que salen a manifestarse. Pedir el apoyo de parte del Estado hacia los familiares de las víctimas. Y convocar a la comunidad internacional a tomar las medidas pertinentes para la protección de los derechos humanos en Perú y la rendición de cuentas de parte de las autoridades.
