Por Ghiomara Rafaele
Cerca de las 8:30 a.m. de la mañana del sábado 17 de diciembre de 2022, 50 agentes de la Dirección contra el terrorismo-DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú dirigidos por el general Óscar Arriola ingresaron intempestivamente al local de Confederación Campesina del Perú CCP. En aquel recinto con tres ambientes principales se encontraban descansando 26 campesinos. Algunos recién estaban despertando, otros, tomando desayuno. A la DIRCOTE no le importó eso, tampoco el debido proceso de un allanamiento, menos los derechos de cada campesino. La Policía quería corroborar la información brindada por su servicio de inteligencia: la existencia de supuestos objetos para propiciar actos vandálicos. Información que hasta el momento no pudo ser corroborada.
Eran 26 personas y habían viajado de las regiones de Ayacucho, Andahuaylas, Cajamarca, Cerro de Pasco, Junín, Chincheros y Lima provincias. Ocho de ellos provienen de la zona del VRAEM. El viaje fue largo y cansado. Trataron de venir como pudieron. Algunos incluso en camiones porque los gritos en provincia no eran lo suficientemente ruidosos. Los estaban matando y sabían que venir a la capital, por más costoso que era, abría una posibilidad de ser escuchados. Los bolsillos de sus ropas solo les permitía costear el viaje de ida y vuelta, mas no la comida ni el hospedaje.
Para la seguridad de ellos y de miles de campesinos que no cuentan con los recursos económicos y tienen alguna gestión en la capital peruana, la Confederación Campesina del Perú actúa como un tambo y brinda abrigo y cobijo. Ese sábado, la estadía no sería la misma, esta vez serían allanados por la DIRCOTE. Un allanamiento considerado por los abogados de la defensa como un abuso de autoridad debido a la falta de elementos básicos establecidos en los marcos legislativos.
Era necesario que la DIRCOTE cuente con una orden judicial para poder ingresar a locales o hogares, por más que a nivel nacional se haya establecido un Estado de Emergencia. A pesar de ello, no lo tuvieron. Tampoco la Fiscalía había sido informada sobre el allanamiento, no se permitía el ingreso a los abogados, no se contaba con el acceso a un intérprete -a pesar de que la mayoría de ellos eran quechua hablantes- y no se brindaron detalles sobre la diligencia hasta pasada las 5:00 p.m. Todos estos sucesos constituyen vulneraciones graves a los derechos humanos de los 26 campesinos, así lo informa Cruz Silva, abogada presente en la diligencia y coordinadora del Instituto de Defensa Legal IDL.
“La DIRCOTE no ingresó con una orden fiscal, tampoco nos dijeron [a los abogados] el porqué de la diligencia. Solo nos indicaron que se trataba de una información de la DIRCOTE. Recién cuando la congresista Ruth Luque exige el ingreso de los abogados, nos permiten el ingreso. Ellos nos debieron dejar ingresar”, declara.
A pesar de que diversos abogados insistieron en el ingreso para permitir que los 26 campesinos accedieran a una correcta diligencia policial, constituidos en el marco de la constitución e instrumentos internacionales, el cordón policial que rodeaba al local de Nuevo Perú y la CCP no permitía el acceso y solo atinaba a declarar que habían recibido órdenes de no dejar ingresar a nadie y que esperen la autorización. Tampoco brindaron un nombre para saber el origen de aquellas órdenes. En diversas fotos se observa a miembros de la Policía vestidos de civil. Uno de ellos da órdenes. Es el coronel Percy Huapaya que cuenta con una investigación preliminar por extorsionar y cobrar cupos a mineros ilegales.
Por otra parte, los campesinos arrestados sin una orden judicial denunciaban una alteración de pruebas. A pesar de no contar con los requisitos para el allanamiento, la DIRCOTE removió los tres espacios que conforman el local de la CCP, los camarotes, las colchonetas, la ropa, los armarios, la comida, las mesas, las cajas. Para sorpresa de los campesinos se encontraron machetes, pasamontañas, ondas, piedras y tachuelas. Unánimemente se indignaron y reclamaron: “Esos machetes no son nuestros. Ustedes los trajeron”. Sin embargo, la DIRCOTE declaró ante los medios supuestos armamentos y propagandas terroristas encontrados en el local de la CCP.
Ante estas declaraciones, los campesinos se indignaron. Para ellos los machetes son instrumentos de trabajo. Usados para segar hierba, podar plantas, cortar madera. Siempre se encuentran en contacto con la tierra y son oxidados por el roce con el agua. Los machetes encontrados en el local del CCP eran nuevos, conservaban aún la etiqueta y la hoja estaba reluciente. Nilton Meza, campesino, abogado de Cerro de Pasco y uno de los detenidos, denunciaba la “siembra” por parte de la DIRCOTE.
Además, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, cree que es poco creíble que los machetes no estén desgastados. “No existe un desgaste y es poco verosímil que los campesinos vengan de sus regiones con machetes nuevos. Además, [los campesinos que se encontraban en el local de la CCP] no cuentan con recursos económicos. Nos contaron que vinieron en camiones y tuvieron que hacer una colecta para regresar a su hogar”.
Horas después llegó el Ministerio Público, mediante un comunicado en sus redes sociales, confirmó lo que a voces se decía: no habían sido informados por la policía sobre el allanamiento al local de la CCP. Los fiscales de derechos humanos, terrorismo y crimen organizado empezaron la diligencia. En plena investigación, la fiscalía de derechos humanos constató una irregularidad. Los salones de cada espacio estaban abiertos y debieron estar cerrados.
Los abogados de la defensa recalcaron que tampoco la fiscalía explicaba sobre los hechos.Recién a las 5:30 p.m. los 26 campesinos y sus abogados se enteraron del motivo de la diligencia: inteligencia había informado sobre materiales que se usarían en una protesta. Una de las fiscales aludía a una flagrancia por un delito. La defensa apeló y se dio cuenta que la diligencia era desproporcionada, prejuiciosa, estereotipada y ahora pide que se considere nula.
Asimismo, uno de los abogados de la defensa, Alexi Avilez, declaró que la actuación de la DIRCOTE no solo incurre en un abuso de autoridad, sino también se puede tipificar por un secuestro, debido a que las diligencias policiales no deberían durar más de 4 horas. Asimismo, los afectados mencionaron haber sufrido un daño psicológico debido a las más de 16 horas de encierro.
“Yo tengo 7 hijos, qué va a pasar con ellos, quién los va a mantener. Nos dicen que somos terroristas y no somos”, nos comenta uno de ellos.
Ya se habían registrado todos los ambientes tanto por la DIRCOTE como por la Fiscalía cuando, integrantes de la Dirección contra el terrorismo arguyeron haber encontrado algo peligroso: explosivos. El abogado Avilez, rechaza tajantemente la supuesta pertenencia de estos explosivos a los campesinos. “La DIRCOTE ya había allanado todo el local. Lo primero que hicieron al llegar fue remover todo. Es extraño que 9 horas después encuentren explosivos en una zona ya investigada”.
Uno de los abogados que participó en la diligencia, Víctor Maita, comenta que “estas acciones buscan desacreditar y desnaturalizar las marchas pacíficas de los agricultores y vincularlos a actos de terrorismo o de crimen organizado. Cuando son campesinos que están protestando de manera pacífica”.
Después de 16 horas de diligencias preliminares, los 26 campesinos lograron salir en libertad tras firmar un acta para una posible declaración. En las calles se escucharon los gritos de triunfo. Diversas colectivas y personas se habían apersonado al local del CCP. Algunos llevaron comida, otros se ofrecieron para la defensa legal, algunos gritaban, otros trajeron pancartas. Todos mostraban su apoyo. Ahora los abogados se están organizando para recurrir a instancias judiciales por todos los delitos vulnerados en el allanamiento del sábado 17. Consideran que la diligencia fue injusta, ilegal y sobre todo humillante. La protesta pacífica se encuentra avalada por la constitución y se les negó a los campesinos que pernoctaban en la CCP. Varios de ellos volvieron a sus tierras, asustados de que les pueda pasar algo. Confirmando una vez más la indiferencia que tiene la capital sobre ellos.
