Los trabajadores de la mina Canaria de Ayacucho no imaginaron que una empresa les arrebataría ilegalmente su lugar de trabajo. Tampoco imaginaron que, al judicializar el presunto caso de estafa, un juez investigado como parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ intervendría a favor de la compañía denunciada.
Por Alvaro Meneses
Cuando apenas tenía 16 años de edad, en 1975, el comunero ayacuchano Bernardino Guillén Herrera dejó su pueblo de Sacsamarca y migró a la comunidad de Canaria, para trabajar en la mina que lleva el mismo nombre del pueblo.
La mina pertenece a la empresa Minas Canaria S.A., cuyo dueño era el ingeniero Alberto Pareja Lecaros.
Doce años después, el 12 de enero de 1987, la compañía de Pareja Lecaros fue declarada en quiebra por el 7° Juzgado Civil de Lima y la mina Canaria pasó a manos de los 291 trabajadores de la época. Bernardino Guillén era uno de ellos.
Guillén y los otros 290 comuneros se hicieron dueños de 6 concesiones mineras, una planta de procesamiento de minerales y un inmueble en la calle Salamanca de San Isidro, en Lima. Todos esos bienes fueron suyos hasta que en 1991, tras unas movidas irregulares en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, se puso en riesgo todo lo que tenían.
El 26 de julio de 1991, a espaldas de la mayoría de sus dueños, dos dirigentes transfirieron las 6 concesiones, la planta y el inmueble en San Isidro a nombre de la Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda., una asociación fundada por obligación del decreto ley 21584, que establecía que los empleados que adquieran una compañía declarada en quiebra debían constituir una cooperativa.
Sobre esta movida, el abogado de los comuneros, Jamilton Saldaña, precisó que dicha transferencia fue ilegal e irregular. “El acta de constitución de la Cooperativa no constituye un instrumento público y no demuestra en forma alguna que los constituyentes hayan manifestado su voluntad de transferir todos sus derechos adquiridos el 29 de febrero de 1989”, declaró Saldaña a Wayka.
“Los reales propietarios de las concesiones mineras nunca manifestaron su voluntad de transferir la totalidad de los bienes”, enfatizó.
Despojo concretado
Durante la década de los noventa hasta los primeros años del 2000, los trabajadores explotaron la mina a duras penas por la baja cotización de los minerales, a pesar de que Canaria es una de las minas peruanas más ricas en zinc. Coincidentemente, cuando la subida de los precios en el sector minero se generalizaba en el país, las empresas mineras Consorcio Minero (CORMIN) y Catalina Huanca, ambas parte del grupo empresarial holandés Trafigura, se interesaron en la mina Canaria.
El 10 de mayo de 2004, ambas compañías peruanas de propiedad de Trafigura presentaron una oferta de compra a la Cooperativa Minera Minas Canaria, que estaba conformada solo por 190 de los 291 dueños reales de la mina. Según cuentan los comuneros, las empresas se coludieron con algunos dirigentes, aprovechándose de su desconocimiento legal del caso, para concretar el despojo de la mina.
Así lo recuerda Bernardino Guillén: “Prácticamente lo ha estafado. Lo ha hecho firmar en blanco a todos los demás compañeros que prácticamente somos quechuahablantes. Por necesidad han firmado y le han pagado mil, dos mil, tres mil (…) Cuánto le habrá caído a este Registros Públicos, a ese funcionario que nos ha quitado nuestra propiedad”.
Emiliano Quispe Curiñaupa, un ayacuchano de 71 años originario de la comunidad de Taca, ubicado también en la provincia de Víctor Fajardo, que también fue uno de los 291 trabajadores que se hicieron dueños de la mina, también contó a Wayka lo que recuerda.
“Desde el año 2003, prácticamente ya estaba en alza el costo del mineral, y formando un grupo, nuestros propios hermanos trabajadores, como 10 o 15 personas, trataron de convencer a la gente, a nuestros propios compañeros, porque ellos son quechuahablantes, no saben cómo, no conocen sus deberes, sus funciones, así. Bueno, para una asamblea, ya vino ya bien instruidos por parte de la empresa Cormin, que era comprador de los metales finos”, cuenta Emiliano Quispe.
Comuneros de la zona señalan a Martín Huyhua Meza, uno de los dirigentes de la comunidad, como una de las personas captadas por la empresa Cormin, junto al ingeniero David Carranza y el abogado Jaime Palomino, ambos miembros de la cooperativa, quienes convocaron una irregular asamblea en la mina el 4 de junio de 2004 para legitimar la venta de la mina.
Estanislao Ramírez, quien fue miembro de la Comisión de Venta de la comunidad junto a Martín Huyhua, tiene una versión más precisa. Ramírez cuenta que la asamblea se anunció en el diario oficial El Peruano, a pesar que la mayoría de los comuneros son quechuahablantes. Las asambleas, precisa Ramírez, se notificaron siempre a domicilio.
“Convocan a una asamblea para finiquitar la venta. Van y nombran otra Comisión de Venta ya con tres o cuatro personas para respaldarse y así decidieron vender la mina. Y la venta fue secreta, porque cuando me enteré y pedí detalles de la venta Martín me dijo que era privado, secreto”, narra Estanislao Ramírez, quien también es uno de los 291 trabajadores de la mina.
En el acta de dicha asamblea donde finalmente se aprueba la venta de la mina, incluso aparece la firma del comunero Eusebio Raymundo Méndez, quien había fallecido hace 8 años, el 18 de enero de 1996.
Con la aprobación de la comunidad, que fue arreglada en una asamblea irregular el 30 de marzo de 2005, la Cooperativa vendió todos sus bienes a Cormin por 3 millones 250 mil dólares. En ese entonces, el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú tasó el total de las propiedades en 34 millones 735 mil 585 dólares en febrero de 1997. La historia de una mina a precio de remate.
La mano de un ‘cuello blanco’
Con nada en las manos, los extrabajadores de la mina Canaria iniciaron en 2006 una batalla legal contra Trafigura para recuperar lo que se les arrebató irregularmente. Trafigura es el grupo empresarial holandés
con presencia en 35 países y que puede llegar a generar 136 mil 400 millones de dólares de ingresos anuales.
Del 2006 al 2013, los comuneros formularon 13 denuncias ante diferentes juzgados, de las cuales doce fueron archivadas. La única demanda que tuvo un fallo favorable para los extrabajadores fue frenada por Ángel Romero Díaz, uno de los jueces supremos investigados por ser un presunto miembro de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
El 10 de marzo de 2006, el juez Jorge Luis López Pino del Cuarto Juzgado Civil, declaró fundada la demanda de los comuneros contra el Registro Público de Minería y la Cooperativa Minera Minas Canaria Limitada, y reconoció, además, que esta última no era propietaria ni podía vender la mina.
La batalla legal se prolonga con la apelación de la defensa legal de la compañía Catalina Huanca Sociedad Minera SAC, empresa del grupo empresarial holandés Trafigura. Es ahí donde el caso pasa a manos del actual presunto miembro de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ Ángel Romero Díaz, en la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien opinó a favor de que se revoque la sentencia de López Pino.
Desde la OCMA, el entonces jefe de la institución, Francisco Távara Córdova, también hizo su parte. El 10 de agosto de ese año, a partir de un informe elaborado por la magistrada Lucía María La rosa Guillén, Távara abrió una investigación contra el juez López Pino “por presuntas irregularidades incurridas” en el juicio en cuestión.
La Procuraduría Pública de la SUNARP, por su parte, también apeló la sentencia a favor de los comuneros de Canaria.
Solo y contra la pared, el juez López Pino tuvo que decirle personalmente a Bernardino Guillén que tenía que ceder. El comunero tiene grabada la conversación en su memoria hasta la fecha.“El doctor Pino me dijo personalmente (…) bien claro me dijo él: lo siento, señores, quizás este expediente lo he dado viendo la realidad de ustedes (…) pero en estos instantes yo no quisiera perder mi trabajo porque arriba es lo que mandan”, narró Guillén a Wayka.
Prolongando lo inevitable, más de dos años después, el 30 de enero de 2009, el juez López Pino declaró infundada la demanda interpuesta por los extrabajadores y de la mina Canaria.
En la actualidad, luego de más de 12 años de denuncias archivadas y fallos en contra, los comuneros de Ayacucho creen estar cerca de un justo final en la Quinta Sala Contencioso Administrativa. Esto, luego de que el Primer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima y Octava Fiscalía Provincial Civil de Lima, a cargo de la fiscal adjunta Tania Bobadilla Centurión, opinaran a favor de los extrabajadores de la mina.
La historia de un juez investigado como parte de la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ que interfirió a favor de una empresa minera, denunciada por arrebatarle una mina a sus dueños quechuahablantes, podría llegar a su fin en poco tiempo.