Juzgado de Bagua ordena atención médica a 4 comunidades afectadas por derrames de petróleo
Las comunidades nativas de Wachapea, Pakun, Umakay y Nazareth, todas afectadas por un derrame de 3000 barriles de crudo de petróleo en 2016, deberán recibir atención médica especializada.
Por Álvaro Meneses
El Primer Juzgado Civil de Bagua, en una reciente sentencia emitida 29 de diciembre de 2021, ordenó al Gobierno Regional de Amazonas y al Ministerio de Salud que elaboren estrategias de salud pública y atiendan a las comunidades nativas de Wachapea, Pakun, Umakay y Nazareth que fueron afectadas por un derrame de 3000 barriles de crudo en enero de 2016.
En el distrito de Imaza, en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas, cuatro comunidades representadas por el dirigente indígena Norberto Wamputsag Agkuash, solicitaron en 2017 a través de un proceso de amparo que se le brinde atención inmediata a la salud de la población afectada por el derrame de petróleo.
Cuatro años después, el magistrado Gelner Morocho Núñez, del Primer Juzgado Civil de Bagua, ha resuelto ordenarle al Gobierno Regional de Amazonas, al Ministerio de Salud, así como a su Dirección General de Epidemiología (DGE) y Dirección Regional General de Salud Ambiental (DIGESA), la elaboración de planes y estrategias de salud pública de emergencia para las comunidades de Wachapea, Pakun, Umakay y Nazareth.
La atención médica brindada por el Ministerio de Salud en coordinación con el Gobierno Regional, por orden del Juzgado de Bagua, deberá ser especializada y gratuita. Además, se deberá identificar a la población afectada, determinar el tipo de tratamiento y monitorear la reparación del medioambiente contaminado por el crudo de petróleo.
Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que patrocina a las comunidades nativas afectadas, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda resalta: “Como antecedente podemos decir que OEFA en el marco del proceso administrativo sancionador encontró responsabilidad en Petroperú por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano, por daño real a la flora y fauna y por daño real y objetivo a la salud”.
ANTECEDENTES A FAVOR
Las cuatro comunidades nativas del distrito de Imaza no son las primeras en ganar una batalla judicial con el fin de recibir atención médica especializada para casos de derrames de petróleo. En setiembre de 2017, el Poder Judicial también le ordenó al Ministerio de Salud y a sus direcciones competentes a que elabore una estrategia de salud pública de emergencia para atender a las comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco.
Todas esas comunidades, en junio de 2014, sufrieron el impacto de un derrame de más de 2500 barriles de crudo de petróleo originado en el kilómetro 41 del Oleoducto Norperuano y esparcido por el río Marañón.
Otro caso similar se dio en el Juzgado Mixto y Penal Liquidadora de Espinar, en Cusco. En diciembre de 2019, dicho juzgado también ordenó al Ministerio de Salud que organice y atienda a la población de la provincia de Espinar afectada por la contaminación generada por los relaves de residuos tóxicos que dejó el proyecto Antapaccay, de la transnacional suiza Glencore.
Dicha resolución, además, fue ratificada en segunda instancia en diciembre de 2020 por la Sala Mixta Descentralizada, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis.
