Redacción Wayka
Este miércoles 20 de enero, la 3° Sala Penal para reos en cárcel del Poder Judicial llevará a cabo una audiencia para decidir si se anula la prisión preventiva a los cinco hombres investigados por la violación grupal de una joven de 21 años en Surco. Ellos están recluidos en el penal de Lurigancho desde octubre del año pasado.
La defensa legal de Sebastián Zeballos (24), Diego Arroyo (24), José Arequipeño (23), Manuel Vela (24) y Andrés Fassardi (24) apeló la prisión preventiva a pesar que el examen médico legista confirmó lesiones por violación y que el examen toxicológico demostró que la víctima fue dopada con benzodiacepina.
Como se recuerda, el abogado de lo denunciados, Paul Muñoz, argumentó que los cinco eran inocentes porque a la víctima le «gustaba la vida social«. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP Flora Tristán) alertó que la liberación de los cinco denunciados podría entorpecer las investigaciones del caso y un posible riesgo de fuga.

«Este es un crimen sumamente grave. La violación grupal es un caso extremo. Revocar la prisión preventiva envía un mensaje de impunidad frente a otros casos de violencia sexual y afecta la salud mental y seguridad de la víctima», sostuvo Liz Meléndez, directo del CMP Flora Tristán en conversación con Wayka.
Mediante un comunicado, la organización feminista exhortó a las autoridades a trabajar con un enfoque de género y no revocar la prisión preventiva. «Mientras los imputados continúan siendo investigados y se resuelva su responsabilidad penal, la prisión preventiva continúa siendo una medida necesaria», resalta el CMP Flora Tristán.
La Defensoría también emitió una petición, a través de sus redes sociales, instando al Poder Judicial para que mantenga la prisión preventiva de los cinco jóvenes denunciados.

No es el primer caso
Antes de la manada de Surco, otro caso de violación grupal quedó impune y ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la denuncia de una joven huanuqueña que fue violada en 2014 por un compañero de su colegio y otros tres hombres cuando tenía 18 años.
El centro de salud se negó a darle el kit de emergencia para casos de violación y el Poder Judicial solo condenó a su compañero a 1 año de cárcel y al pago de 900 soles como reparación civil. Los otros tres agresores continúan sin ser identificados hasta ahora.

El caso de ‘María’ representa la primera denuncia contra Perú que llega a cortes internacionales por obstaculizar el acceso integral de atención en salud a una víctima de violencia sexual.
En 2020, también se registraron al menos otros cuatro casos de violación grupal en Lima, Ayacucho, Ica y Cusco en el mes de octubre y los Centros de Emergencia Mujer atendieron en total 6 323 casos de violación durante todo el año.