Por Álvaro Meneses
Las víctimas de la represión policial de las protestas del 9 al 14 de noviembre contra gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, entre ellos heridos y deudos de los dos fallecidos, no ven indicios de justicia o avances en las investigaciones pese a que ya pasó un mes desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó adoptar medidas para investigar y sancionar a los responsables, así como las garantías para que la Policía Nacional del Perú cese el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Frente a dicha situación de impunidad, la Asociación de Familiares y Afectados por los hechos del 14 de noviembre, acompañados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal y el Estudio Gamarra-Arbizú, envían una carta al presidente de la CIDH, Joel Hernández García, solicitando una audiencia para que se analice el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la organización internacional.
La investigación sobre las muertes y lesiones ocurridas durante la represión policial que arremetió contra las protestas del 9 al 14 de noviembre está a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal, que se encuentra con sobrecarga. “Esto ha generado por ejemplo que no se recaben oportunamente las manifestaciones de testigos clave, con el riesgo de que se pierda contacto con ellos”, sostiene la carta enviada al presidente de la CIDH.
Como dimos a conocer anteriormente, el fiscal Yony Soto Jiménez, a cargo de investigar a los policías responsables de las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Jack Pintado y las graves lesiones generadas a decenas de manifestantes, también fue suboficial técnico de la PNP y también lleva el caso ‘Olimpo’, que investiga a 85 presuntos miembros de la agrupación Partido Comunista – Sendero Luminoso. Por tales motivos, los afectados piden la creación de una Fiscalía ad hoc que se dedique exclusivamente a este caso.
Desde el Gobierno, se conformó un grupo de trabajo conformado únicamente por policías y funcionarios del Ministerio del Interior, con el fin de “modernizar” la PNP; mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también se creó una Comisión Multisectorial que dará seguimiento a las acciones a favor de las personas asesinadas y heridas en protestas. En ninguna de las dos comisiones, según la carta enviada a la CIDH, ha mostrado avances concretos.
En el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2020, el Ministerio del Interior se comprometió a contar con un sistema para medir el impacto de las capacitaciones a los efectivos policiales en materia de derechos humanos. Las cifras recabadas por Wayka dan cuenta de la poca eficacia de esas capacitaciones: desde el 2018 hasta el año pasado, 17 civiles murieron en un conflicto social y 618 fueron heridos por la represión policial y militar.
Hace menos de un mes, a inicios de diciembre del 2020, trabajadores de agroexportadoras de La Libertad e Ica se levantaron en huelga indefinida hasta que el Congreso elabore una nueva ley agraria, con mejores condiciones laborales. La represión policial contra esas protestas generó la muerte de dos jóvenes y un adolescente, mientras que otros 8 resultaron con lesiones severas: 4 con traumas oculares y los demás con riesgo a quedar parapléjicos.
