Jagoda Vásquez vive en el Perú desde los 9 años. Migraciones le negó la residencia laboral porque no certificó que no cometió delitos durante su niñez en su país de origen.

Nicol León

Jagoda Vásquez no entiende por qué, para obtener la residencia laboral en el Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones le exige que acredite que no cometió delitos en Polonia, país donde vivió apenas hasta los 9 años.

“Era una niña. Obviamente no tengo antecedentes penales allá y tampoco tengo idea de cómo se solicitan los antecedentes allá porque yo no vivo en mi país de origen”, dice a través de una llamada telefónica.

Ella llegó al Perú con su mamá, de origen polaco, y su papá, de origen boliviano. Se instalaron en Lima, donde vivió indocumentada hasta que cumplió los 18.

Tras alcanzar la mayoría de edad, Jagoda tramitó su residencia de estudiante para culminar la carrera universitaria. Luego, tramitó la residencia familiar, que en el Perú solo tiene vigencia hasta que la persona migrante cumple 28 años.

A Jagoda, esta calidad migratoria se le venció en noviembre de 2021. Para no verse perjudicada, comenzó a tramitar con tres meses de anticipación la residencia laboral, pues era la única forma de continuar trabajando en la empresa que la contrató desde que egresó de la universidad. No podía perder su empleo porque ella es la única que solventa sus gastos.

Sin embargo, Migraciones le negó la residencia laboral porque no presentó los antecedentes penales que registraron con su nombre en Polonia hasta que tuvo 9 años.

Para dar esta respuesta se demoraron cinco meses. En medio de esta espera, Jagoda fue despedida de su trabajo por “renovación de personal”. Ella cree que la verdadera razón fue porque no tenía la residencia laboral.

Sin una calidad migratoria regular, Jagoda no puede retirar sus ahorros del banco ni acceder a servicios básicos.

MALTRATOS QUE PERSISTEN

La Defensoría del Pueblo advierte que las políticas migratorias peruanas son restrictivas y dificultan que las personas migrantes permanezcan en el país como regulares. Esta realidad las coloca en una situación de desigualdad frente a las personas que sí cuentan con un documento que las identifique. Así, se ven sometidas a trabajar en condiciones informales y abusivas; sufrir xenofobia; hasta ser víctimas de redes de trata y tráfico de migrantes. Para revertir esta situación, la entidad estatal recomienda que se establezcan mecanismos que faciliten el proceso migratorio de forma ordenada y segura.

Sin embargo, en una publicación de 2015, titulada “Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo”, ya se alertan historias similares a las de Jagoda Vásquez.

Entre enero de 2010 y octubre de 2014, se registraron 240 quejas contra Migraciones, que involucran a 214 personas migrantes.

Setenta y nueve personas migrantes afectadas por las políticas restrictivas tienen un parentesco con un nacional (hijos o cónyuges), lo que resultó preocupante para la Defensoría del Pueblo, pues al permanecer de forma irregular en el Perú existen consecuencias que afectan a toda la familia.

Entre 2012 y 2014, años en los que se realizó el estudio de casos, la entidad sobre la que recayeron más quejas (169) fue la sede central de Migraciones en Lima.

Para la Defensoría del Pueblo, los Estados carecen de total criterio para elaborar políticas migratorias, pues la migración de personas es un proceso que compete a varios países. Por lo tanto, es importante que las políticas migratorias nacionales tengan como guía los compromisos internacionales que garanticen la protección de derechos humanos de las personas extranjeras.

“El hecho que la política migratoria interna sea desarrollada por el Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ha conllevado que se privilegie una política restrictiva de derechos, basada únicamente en el enfoque de seguridad nacional, que se ha venido consolidando en los últimos años, mediante la emisión de directivas internas y protocolos de actuación, que contienen cláusulas que afectan derechos y garantías constitucionales. Además, se desconocen tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración, así como convenios bilaterales o multilaterales que promueven la regularización migratoria”, se lee en el informe mencionado.

Al priorizar la seguridad nacional, se restringen derechos humanos, tal como le sucede a Jagoda Vásquez, quien no podría acceder a trabajo ni a servicios básicos hasta que demuestre que no cometió ningún delito en Polonia, país donde vivió hasta los 9 años.

“El Perú como la mayoría de países establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el/la extranjero/a para obtener una residencia regular. No obstante, cuando las exigencias resultan difíciles o imposibles de cumplir, las personas en movilidad –que tienen razones sustentadas para quedarse– podrían optar por continuar su permanencia, con la consecuencia de verse disminuidas en el goce de sus derechos; además, de las situaciones de riesgo a las que estarían expuestas”, se lee en el documento. Una situación de riesgo que se advierte es la dificultad para acceder a un trabajo.

TRABAS INNECESARIAS

En setiembre de 2021, Migraciones respondió a la solicitud que Jagoda inició para obtener la residencia laboral. La entidad le pidió que cambie su contrato de trabajo de “indefinido” a como máximo 3 años, pues las personas extranjeras solo pueden trabajar en el Perú con contratos que fluctúen entre un año y tres.

También le pidieron que presente sus antecedentes penales de Polonia. Jagoda dice que en vez de este documento presentó una declaración jurada en la que aseguraba que no cometió ningún delito en su país de origen. Adjuntó un documento de Interpol para certificar que no tiene orden de captura en ningún país; además, entregó los antecedentes penales en Perú.

Recién cinco meses después, Migraciones le respondió que le negaron la residencia laboral porque el contrato de trabajo que presentó no tenía un sello del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y porque no entregó sus antecedentes penales.

“Entonces, por esos dos motivos, me negaron la residencia y me dijeron que tenía 15 días para salir del país o apelar y entregar estos documentos, me imagino (…). Prácticamente me están sacando del país, cuando yo vivo acá hace 19 años”, comenta.

Un mes antes de que le respondieran, Jagoda fue despedida de su trabajo. Con esto, su liquidación quedó congelada en su cuenta bancaria y no puede hacer ningún retiro porque carece de un carné de extranjería que la avale.

“Digitalmente puedo hacer algunos movimientos, pero si voy al banco no me atienden y no puedo hacer ninguna transacción en el banco porque estoy ilegal supuestamente. (…) Ahora no sé qué va a pasar si es que, por ejemplo, me vuelven a negar la residencia. Yo tengo que salir del país y no sé cómo voy a retirar el dinero que tengo”, señala.

Su abogada explicó que Jagoda pidió una reconsideración a Migraciones en la que indicó por qué no deben exigirle los antecedentes penales de su país de origen. Si le vuelven a denegar la residencia laboral, podrá apelar. En caso ratifiquen la denegatoria, Jagoda tendrá que salir del país.

“Me dejan totalmente en el aire porque al no tener ingresos económicos, no tengo cómo pagar el cuarto donde vivo y la alimentación. Tendría que regresar a un país donde no tengo nada porque tampoco tengo contactos como para conseguir trabajo. No conozco gente allá. Mis abuelos ya fallecieron. El idioma es totalmente diferente. No lo manejo al 100%”, cuenta.

Ella cuenta que vive en estrés permanente porque Migraciones se tarda más de lo debido en responder su solicitud. Pide que no la saquen del país. Es el país en el que ha vivido gran parte de su vida.