De los 11 acuerdos pactados entre el Gobierno, la empresa minera y las comunidades de Chumbivilcas, solo 6 son compromisos concretos. Los otros 5 se siguen negociando.
Por Álvaro Meneses
Desde la comunidad campesina de Huininquiri, en la provincia de Chumbivilcas del Cusco, el Gobierno, la empresa MMG Las Bambas y los dirigentes comunales de los pueblos afectados por el proyecto minero más importante del país encontraron suficientes puntos en común para ponerle fin al conflicto socioambiental que llevaba 34 días de huelga y 8 de tregua. Las principales demandas, sin embargo, aún no han encontrado propuestas que las resuelvan.
El pasado jueves 30 de diciembre, al final de la tarde, representantes del Gobierno, autoridades locales, gerentes de MMG Las Bambas y los dirigentes de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas llegaron a 11 acuerdos, de los cuales solo 6 son compromisos concretos. Los otros 5, que además son las principales demandas de la población, consisten en continuar el diálogo. Es decir, aún no encuentran solución.
COMPROMISOS CONCRETOS
A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el gobierno ratificó en Chumbivilcas la asignación de un presupuesto para el saneamiento físico legal, asfaltado y mantenimiento del corredor vial minero. Las comunidades campesinas de la provincia, cabe agregar, podrían participar de estos trabajos, lo que además generaría empleos.
Por su lado, la empresa MMG Las Bambas se comprometió a ceder el mantenimiento de un tramo del corredor minero a un consorcio conformado por empresas comunales de Chumbivilcas.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), surgió el compromiso de patrocinar a los dirigentes sociales denunciados e investigados en el Ministerio Público por participar en protestas en contra de MMG Las Bambas. A su vez, también se verá con el Ministerio del Interior “la posibilidad de no impulsar las denuncias preventivas presentadas contra algunos dirigentes sociales de las comunidades del Corredor Vial de Chumbivilcas”.
De acuerdo a información brindada por la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), por lo menos 9 dirigentes sociales en Chumbivilcas se encuentran en investigaciones preventivas por la Fiscalía en 2021. Otros 17 quedaron heridos tras enfrentamientos con la Policía Nacional.
Otra de las demandas de la provincia fue la implementación de electrificación rural. Desde el Viceministerio de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas, acordaron que se “atenderá en prioridad dichos pedidos”.
El pliego de reclamos, sin embargo, es aún más largo y no todo ha sido resuelto.
RECLAMOS PENDIENTES
Uno de los reclamos que ha generado la ruptura en más de una mesa de diálogo en Chumbivilcas, ha sido la inclusión de las comunidades a la cadena de valor del proyecto minero. Es decir, que la población local sea proveedora de bienes y servicios de Las Bambas con el fin de promover puestos de trabajo en el corredor minero.
Sobre este reclamo, el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a continuar el diálogo con Las Bambas y las comunidades hasta llegar a buen puerto.
Otra de las demandas de la provincia de Chumbivilcas fue la ampliación del área de influencia directa del proyecto minero que incluye a todas las comunidades asentadas a lo largo del corredor vial minero. El Gobierno no ha logrado ofrecer un compromiso concreto sobre este punto.
El MINAM, junto al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), solo se comprometió a darle seguimiento y comunicar sobre el proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para ampliar el área de influencia directa. Por el momento, el Gobierno acordó crear una Zona de Tratamiento Especial con Enfoque Territorial e incluir a las comunidades afectadas.
El diálogo en Chumbivilcas continuará el 18 y 19 de enero. En la primera fecha, se proseguirá con las coordinaciones para concretar los compromisos del saneamiento del corredor vial, el acompañamiento legal a los dirigentes sociales denunciados por la Fiscalía y la inclusión de las comunidades a la cadena de valor del proyecto. En la segunda fecha, el Gobierno seguirá buscando la forma de resolver el pedido de ampliación del área de influencia directa.
