Redacción Wayka

Con la finalidad de contrarrestar la criminalización de la protesta, los congresistas de la bancada del Nuevo Perú presentaron en conjunto un proyecto de ley el pasado 3 de mayo que propone modificar las normas que penalizan el bloqueo de carreteras y la toma de locales en casos de conflictos socioambientales.

Para Arce, uno de los congresistas de la bancada del Nuevo Perú autores de la ley, la propuesta apuntaría a solucionar el problema de manera estructural. “Hay decretos legislativos establecidos en 2007, durante el gobierno de Alan García, donde se llega al extremo de considerar las protesta sociales como extorsión, como organización criminal. Un pliego petitorio de una comunidad, de un sindicato, puede ser considerado como extorsión”, declaró para Wayka.

Propuesta legislativa presentada por la bancada del Nuevo Perú con la finalidad de despenalizar las medidas de protesta.

El fondo del proyecto de ley N° 4274 propone modificar el artículo 200 del Código Penal que califica como extorsión la toma de locales y el bloqueo de carreteras, y que está penalizado con cinco a 10 años de cárcel. Por lo menos 936 ciudadanos de todo el país, según cifras reportadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desde el 2002 hasta noviembre del año pasado, fueron procesados por protestar durante los conflictos sociales.

Amnistía en cuestión

A la par, Arce presentó otra propuesta legislativa que busca declarar amnistía a todos los comuneros procesados en el marco de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas. “Es estrictamente para los comuneros del ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas (…) en el plazo de los paros de los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019”, precisó Arce a este portal.

Propuesta legislativa presentada por el congresista del Nuevo Perú, Richard Arce.

Vale precisar que dicha propuesta beneficiaría a los más de 500 comuneros judicializados por protestar contra el proyecto minero Las Bambas durante los años que menciona el congresista.

Sin embargo, para la abogada Mirtha Vásquez, una amnistía no sería conveniente ni política ni legalmente. “Políticamente no porque la amnistía es el olvido del delito, y eso significaría que estamos aceptando que se cometió un delito, y los campesinos, al salir a protestar, no han cometido ningún delito, es un derecho”, explicó Vásquez para Wayka.

Sobre el lado legal, Mirtha Vásquez precisa que la amnistía permitiría a que los policías procesados por la ejecución de comuneros en conflictos sociales se acojan a esa ley, generando una situación de impunidad.

Para la abogada, la solución más conveniente es recurrir a un acuerdo plenario en el que todos los jueces supremos fijen criterios uniformes para este tipo de casos. “Las rondas campesinas, por ejemplo, había todo un proceso de criminalización porque cada juez interpretaba la norma como quería (…) Tras un acuerdo plenario se fijaron varios criterios, como el que los ronderos, al ser autoridades reconocidas, no pueden ser procesados por usurpación de funciones o secuestro, porque su forma de actuar te lleva a la limitación de la libertad pero no es un secuestro”, explicó la abogada a modo de ejemplo.

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