En los últimos 15 años, 293 civiles murieron y otros 5364 resultaron heridos en medio de un conflicto social, de acuerdo a un registro de la Defensoría del Pueblo al que Wayka tuvo acceso en exclusiva. Testimonios de Loreto, Piura, Cusco y Lima dan cuenta de las heridas abiertas que dejaron las fuerzas del orden sobre la sociedad.
Por Álvaro Meneses Gutiérrez
Con la colaboración de Gustavo Guarnizo (Piura) y Yessica Bazalar (Cusco).
Han pasado ocho años y siete meses desde que Eugenio Ramos Maza (42), un mototaxista del asentamiento humano Nuevo Jerusalén de la provincia de Paita (Piura), se enteró que su hijo Carlos Ramos Carmen, un adolescente de 14 ante los ojos de cualquiera, había recibido un impacto de bala en la cabeza, en medio de una protesta de pescadores que exigía el aumento de la cuota de merluza y terminó reprimida por la fuerza policial. “Ni mi hijo ni yo éramos pescadores», se repite confuso Eugenio ocho años después, con la ausencia de su hijo y un rostro que solo la impunidad puede dibujar lentamente.
También han pasado cuatro años y cuatro meses desde que David Rivas Espíritu (25), un estudiante de Nutrición de la Universidad Nacional Federico Villareal que protestaba por mejores condiciones académicas, sintió un punzón profundo en el ojo izquierdo tras escuchar una ráfaga de disparos. La policía, según recuerda, estaba a menos de 15 metros. “Ahora cuando escucho sonidos similares a balas, pienso en esconderme, en ponerme en un lugar seguro”, cuenta David, pese al tiempo.
Otros cuatro meses transcurrieron desde que el dirigente de la comunidad de Huacrachiro, James Pérez Pacaya, caminó cuatro horas junto a un centenar de indígenas kukamas hasta la localidad de Bretaña, en la provincia de Requena (Loreto), para protestar contra la contaminación petrolera en la planta central de la empresa PetroTal; y terminó rodeado de tres compañeros muertos y otros diez que se desangraban a unos metros del cordón policial que resguardaba el frontis de la compañía con sus rifles que exhalaban el humo fresco del proyectil recién disparado.
Y un año pasó desde que Higidia Humpire Ataucuri, comunera de Huanccariqui (Cusco) que acompañaba una de las tantas protestas contra la minera MMG Las Bambas, vio venir una bomba lacrimógena que cayó en la pista cerca de ella, pero no el objeto contundente que impactó en su ojo izquierdo. “Ay, mamita. Ay, mamita. De una vez me hubieran matado, no estaría sufriendo como ahora. Cuánto sufro, cuánto padezco, mamita”, balbucea Higidia en quechua. Sus palabras, que resumen su sentir, bien podrían ser un triste huayno de Condemayta de Acomayo.
Parafraseando a Manuel González Prada, hoy el Perú también es un organismo herido: donde se pone el dedo, brotan historias de muertos y lesionados de por vida por la represión policial y militar. Una herida abierta que guarda por lo menos 293 civiles asesinados y 5364 heridos desde 2006 hasta la actualidad, de acuerdo a los registros de la Defensoría del Pueblo a los que Wayka tuvo acceso en exclusiva. Estas son sus historias.
Las vidas arrebatadas
Piura. La tarde del 26 de abril de 2012, Carlos Ramos (14) salió de casa para cumplir con un encargo de sus padres y no pudo volver. En el camino, se encontró con una manifestación que estaba siendo reprimida por la policía. Ese día, 17 personas resultaron heridas y otros dos murieron. Carlos, que solo pasaba por el lugar, fue uno de los caídos.
Ese año, de acuerdo al registro de la Defensoría del Pueblo, otras 24 personas de todo el país también murieron en un conflicto social por manos de policías y militares que recibieron órdenes de disparar. Pese a la cifra, el dolor que narra Eugenio Ramos, el padre de la víctima, parece único. “Ahora cuando escucho que hay marchas y mueren, yo recuerdo cómo he visto a mi hijo (…) cómo le sacaron la bala de la cabeza, yo lo he visto”, cuenta a Wayka.
Eugenio buscó a su hijo por los nosocomios de Piura durante dos días, hasta que lo encontró en el Hospital Regional José Cayetano Heredia de esa región. Tras insistir por varias horas, el médico de turno le informó que tenían que llevar su hijo a Lima. Otro médico, una hora después, le confesó con crudeza: “para qué lo van a llevar a Lima si ya está muerto”. Las radiografías que mostraban la bala aún dentro del cráneo desecho eran prueba de ello.
Ocho años después, a Eugenio Ramos solo le quedan ausencias: la de su hijo Carlos, de apoyo, de culpables, de reparación, de justicia. “Nosotros como somos personas que casi no sabemos de ley, no me dijeron nada, solo vinieron con documento diciendo que el caso se archivaba”, rememora. De acuerdo a los registros del Poder Judicial y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), no existe una sentencia condenatoria contra policías o militares por herir o asesinar a civiles en medio de una protesta.
Loreto. Desde la comunidad de Huacrachiro, del distrito de Puinahua, en la provincia de Requena, el dirigente indígena kukama James Pérez Pacaya también se mantiene en duelo por sus compañeros asesinados el pasado 8 de agosto de este año. Ellos habían caminado hasta la planta central de PetroTal, la empresa del Lote 95 que extrae petróleo de sus bosques, para hacerse escuchar: desde hace un año exigen un plan de vida post petróleo que les garantice salud y un ambiente libre de contaminación petrolera.
Es que James ha visto lo que ha pasado en muchas comunidades indígenas de su región que fueron impactadas por derrames de petróleo y que ahora conviven con los metales pesados en la sangre y ríos negros y muertos. Y no quiere eso para su gente. “Nuestro mercado está en nuestras cochas, nuestros bosques, no es como los que viven en Lima o las grandes ciudades, hay supermercados y encuentra todo allí. Nuestros supermercados están en nuestros lagos y nuestros bosques”, explica a Wayka.
Según recuerda James, lo que desató la agitación de sus compañeros, además de vivir con 3 horas de luz al día y una remuneración de 30 soles diarios por 14 horas de trabajo en la petrolera, fue esperar casi cuatro horas sin respuesta de la empresa. “Es ahí hermano donde comienzan los disparos. En cuestión de minutos sucedió la masacre, ahí nuestros hermanos caen en el acto por bala de fuego”, narra James. Los policías, recuerda el dirigente, estaban endiablados.
Tres murieron y otros diez quedaron mal heridos ese día. Y no es la primera vez, dice James. “El Estado ha militarizado la zona muchas veces, varias veces habían heridos, también muertos”. De acuerdo a información cruzada de la CNDDHH y la Defensoría del Pueblo, solo en 2013 por lo menos 23 indígenas resultaron heridos por la represión policial en Loreto, mientras que a nivel nacional se reportaron 203 heridos y 9 muertos. Lo mismo estaba pasando en otras partes del país.
Heridos de por vida
Lima. En las mismas calles donde mataron a Inti Sotelo y Brian Pintado, David Rivas (25) estuvo hace cuatro años, el 8 de agosto de 2016, con cientos de compañeros de la UNFV que protestaban contra las autoridades de su casa de estudios. Era su primera protesta y el recorrido había llegado al cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. La contención policial de siempre. Y los gases lacrimógenos de siempre. “Yo primera vez que pasaba por eso, sentí mi vista lagrimeando, la nariz, asustado”, rememora David.
Cuando vio que los policías comenzaron a avanzar, David junto a la manifestación retrocedió una cuadra, hasta la intercepción de la avenida Abancay con el Jirón Leticia. “Nadie los agredía, no había un enfrentamiento, ellos (los policías) venían caminando. Yo no sentí a los policías agresivos para pensar que me van a herir”, pensó antes de escuchar una ráfaga de disparos. Se tocó la cara, el ojo izquierdo, en medio de la pista. Sangre en sus manos. Gente acercándose a él. Cualquier sonido parecido a un disparo, lo regresa a ese momento.
La tapa de un cartucho, disparado a menos de diez metros, fue lo que impactó contra su ojo. Tuvo que ser sometido a tres operaciones para saturar la herida, retirar el objeto de su ojo y aplicarle aceite de silicón que ayude a sostener la retina en su lugar. Desde entonces, David ve a medias. Del ojo izquierdo, solo siluetas, sombras, como cuando cierras los ojos mirando el sol o como si estuviera bajo agua. Ese año, otros 116 civiles fueron heridos en plena protesta.
Por su lesión, David presentó una demanda penal contra los policías que resulten responsables. El detalle es que la Fiscalía, por la poca información que brindó la PNP, no pudo dar con los responsables y archivó el caso provisionalmente. “La disposición dice que se ha cometido un delito, que fueron los policías los que hirieron a David, pero que no se puede continuar con el proceso porque no hay forma de identificar al responsable”, explica Mar Pérez, abogada de la CNDDHH que siguió el caso.
Cusco. En el distrito de Yaurisque, comuneros de la provincia de Paruro llevaban varios meses del 2019 en huelga contra la minera MMG Las Bambas por permitir que 300 camiones al día, cargados de minerales, transiten por un tramo no autorizado por la población y levante enormes cantidades de polvo, además de fuertes ruidos y vibraciones. El martes 8 de octubre de ese año, Higidia Humpire, en ese entonces con 55 años, se sumó a la protesta.
En plena carretera, con el camino cubierto de gases lacrimógenos, Higidia sintió que algo explotó dentro de su rostro y que uno de sus ojos se hacía agua, como derritiéndose. “Siento dolor de mi cabeza, ardor en mi ojo que he perdido, como si me hubieran untado con ají”, cuenta la comunera a Wayka, mientras un líquido espeso le cubre el ojo izquierdo permanentemente. De vez en cuando, agrega la comunera, siente que el ardor alcanza hasta su ojo sano, el derecho.
Desde entonces, Higidia cree que el perdigón que impactó sobre su ojo le absorbió la vida. “Se lo llevó toda mi energía, mis sentidos”, explica. Además de fuerzas, a la comunera de Huanccariqui tampoco le queda dinero para asistir al proceso judicial que abrió la Fiscalía por su lesión. Una investigación preliminar contra tres dirigentes por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por siete comuneros heridos en protestas, entre ellos Higidia. Y que no incluye a los policías que dispararon ese día.
“Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales”, precisa al respecto José Antonio Lapa Romero, sociólogo e investigador de Derechos Humanos Sin Fronteras. Un análisis de la CNDDHH, al que Wayka tuvo acceso, identifica los diez delitos más comunes con los que se criminaliza a defensores ambientales y civiles que participan en protestas.
Las vidas del piurano Eugenio Ramos Maza sin su hijo de 14, del dirigente kukama James Pérez que vio morir a 3 de sus compañeros, de la cusqueña Higidia Humpire y el estudiante limeño David Rivas, ambos con el ojo izquierdo nublado, no volverán a ser las de antes. La impunidad sobre los autores mediatos e inmediatos, así como la ley de protección policial que permite usar la fuerza letal contra civiles y blinda judicialmente a los miembros de la PNP, sigue intacta.
