Las seis leyes del Congreso-Ejecutivo que amenazan labor de la Fiscalía
Fiscalía señala que normativas obstruyen y retrasan su labor en medio de creciente ola de criminalidad.
Los niveles de criminalidad en el Perú siguen aumentando aunque el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo niegue. Tan solo el año pasado, las cifras de víctimas de homicidios reportadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), señalaron que el año 2024 fue el año más sangriento para el Perú con más de 2 mil asesinatos.
Ante ello, el Ejecutivo y el Congreso han generado leyes que, según la Fiscalía, amenazan su labor y no permiten administrar justicia de manera adecuada para enfrentar la ola de crímenes que viene enfrentando el país.
Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar
El Ministerio Público advirtió sobre los riesgos de la Ley 32181, que elimina la detención preliminar. Según el organismo, esta norma restringe la capacidad de los fiscales para intervenir en investigaciones complejas y vulnera el principio de igualdad ante la ley Además, la ley suprime la posibilidad de aplicar detención en casos de no flagrancia dentro del Código Penal, impidiendo que los fiscales soliciten al Poder Judicial esta medida para asegurar la presencia de los investigados durante el proceso.
Aunque el 16 de diciembre, el Congreso retrocedió y aprobó la Ley 9733 para restituir la detención preliminar en casos no flagrancia; sin embargo, el régimen de Dina Boluarte decidió observar la iniciativa legislativa un día antes que venza el plazo de su promulgación, por lo que aún sigue vigente dicha ley.
Ley 32108: Ley contra el crimen organizado
Según un comunicado de la Fiscalía, la Ley 32108, promulgada por el Congreso para combatir el crimen organizado, introduce nuevas categorías para sancionar a grupos delictivos, lo que complica la tipificación y castigo de estas organizaciones. Además, la norma exige la presencia de un abogado durante los allanamientos, lo que, según el Ministerio Público, ralentiza las investigaciones y limita la efectividad de las acciones contra personas vinculadas a organizaciones criminales.
Esta ley ya ha favorecido a algunas investigaciones en contra de figuras como Agustín Lozano, que a fines del año pasado fue salvado por la Quinta Sala Penal de Apelaciones. Esta misma sala, recientemente, ha anulado el pedido de prisión preventiva de Nicanor Boluarte. El argumento para dar de baja la orden del juez Richard Concepción se basa en que este no debió evaluar la inconstitucionalidad de una norma, sino solo aplicarla a favor del acusado.
Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces
Este ley busca “regular” las sanciones a fiscales y jueces, advirtiendo que esta norma penaliza sus decisiones sin respetar criterios jurídicos, lo que podría intimidar al sistema judicial y afectar su independencia.
Según la ley, se considera una falta muy grave que un fiscal disponga la libertad de una persona detenida en flagrancia por la Policía Nacional o mediante arresto ciudadano si enfrenta una pena mayor a cinco años, así como el hecho de no solicitar prisión preventiva en su contra, lo cuál, para la Fiscalía, puede significar que no se respeten los criterios jurídicos y se pretenda intimidar a los jueces.
Ley 32107: Crímenes de lesa humanidad
La Ley 32107, promulgada por el Congreso el 7 de agosto de 2024, la cual redefine los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, también ha sido señalada como un peligro por la Fiscalía. Según el organismo, esta norma limita su capacidad para actuar en casos de violaciones de derechos humanos con sentencias ya dictadas, debilitando la protección de las víctimas y la justicia para los afectados.
Actualmente, la ley está siendo utilizada por exmilitares condenados o procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000) para evitar que sus crímenes sean clasificados como delitos de lesa humanidad.
En noviembre pasado, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, reveló que hay 22 solicitudes presentadas por las defensas legales de exmilitares, entre ellos, cuatro exmiembros del grupo Colina: Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García, quienes buscan beneficiarse de la nueva normativa.
Ley 31751: Recorte de plazos de prescripción
La Fiscalía advirtió que la Ley 31751, que reduce los plazos de prescripción de delitos, afecta su capacidad para perseguir crímenes graves al limitar el tiempo disponible para llevar a cabo las investigaciones y procesos judiciales.
Según el texto de la norma, la suspensión de la prescripción no puede exceder un año, basándose en el principio del plazo razonable para el imputado y la necesidad de una pronta respuesta para la parte agraviada, en línea con la política criminal del Estado peruano dentro del sistema acusatorio garantista.
Ley 31990: Colaboración eficaz
Finalmente, el Ministerio Público señaló a la Ley 31990, sobre colaboración eficaz, promulgada por el Congreso el 19 de marzo de 2024. Esta norma limita el tiempo para corroborar la información proporcionada por los colaboradores eficaces, es decir, personas que admiten su culpabilidad a cambio de beneficios legales.
La ley establece un plazo máximo de ocho meses para el proceso de colaboración eficaz, con la posibilidad de extenderlo por cuatro meses adicionales en casos justificados, y hasta por ocho meses más cuando se trate de crimen organizado y, según la Fiscalía, esta restricción obstaculiza las investigaciones de delitos complejos y de gran envergadura, como aquellas que se llevan contra redes criminales.
