Ley anti-ONG quita el acceso a la justicia a los más pobres y vulnerables
La arremetida del Congreso contra las organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos humanos no cesa. Durante meses, las fuerzas políticas ultraconservadoras y antiderechos del Congreso vienen desplegando una campaña en contra de las ONGs bajo la falsa premisa de que no son fiscalizadas.
El ataque se ha materializado a través de la modificación de la Ley APCI de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley 27692). Esta ley fue promulgada en 2002, con la anuencia de las ONGs, para brindar absoluta transparencia de los dineros que reciben de parte de cooperantes internacionales.
“Yo creo que la intención real de esta modificación de la Ley es una sola: desaparecer a las ONGs incómodas”, advirtió la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez durante el conversatorio Derechos de las mujeres bajo ataque: resistencias y luchas, organizado por Wayka en el marco del mes de los derechos de las mujeres y en el que también participaron la exministra del MIMP Diana Miloslavich y la excongresista Tania Pariona.
“Los más afectados son la gente pobre, las mujeres, los pueblos indígenas, la comunidad LGTBI, la gente que no puede acceder a la justicia; porque en nuestro país acceder a la justicia pareciera que solo es para los que tienen plata”, señaló Pariona.
Y es que son las ONGs las que suelen representar, ad honorem, a víctimas de violencia del Estado. Estas han llevado ante la justicia casos históricos de violaciones de derechos humanos, como La Cantuta y Barrios Altos, Putis, Cayara, Cabitos, La Oroya y Camila, entre otros.
Uno de los casos más emblemáticos, llevado por la ONG DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), es el de las esterilizaciones forzadas; en el que más de 2,000 mujeres, principalmente indígenas y campesinas de zonas rurales en condiciones de pobreza, fueron víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001, bajo una política sistemática de discriminación y violencia del régimen de Alberto Fujimori. El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, investigado en este caso, es también uno de los promotores de la ley anti-ONG.
Actualmente, las ONGs también llevan casos como el de Lucmahuaycco o el de Jaime Ayala, así como la defensa de los deudos de las protestas sociales en Ayacucho y Cusco el 2022 y 2023 contra el régimen de Boluarte. La ley anti-ONG sería un grave golpe para sus defensas contra la violencia del Estado.
“En Ayacucho, los familiares de los diez asesinados, hoy organizados, (con esta ley) no podrían recibir el apoyo jurídico de APRODEH o de otras ONGs que llevan sus casos”, apuntó Pariona.
De ser promulgada esta ley por el régimen actual, no se podrían usar fondos de cooperación internacional para defender causas contra el Estado, ya sean administrativas, civiles o penales, es decir, una ONG no podrá patrocinar un caso contra el Estado, y de hacerlo, sería declarado «ilegal», lo que constituye una grave violación de los derechos de las personas más vulnerables.
“Esto es también un golpe a la libertad de expresión. El Perú se asemeja a Nicaragua y Venezuela, donde expulsaron a las ONGs”, resaltó Miloslavich.
El engaño de que las ONGs no son fiscalizadas
Cuando el último 12 de marzo se aprobó en primera votación en el Pleno del Congreso la denominada Ley anti-ONG, el argumento esgrimido por los parlamentarios antiderechos que la impulsan es que no estaban siendo fiscalizadas. Sin embargo, esto es radicalmente falso, pues las ONGs no solo presentan declaraciones juradas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sino que también son fiscalizadas por la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), entidad encargada de supervisar y controlar los fondos provenientes de la cooperación internacional.
Para Vásquez, Miloslavic y Pariona, el trasfondo de la modificación de la ley APCI no es promover una transparencia, que ya existe, sino más bien silenciar a las ONGs y lograr impunidad en los casos en que las autoridades son investigadas.
“Hoy lo que están haciendo es limitar la participación, caminando hacia este nivel de autoritarismo y una democracia que no es democracia”, enfatizó Pariona.
En tanto, Miloslavich advirtió que esta ley se encamina hacia un final preocupante: “Yo pienso que el siguiente paso no es solamente que nos callemos, que no fiscalicemos o que no digamos nada, sino que lo que se pretende es expulsar a las ONG de nuestro país. Ese es el segundo paso”.
Por su parte, Vásquez explicó que las modificaciones a la Ley APCI que la convierten en una Ley anti-ONG tienen una clara intención.
“Han puesto hasta tres artículos que son explícitamente evidentes de que lo que buscan es desaparecer a las ONGs que defienden temas de derechos humanos”, señaló Vásquez. Los artículos referidos son el 3, el 4 y el 21, que no solo exigen que las ONG se inscriban en la APCI, sino que también las obligan a contar con una autorización previa. De no cumplirse con estos requisitos, se aplicarían medidas que van desde multas hasta sanciones, como la declaratoria de ilegalidad. Estos artículos, explicó la expremier, estarían violando el derecho a la asociación y la libertad de expresión. Esto también afectaría a asociaciones civiles, incluidos medios de comunicación independientes, ya que muchos de estos funcionan bajo la figura de una ONG.
Rechazo y resistencia
Esta modificación del Congreso de la Ley APCI –en claro ataque a las ONGs defensoras de derechos y de los más vulnerables – ha generado un amplio rechazo, a nivel nacional e internacional.
Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han emitido un pronunciamiento conjunto en contra de esta normativa. Asimismo, en junio de 2024, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y varios países europeos expresaron su preocupación mediante un comunicado.
Mientras que, en el Perú, diversas oenegés nacionales han emitido un pronunciamiento y han lanzado una campaña de recolección de firmas en rechazo a la Ley Anti-ONG.
