La hermana de Dina Boluarte es asesora de la JNJ en medio de una aparente cacería a las principales cabezas del sistema judicial
René Boluarte, como asesora 1 en la alta dirección del Junta Nacional de Justicia, habría logrado colocar a tres allegados de Dina Boluarte en los principales cargos administrativos de la institución.
En medio de la denuncias de la Junta Nacional de Justicia en contra de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Un reportaje de La República ha revelado que la hermana de Dina Boluarte, René Boluarte, escaló hasta ocupar el cargo de asesora en la institución.
Ambas líderes del sistema se han mostrado en repetidas ocasiones en contra de las leyes propuestas por el Congreso y aprobadas por el Ejecutivo de Boluarte, como la Ley de Extinción de Dominio y de Detención Preliminar, ya que dificultaría el trabajo judicial y las investigaciones, que también alcanzan a los más altos funcionarios públicos como ministros y parlamentarios
La otra hermana de Boluarte
René Boluarte cuenta con una larga trayectoria en la institución. Inició en el 2001, en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad disuelta tras el escándalo de corrupción de «Los Cuellos Blancos del Puerto» y que tuvo vínculos con el partido Podemos Perú, liderado por el congresista José Luna Gálvez. Si bien es cierto que esta hermana Boluarte tiene dos décadas de trabajo en esa institución, es solo desde el 6 de enero de este año que logró comenzar con el puesto de Asesora 1 en la alta dirección de la JNJ.
Según fuentes de La República, algunos antiguos funcionarios de la Junta han estrechado lazos con los nuevos consejeros, en especial con María Teresa Cabrera, excongresista de Podemos Perú y actual presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios, la cual investigará a la presidenta del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación.
Una Junta con vínculos políticos
El pleno de la JNJ fue elegido por una Comisión Especial y está conformado por Gino Ríos Patio, exprocurador del Estado y presidente para el 2025; María Teresa Cabrera, vicepresidenta; Francisco Távara Córdova, expresidente del Poder Judicial; y los abogados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduvi Cornejo, Germán Serkovic Gonzales y Rafael Ruiz Hidalgo.
Aparte de que la elección de los miembros de la JNJ fue considerada como poco transparente por observadores internacionales, una investigación de La República reveló que la presidenta Dina Boluarte y Podemos Perú logró posicionar a tres allegados en los principales cargos administrativos de la institución.
A través de su hermana, la mandataria mantendría un vínculo directo con la entidad encargada de seleccionar, nombrar, ratificar y evaluar a jueces y fiscales en el país. Entre los nuevos funcionarios destacan Giovanna María Díaz Revilla, quien asumió la secretaría general el 25 de enero, y Joel Bolivia Revolledo, nombrado director general el 14 de enero, ambos exasesores de Boluarte en Palacio de Gobierno. Además, el 9 de enero se integró José Antonio Jáuregui Silva, vinculado a Podemos Perú, como director de Comunicaciones e Imagen Institucional.
De acuerdo con trabajadores de la JNJ, estos tres funcionarios, junto con la consejera María Teresa Cabrera y René Boluarte, habrían consolidado cierto poder dentro de la institución. Aunque las decisiones formales recaen en los siete consejeros, el control administrativo y operativo se encontraría en manos de este grupo de asesores, generando inquietudes sobre la autonomía de la Junta en un contexto de alta tensión política.
JNJ detrás de las líderes del sistema judicial
A finales de la semana pasada, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha tomado dos decisiones que han encendido las alarmas sobre la independencia de las instituciones: abrió un proceso disciplinario acelerado contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y admitió la denuncia administrativa presentada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Primero, la JNJ admitió esta denuncia administrativa interpuesta por el ministro Santiváñez en el marco de la investigación del Ministerio Público contra el titular del Interior, relacionada con la filtración de presuntos audios en los que se evidenciaría un caso de abuso de autoridad. Según estos registros, Santiváñez habría ordenado al capitán PNP Junior Izquierdo realizar un reglaje al periodista Marco Sifuentes.
Como parte de las diligencias, la fiscal de la Nación solicitó el teléfono celular del ministro del Interior, lo que desencadenó la denuncia administrativa en su contra alegando que la solicitud de las contraseñas de su teléfono es un pedido ilegal.
En paralelo la JNJ, habría decidido abrir un proceso inmediato para la destitución de la presidenta del PJ, Janet Tello Gilardi y otros cuatro jueces supremos más: Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano.
La decisión de la JNJ se basa en una sentencia laboral emitida por dicha sala, en la cual, según el órgano disciplinario, se habría invocado una norma derogada. No obstante, en este tipo de procesos, la dinámica judicial establece que un magistrado elabora un proyecto de sentencia y los demás jueces lo aprueban bajo el principio de confianza, sin revisar cada expediente en detalle.
Ante la apertura del proceso en su contra, la presidenta del Poder Judicial aseguró que no se siente amenazada, ya que la JNJ no tendría competencias para sancionar decisiones jurisdiccionales. Además, señaló que la magnitud del proceso es desproporcionada.
«Lo recibo con mucha sorpresa porque los procesos exprés son precisamente para aquellos casos de conductas graves, por ejemplo, si a un juez se le interviene en un acto de corrupción. No puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre el cual la JNJ no tiene competencia», declaró en entrevista con Punto Final.
Tello advirtió que la medida podría sentar un precedente peligroso para la independencia judicial, en un contexto donde el Poder Judicial y el Ministerio Público llevan adelante investigaciones que involucran a altas figuras del Ejecutivo y del Congreso.
