“Lo que quieren es silenciarnos”: alertan persecución de grupos ultraconservadores contra defensores de DDHH 

Recortes presupuestales, acoso y criminalización. Las especialistas entrevistadas destacan que en contextos autoritarios, son las organizaciones de la sociedad civil que velan por el respeto de derechos humanos las más perseguidas. 

Las organizaciones de la sociedad civil que atienden espacios donde el Estado es incapaz, insuficiente o ausente, están viviendo momentos difíciles en el país y el mundo. En el plano externo, la orden de Donald Trump de  congelar la ayuda financiera proporcionada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a diferentes países alrededor del mundo, ha tenido un fuerte impacto en la ayuda humanitaria global.

Programas destinados a combatir enfermedades como el sida y el ébola en África, por ejemplo, se han visto severamente afectados. Además, este congelamiento de fondos ha afectado a  casi dos millones de mujeres y niñas en todo el mundo, perdiendo acceso a anticonceptivos y programas de salud reproductiva. Todo esto ha generado gran preocupación entre aliados y organizaciones internacionales sobre el futuro de la ayuda exterior de Estados Unidos. 

En el Perú, algunas organizaciones sin fines de lucro ya están sufriendo el impacto de este congelamiento abrupto de estas ayudas que estarían impactando los programas de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, medio ambiente, educación, derechos de mujeres y comunidad LGTBIQ+, entre otros.

“Hay organizaciones que han suspendido sus operaciones, que tienen beneficiarias a niñas, niños, adultos mayores, mujeres, personas del campo, personas en zonas rurales, etc. En general ayuda humanitaria”, señala Rossina Guerrero, psicóloga y directora de Promsex (Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos). 

Guerrero resalta que, aunque su organización no ha sido afectada directamente por la decisión de EE.UU., la crisis política, democrática y el auge de grupos extremistas antiderechos a nivel mundial han originado que las ONG sean un foco de ataque, como también viene ocurriendo en el Perú.. 

“Cuando los regímenes se vuelven más autoritarios, y les incomoda las voces que demandan justicia, esclarecimiento de actos de violaciones de derechos humanos, de actos de corrupción, etcétera, esto suele suceder”, apunta. 

Miguel Jugo, abogado y secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), coincide Guerrero y agrega que el apoyo de la Cooperación Internacional resulta importante cuando se está frente a un Estado ausente.

“Los organismos de derechos humanos procesamos a personas que violan derechos, denunciamos y demandamos a las autoridades estatales por faltar al cumplimiento de los derechos humanos. Nuestros organismos desarrollan acciones a favor de los derechos de un conjunto de poblaciones en vulnerabilidad, como son niños, niñas, mujeres, trata de personas, migrantes… Hay un conjunto muy grande de personas que tienen que buscar a los organismos no gubernamentales, porque el Estado no actúa, el Estado no los protege, el Estado los abandona”, apunta. 

En el contexto peruano, organizaciones de la sociedad civil no solo se enfrentan estos recortes presupuestales, sino también  ataques directos por parte de grupos antiderechos. Hace una semana, la propia presidenta Dina Boluarte acusó –  sin evidencia alguna – a las ONG de proteger a criminales y desestabilizar la democracia. Lo mismo hizor el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien acusó, sin pruebas, a la ONG feminista Manuela Ramos de malversación de fondos e incluso amenazó con meter a la cárcel a su directora. 

Para Rossina Guerrero, estas acciones tienen una intencionalidad ideológica de los grupos ultraconservadores que pretenden silenciar a las organizaciones que trabajan con mujeres y comunidades LGTBIQ+.  

“Él tiene una consigna, que es, desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos y particularmente a las organizaciones feministas, aquellas que trabajaban por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por una sexualidad libre e informada donde las personas puedan decidir. Usan esta fachada de la defensa de la vida, pero en realidad lo que quieren defender, en última instancia, son sus intereses económicos y políticos; lo que quieren es callarnos, silenciarnos”, destaca la directora de Promsex. 

¿Las ONG rinden cuentas? 

El principal argumento que dan grupos antiderechos en su crítica contra las oenegés, es que estas organizaciones de la sociedad civil requieren una mayor fiscalización de los fondos que reciben. El abogado Miguel Jugo destaca que todas las organizaciones de la sociedad civil rinden cuentas al Ministerio de Trabajo, a través de Sunafil, a la Sunat, a la APCI y a la cooperación internacional que les brinda el financiamiento. 

Todos los años nosotros tenemos que presentar un informe a diferentes instituciones, una primera que es la Agencia para la Cooperación Internacional; en segundo lugar, tenemos que presentar informes a la SUNAT; en tercer lugar, tenemos que estar permanentemente informando sobre nuestras contrataciones al Ministerio de Trabajo”, explica. 

También se realizan auditorías independientes por cada proyecto financiado. “Nosotros todo el tiempo somos vigilados. Nadie te da el dinero, te lo regala y dice ‘haga con eso lo que usted quiera’, eso es una mentira. Es decir, no hay una situación en la que digan que se están desviando fondos”, subraya el secretario adjunto de la CNDDHH. 

Aun así,e ignorando que ya existen amplios sistemas de fiscalización, a inicios de junio de 2024, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen que implica modificaciones en la  Ley N.º 27692 “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”.

Buscan criminalizar a quienes fiscalizan al Estado desde la sociedad civil 

De aprobarse estos cambios, la APCI no solo verificaría los gastos de las ONG, sino que tendría el poder de controlar a aquellas que realizan “activismo político”, un concepto sumamente amplio que, de acuerdo con el abogado Miguel Jugo, buscaría censurar y perseguir a los defensores de derechos humanos. 

“Este es el riesgo, saber en qué consiste el “activismo político” para ellos. ¿En defender los derechos de las mujeres, de los sectores trans? Entonces pueden decirte que no debes gastar en eso, sino en otra cosa. Y si tú no lo haces, entonces estás incumpliendo la ley y haces ‘activismo político’. Por lo tanto, te denuncio y te llevo al fiscal para que la Fiscalía cierre tu institución. Incluso, pueden mandarte a la cárcel. Eso es lo que dice esta modificación de ley que busca criminalizar a la disidencia”, advierte el especialista. 

Guerrero coincide y resalta que la principal motivación de estos grupos antiderechos es controlar lo que las organizaciones de la sociedad civil pueden o no hacer, y así acabar con la vigilancia ciudadana. 

“Lo que quieren es ahogarnos; por un lado, cortando la cooperación internacional, y luego, generando una ley que se utilice para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil”, señala Rossina Guerrero. “No hay que confundir y tener clarísimo que nuestras organizaciones defienden la democracia, están en contra del autoritarismo, en contra de desmantelar al Estado, en contra de la corrupción”, agrega. 

Niñas, mujeres y comunidad LGTBIQ+ afectadas: “Estamos ad portas de regresar a los 90”

La directora de Promsex detalla que estos ataques, así como desconocer los derechos sexuales y reproductivos, tienen un impacto particularmente grave en niñas, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexual. “Un discurso autoritario, antiderechos, es muy peligroso para determinadas vidas, más allá de las ONG”, advierte. 

Los servicios de prevención del embarazo infantil y adolescente, la atención a víctimas de las violencias, el acceso a la salud pública con el kit de emergencia ante casos de violencia sexual, o medicamentos para tratamientos del VIH, son algunos de los programas que se verían censurados, según la especialista.  

“Las únicas que estamos alzando la voz en contra del ataque a esos servicios esenciales para niñas y mujeres somos organizaciones feministas. Nuestro trabajo es considerado amenazante para estos sectores antiderechos con poder político y económico que quieren que las mujeres sigamos en las casas y las niñas sigan siendo vulneradas y violentadas en este país”, destaca.