*Los esfuerzos del alcalde de La Victoria, George Forsyth, y su gerente Susel Paredes por ordenar la zona de Gamarra y liberarla de ambulantes fue bien recibida por una mayoría ciudadana. En poco tiempo, sin embargo, salieron a la luz las limitaciones de esta política, ya que una gran cantidad de los ambulantes desalojados se reubicó en otra zona; muchos de ellos en la avenida Aviación y en los alrededores de Gamarra.

Se podría tratar de sacarlos de allí, pero es evidente que en ese caso se irán a otro sitio, a unas cuadras más allá o a otro distrito. Es como apretar un globo por un lado, en cuyo caso simplemente el globo se hinchará por otro. Esta analogía resalta que si bien, la política de “apretar el globo” puede funcionar para una zona, no funciona para el conjunto.

Informalidad y empleo

Es evidente que hay un problema mayor que Forsyth y Susel no pueden resolver. ¿Cuál es? que hay una gran cantidad de peruanos que no consiguen trabajo. Aunque los ambulantes sean desalojados de un sitio, esas personas necesitan lograr algún dinero para poder comer, vestirse y tener donde dormir.

Lo que sucede con los ambulantes de Gamarra contradice con el repetido discurso de que la economía peruana está muy bien.  Devela, así, la realidad de desempleo y subempleo. Un problema crónico que se ha agravado continuamente los últimos cinco años. Finalizado el boom de los altísimos precios de los minerales, las políticas neoliberales mostraron nuevamente su total incapacidad de resolver  el problema del empleo.

Hay que insistir en que sí hay estrategias posibles para lograr una masiva generación de empleos, y que no es la interesada propuesta de la Confiep de reducir derechos y beneficios laborales para una nueva profundización del neoliberalismo.

Impulsar la agricultura familiar y las economías provincianas

Una causa central de que haya tremenda cantidad de mano de obra desempleada en Lima es porque mucha gente viene del campo y de las provincias a la gran ciudad. ¿Por qué migran? Simple: porque acá ganan más y viven mejor. ¿Cómo enfrentar ese problema? Haciendo que aumenten sus ingresos y calidad de vida en los pueblos rurales y provincias.

De la agricultura familiar subsisten todavía casi un millón de familias. Como no tiene ningún apoyo, su productividad e ingresos aumentaron lentamente las últimas dos décadas y media de neoliberalismo; de tal manera que, la tasa de pobreza rural triplica a la pobreza urbana. Además, muchos tienen educación y salud de muy baja calidad, pésimos caminos y carecen de telefonía móvil o internet. Se puede hacer un contraste con la gran agricultura de exportación que recibió 7 mil millones en subsidios en grandes irrigaciones, cuenta con carreteras y puertos pagados por el Estado, tiene exoneraciones tributarias especiales, apoyo sanitario y políticas comerciales favorables. Para la pequeña agricultura no hay crédito; se ve obligada a transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y compite con la importación de trigo, leche y arroz que le quita mercado. En cambio, Japón, un país de altísimos ingresos, protege su agricultura familiar con altos impuestos a la importación de arroz, y Estados Unidos aprobó a finales del año pasado una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década.

Una política de promoción de la agricultura familiar y las economías rurales pasa por cinco medidas centrales. La primera, dotarles de caminos transitables, comunicaciones e internet. La segunda, ofrecerles mejoras tecnológicas, habiendo programas como Haku Wiñay y Sierra Productiva que han mostrado que con riego tecnificado de bajo costo los campesinos pobres pueden lograr grandes aumentos de productividad importantes. La tercera, facilitar el crédito agrario; algo fundamental para que los pequeños y medianos empresarios agrícolas emprendedores puedan invertir y crecer. La cuarta,  programas que diseminen información de buenas técnicas y que avancen innovaciones productivas adecuadas a nuestra sierra y selva. La quinta, defender el mercado interno de las importaciones subsidiadas en otros países.

Oferta laboral excesiva

Si una política de empleo descentralizado puede ayudar a retener mano de obra fuera de Lima, hay que reconocer que un aumento acelerado de la población es parte del problema. Difícil pensar que más de un millón de personas en Lima desempleadas o subempleadas pueda reubicarse; menos si cada año la población en edad de trabajar aumenta en casi 300 mil personas, mucho peor, aún, si tenemos adicionalmente 600 mil venezolanos trabajando en el país. Es indispensable que el Estado peruano tenga una política respecto de la inmigración. El gobierno neoliberal de Sebastián Piñeira pone frenos, Ecuador también, Estados Unidos mucho más sin importar toda su hipócrita propaganda “de defensa de la democracia”.

Reactivar el mercado interno

En el corto plazo la política macroeconómica es fundamental para la creación de empleos. Por un lado, hay que reactivar la inversión pública, que jala la contratación de obreros de construcción civil y la demanda por cemento, fierro y demás materiales, cuya producción a su vez requerirá más mano de obra. La clave para ello es más presupuesto; hoy estancado por la baja recaudación generada por las exoneraciones tributarias y la elusión. Este último término se usa para designar a las trampas seudo-legales de los grandes empresarios de la Confiep para no pagar impuestos. Es indispensable enfrentar con firmeza la elusión, ya que con esos recursos se aumente sustantivamente el presupuesto social y de infraestructura.

Algunos opinan que por haber sido recién elegidos, los gobiernos regionales y municipales no tienen la capacidad de hacer inversiones, lo que me parece prejuicioso. Aun, en ese caso, hay alternativas. El nuevo método de inversiones usado para los Juegos Panamericanos parece ser más ágil. Se podría acicatear a los ministerios. Otro mecanismo es entregar fondos directamente a los colegios, hospitales y redes de salud para que hagan obras con participación y fiscalización ciudadana y local. También se podría otorgar fondos a las familias y comunidades afectadas por desastres. Mecanismos de descentralización radical de la inversión pública hasta las comunidades funcionaron en el pasado con Foncodes, los llamados CLAS en salud y para el mantenimiento de colegios.  

La otra medida urgente es abaratar y facilitar el crédito; algo fundamental para que puedan prosperar más fácilmente los negocios y se rentabilice la inversión privada. El BCR tiene en sus manos reducir la tasa de interés como parte de su política monetaria. Más competencia también podría disminuir las tasas, ya que el “spread” o margen de los bancos es de 14.4 % frente a 3 % en Chile. Hay fondos disponibles, ya que las AFP tienen 70 mil millones de los trabajadores colocados en el exterior en vez de estar invirtiéndose en el Perú.

Con estos cambios en la política económica, que son de justicia, se iría reduciendo la enorme presión social por la venta ambulatoria y demás opciones de informalidad en Lima. Solo así los esfuerzos de ordenamiento del comercio callejero de las municipalidades podrán ser algo más que simplemente apretar un globo por un lado para que se hinche en otras partes.

*Columna publicada el 22/03/19 en ‘Hildebrandt en sus 13’