Movimiento estudiantil: Toma universitaria logra acuerdo en mesa de diálogo

El pasado 2 de abril, los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina decidieron tomar el campus universitario como medida de lucha ante las deficiencias que mellaban su educación, las condiciones de seguridad, infraestructura y bienestar deplorables en las que tenían que desarrollar sus clases. 

Durante 9 días la UNALM permaneció cerrada y sólo terminó cuando el jueves 10 de abril, los representantes estudiantiles lograron que las autoridades universitarias se comprometieran a cumplir  con gran parte de sus demandas  establecidas en un pliego de reclamos expuesta en una mesa de diálogo que contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo. 

Para conocer los detalles de estos acuerdos, Wayka conversó con Nicolas Miller, representante estudiantil de la UNALM, quién con otros siete compañeros, acudieron a esta mesa que representa una victoria para la lucha de los universitarios que buscan el cumplimiento de su derecho a una educación digna.

Seguridad: más personal y mejoras tecnológicas

Uno de los principales reclamos fue la insuficiente seguridad en el campus, que abarca más de 200 hectáreas. Hasta hace poco, solo 13 personas se encargaban de resguardar la universidad. Tras la reunión, se acordó aumentar el personal a aproximadamente 22-24 personas, incluyendo operadores para el centro de monitoreo de cámaras.

Además, se anunció un proyecto de mejoramiento del sistema de videovigilancia, que incluye reparación de cámaras y eventual implementación de reconocimiento facial mediante fibra óptica. los estudiantes exigieron que se aceleren estos cambios y se capacite mejor al personal de seguridad para responder ante incidentes.

Por otro lado, las autoridades se comprometieron a saldar las deudas acumuladas y asegurar la regularización del pago al personal de seguridad, que aparte de ser un número deficiente para el campus, también contaba con un situación de falta de pagos.

Infraestructura: riesgo en varias facultades

Uno de los puntos más alarmantes fue el deterioro estructural de varios de los pabellones. En particular, la Facultad de Ciencias fue identificada como la más crítica, con laboratorios sostenidos por andamios y columnas deterioradas. Algunos sectores incluso quedaron inhabilitados tras reportes de desprendimiento de estructuras.

“​​Tuvo que pasar lo de Real Plaza Trujillo, donde se cayó el techo, para que exista el temor y el miedo de que se den clases allí. Porque podría ser que se caiga el laboratorio, que el techo no resista, las columnas no resistan y eso terminaría afectando a los estudiantes o a los docentes”, señaló Miller.  

Frente a esto, se acordó realizar una consultoría técnica completa del campus para identificar riesgos. También se habilitó el uso de laboratorios de otras facultades, como Industrias Alimentarias, para que los estudiantes afectados puedan continuar sus prácticas.

Comedor universitario: condiciones indignas y cambio de concesionaria

Durante la medida de lucha, el servicio de alimentación fue duramente criticado. Estudiantes denunciaron la presencia de insectos y gusanos en los alimentos, lo que generó una fuerte presión en la mesa de diálogo para exigir un cambio de concesionaria y el costó cero por ración, que antes era de S/2. 

Aunque las autoridades argumentaron que la gratuidad en el comedor impacta la calidad del servicio, los representantes estudiantiles insistieron en que esta no justifica condiciones insalubres, recordando que los fondos provienen del Estado y no deberían afectar la calidad. Se acordó que habrá una nueva licitación para concesionar el comedor bajo condiciones más estrictas, mientras los estudiantes se encargarán de fiscalizar el cumplimiento.

Transparencia económica y la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA)

Uno de los temas más complejos fue el manejo financiero de los recursos autogenerados, actualmente administrados por la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA). Los estudiantes denunciaron que esta fundación, de carácter privado, controla la mayoría de ingresos generados por la universidad —incluidos los del centro preuniversitario, centro de idiomas, escuela de posgrado y más de 30 centros de producción—, lo que debilita la autonomía universitaria y limita la inversión directa en mejoras para la comunidad académica.

Aunque se resistieron al pedido, las autoridades aceptaron iniciar un proceso de transición para que estos recursos pasen progresivamente a formar parte de los recursos directamente recaudados por la universidad en un plazo de año y medio. El representante estudiantil indicó que Contraloría debería estar involucrada en la supervisión de este proceso, especialmente en centros clave como el centro pre y programas de extensión.

Sanciones: compromiso de no represalias

Durante la negociación, uno de los puntos clave fue la preocupación por posibles sanciones a quienes participaron en la toma del campus. Según Nicolás Miller, representante estudiantil, “las autoridades se comprometieron formalmente a que no habrá ningún tipo de sanción ni represalia contra los estudiantes movilizados. Esto era fundamental para avanzar en el diálogo sin miedo”. La garantía fue incluida como parte del acta oficial.

Lucha estudiantil victoriosa

Esta toma universitaria fue respaldada por más de 400 estudiantes en una Asamblea General Universitaria. Durante el tiempo que la UNALM estuvo tomada, muchos estudiantes estuvieron manifestándose dentro del campus y, aunque hubo miedo a que ingrese la Policía a amedrentarlos, como lo había autorizado el rector Enrique Flores, ellos están satisfechos con su forma de protesta. 

“Este proceso que ha sido muy difícil para nosotros, ha sido tenso, de temor, de miedo, pero de esperanza también. Ahora estamos muy alegres que haya concluido de esta forma”, resaltó el representante estudiantil a Wayka. 

Finalmente, hay que aclarar que Según Mar Pérez, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, “la ocupación de un campus universitario como forma de protesta no es un delito sino parte del derecho humano a la reunión pacífica” que está protegido por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.