Hasta el momento, el caso de Camila es el único resuelto de los 5 casos de niñas obligadas a ser madres en América Latina presentados ante las Naciones Unidas, pero el Estado peruano sigue sin presentar avances. Las cifras de abuso sexual y embarazos en niñas continúan siendo alarmantes en la región. 

Ocho meses han pasado desde que se dio a conocer la lista de recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó al Estado peruano después de hallarlo responsable por vulnerar los derechos de Camila, una menor obligada a continuar con un embarazo producto de una violación, y criminalizada tras un aborto espontáneo. Pese a eso, el Estado no ha brindado avances sobre la aplicación de dichas recomendaciones. 

Sin embargo, este no es un caso aislado. Además del caso de Camila, que fue llevado al Comité de los Derechos del Niño en la ONU, el movimiento Son niñas, no madres ha presentado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuatro casos relacionados con niñas víctimas de abuso sexual que fueron obligas a maternar en sus respectivos países, pero a pesar de haber sido presentados hasta hace 5 años, no se muestran avances.

Norma (Ecuador), Fátima (Guatemala), Susana (Nicaragua) y Lucía (Nicaragua), quienes sufrieron violencia sexual y tuvieron que llevar a término embarazos que no deseaban, son parte de un extenso número de víctimas que no han encontrado justicia hasta el día de hoy. 

Cifras alarmantes

Según información recolectada por el Movimiento Son Niñas, No Madres, impulsado por las organizaciones Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años. 

Además, datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que 8 de cada 10 agresiones sexuales tienen como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años.

En Perú, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, cada día nacen 4 recién nacidos vivos a consecuencia de embarazos y partos de adolescentes de 10 a 14 años de edad y 133 recién nacidos vivos a consecuencia de embarazos y partos de adolescentes de 15 a 19 años de edad.

De enero al 26 de septiembre del 2023, se registraron 30.345 recién nacidos vivos de adolescentes de 10 a 19 años de edad. De estas, 809 corresponden a recién nacidos vivos de adolescentes de 10 a 14 años de edad y 29.536 a recién nacidos vivos de adolescentes de 15 a 19 años.

Por su parte Colombia, registra durante el periodo de enero y diciembre de 2023, que se reportaron un total de 19,192 casos catalogados como presunto abuso sexual en menores de 0 a 17 años. El grupo de edad más afectado fue el de 10 a 14 años, con un total de 10,092 casos, según el Boletín estadístico de Niños, Niñas y Adolescentes de diciembre de 2023 de Medicina Legal,

Así mismo, en Ecuador, las cifras que arroja el periodo del 2016 hasta el 2022, suma un total de se registraron un total de 57.976 procesos ingresados a las Unidades Judiciales por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, perpetrados contra niñas, niños, adolescentes y personas mayores de 18 años. 

En Guatemala, el Observatorio en Salud Sexual y reproductiva documentó en 2023 dos mil 289 menores de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres en el país; y en Nicaragua, según datos de 2022 publicados por la Organización Mundial de la Salud (2022), existe 85.6 casos de casos de natalidad adolescente  por cada 1000 adolescentes.

Acciones ante la injusticia

Una delegación  del Movimiento Son Niñas, No Madres, se reunió con expertos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de las maternidades forzadas en América Latina, destacando la necesidad urgente de emitir e implementar medidas reparadoras que aseguren la protección de las niñas vulneradas y su infancia.

Además, han organizado un firmatón que busca ampliar el alcance de las acciones legales de los Estados de América Latina y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de estos casos. La meta es llegar a las 10 mil firmas para exigir que se cumplan las reparaciones.