Dichos actos de violencia que atentan contra los derechos humanos permanecen vigentes, y ninguna Ley prohíbe que personas de la comunidad LGBTIQ+ sean sometidas a ese tipo de violencia por su orientación sexual. 

Mediante un video en redes sociales se evidenciaron actos de violencia y tortura contra niños en una comunidad Awajún en Bagua, Amazonas. Euner Kajekui, activista awajún, miembro de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer, Plus (LGBTIQ+) denunció que la agresión contra estos menores es debido a su orientación sexual.  

El activista explicó que los menores fueron castigados con ishanga, una planta tropical que produce inflamaciones y escozor en la piel, con la supuesta intención de «corregir” su comportamiento “afeminado”, por orden de comuneros conservadores. Además, señaló que dichos actos se replican constantemente, y que él mismo fue víctima de esas agresiones cuando era niño.

“Muchos practicaron esas acciones catalogándonos de ser enfermos mentales. Dentro de ellos, muchos jóvenes han sido asesinados, dentro de ellos las mujeres trans indígenas. No me estoy victimizando, eso es real. Muchas personas homosexuales han sido asesinados. Si hablamos del buen vivir como pueblos indígenas, ningún ser humano debería ser asesinado por su orientación sexual, o por decidir quiénes son, o por decidir cómo quieren ser”, mencionó mediante una entrevista televisiva en Latina.

Ante esto, el presidente de la organización Mas Igualdad, Fhran Medina Zavala, señaló para Wayka que ”esta situación es grave, porque no solo se está viendo una evidente situación de discriminación, sino también se está apreciando una práctica, un intento de conversión en contra de estas infancias, lo cual es tortura”. Así mismo, exigió que las autoridades atiendan esta situación. 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, también emitió un comunicado en el que exigió una investigación exhaustiva a los grupos que difunden discursos de odio y a las autoridades locales y nacionales “que permiten tales abusos”. Así mismo,  hizo hincapié en la urgente necesidad de que el Estado implemente la Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género para prevenir abusos. 

Otras organizaciones y activistas por los derechos humanos también se pronunciaron exigiendo intervención con enfoque de género y protección a las infancias y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Ante la denuncia pública, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció señalando su rechazo ante cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y señaló que estarían tomando “medidas para identificar el lugar de los hechos y a los afectados con el fin de intervenir y contribuir a su protección”. Por su parte, el Ministerio de Cultura señaló que se encuentran trabajando para que todas las acciones se realicen con pertinencia cultural.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajun rechazó cualquier acto de violencia contra los menores, y señaló que no se trata de una práctica cultural de común acuerdo en el territorio Awajún. También exigieron sanción a los responsables de dichos actos. 

Ley no prohíbe “terapias de conversión”

La situación de las infancias awajún no es aislada. Según un estudio sobre salud mental en el Perú realizado por la organización Más Igualdad, cerca del 40% de los encuestados, manifestaron haber sufrido alguna vez alguna práctica o esfuerzo para cambiar su orientación sexual. De esta cifra, se determinó que la mayoría fueron hombres cisgénero (39,1 %), en su mayoría homosexuales (63,3 %). 

Dicho hallazgo impulsó una iniciativa para prohibir explícitamente esas formas de violencia, presentada el 5 de febrero de 2021 mediante el Proyecto de Ley 7052109, “Ley que prohíbe los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas”. Sin embargo, la propuesta legislativa no se debatió. 

Estos actos, constituyen actos de tortura, según expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, y aún así se siguen perpetrando con impunidad en el país.

El estudio de Más Igualdad también demostró que las personas de la comunidad LGBTIQ+ que vivieron “terapias de conversión” presentaron problemas relacionados con la salud mental como depresión y ansiedad en mayor medida, siendo el estrés post traumático el de mayor incidencia en personas sometidas a estas situaciones de violencia.