Por Silvia Rizzotto*

En febrero de este año, salió a la luz mundialmente que Oxfam, organización cuyo objetivo es luchar contra las desigualdades a nivel global, estaba envuelta en un escándalo de violencia sexual. No solo los perpetradores eran integrantes de la insitución sino que fueron encubiertos por la misma. Una vez conocida esta grave situación, el gobierno británico – principal donante de la mencionada ONG – decidió cortar sus donaciones.

Más recientemente, la ONG francesa Médicos sin Fronteras (MSF), conocida en todo el mundo por sus intervenciones de ayuda humanitaria en contextos de desastres naturales y conflictos armados, fue acusada de haber silenciado casos de violación sexual perpetuados por su personal en algunos países de Africa. Estos casos nos interrogan y nos hacen reflexionar. Muchas ONGs, habitualmente elogiadas por sus valores y dedicación hacia una sociedad más equitativa y justa, parecen no tomar medidas adecuadas contra la violencia de género, sino por el contrario, reproducen los mismos mecanismos que la perpetúan: silenciar los casos de violencia, retrasar y/o rechazar las denuncias contra el agresor, y no proteger a las víctimas y potenciales víctimas. A todo ello se suma que las ONGs no comunican sobre estos casos, lo que impide el establecimiento de acciones concretas.

No generar ningún tipo de comunicación o alerta pública en torno a los perpetradores desde las ONGs implicadas en estas situaciones ¿Es inevitable para proteger la identidad de las víctimas? ¿Acaso no es posible conciliar la protección de la identidad de las víctimas y una alerta pública que proteja a otras potenciales víctimas? A parte de talleres, reportes y campañas que promueven los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿el compromiso de las ONGs no debería traducirse en sus propias prácticas institucionales? Vamos a ofrecer algunas reflexiones en torno a estas interrogantes.

Prevención y soporte a las víctimas: desafíos que persisten

Uno de los desafíos mas relevantes parece ser la prevención. Uno esperaría que ONGs y organizaciones que trabajan en derechos humanos, responsabilidad social o humanitaria tengan protocolos y procedimientos claros y adecuados para reaccionar y hacer frente a casos de acoso o violación sexual, así como asistencia psicológica y legal. Sin embargo, muchas siguen sin códigos de conducta y sin medidas de soporte institucionalizadas para las víctimas, lo que sería fundamental. Otras solo hacen estos protocolos por la presión de saber qué casos de perpetradores de sus filas que venían silenciando salen a la luz.

Algunas organizaciones, Naciones Unidas y MSF entre otras, han desarrollado líneas directas para que cualquier persona pueda reportar denuncias y que la organización pueda llevar investigaciones. Sin embargo, a estos mecanismos parecen muchas veces faltarles eficacia y, a menudo, se reportan casos de corrupción y encubrimiento.

Más allá de las repercusiones físicas, psicológicas y sociales que las víctimas tienen que soportar después de haber sufrido una situación de violencia, muchas veces ellas se sienten solas, abandonadas y no saben a quién contactar en su organización. Las actividades de investigación, que empiezan después de una denuncia interna, pueden demorarse mucho; y frecuentemente la víctima no puede evitar encontrar a su agresor en el lugar de trabajo. Además, estas investigaciones no concluyen siempre con el despido del agresor, lo que es inaceptable. Otras posibilidades son que el agresor sea trasladado de puesto en la misma organización, lo cual no le impide guardar una posición de autoridad y potencialmente acosar o violentar a otras personas, que sean colegas del trabajo, beneficiarios/as u otros/as, y de seguir otras actividades profesionales en sedes distintas.

Siendo así, resalta que muchas ONGs no tengan un sistema de alerta o de comunicación específico para compartir información sensible sobre personal que cometió acoso o violación. Esto constituye otro obstáculo importante. Destituir al empleado no es una acción suficiente. Si no se conoce el motivo de su destitución, el mismo puede ser contratado por otra organización y los casos de violencia pueden repetirse. Además, las ONGs no estarían enviando un mensaje de tolerancia cero frente a este tipo de actos.

Después del caso Oxfam, se habló y se discutió mucho de la posibilidad de crear una especie de registro único accesible a todas las ONGs para que puedan agregar y reportar los casos de acoso y violencia de género, y señalar los datos de los agresores. Sin embargo, esta posibilidad se enfrenta a la hostilidad de las organizaciones y lleva problemas de tipo jurídico que todavía tienen que ser profundizados, como por ejemplo el tema de la privacidad y seguridad de estos datos personales.

Por otro lado, una falta ética de gravedad en el accionar de una ONG, con respecto a las víctimas que denuncian este tipo de hechos, es esforzarse en contactarlas – luego de no haberle hecho seguimiento a su proceso a lo largo del tiempo luego de la denuncia inicial  – solo cuando están ante la inminencia de un escándalo público, lo que parece orientado sobre todo a control de daños y protección de los propios intereses de imagen institucional.

El deber de hablar públicamente

Todas las organizaciones deberían asistir a las víctimas dejándoles la libertad de elegir si quieren denunciar o no, pero lo que sí tendrían que hacer siempre es decir abiertamente que uno o más casos ocurrieron. Si la víctima quiere mantener la confidencialidad sobre su identidad y los hechos, la ONG, respentando en todo momento esta voluntad, podría ajustar sus actividades de advocacy e incidencia publica sin involucrar directamente a la víctima, sino denunciando más generalmente que un caso ocurrió. Las ONGs tendrían que hablar sobre los casos no solo cuando estos ocurren, sino tendrían que publicar reportes anuales. Por eso, es necesario que las ONGs establezcan mecanismos de denuncia que no constituyan un riesgo para guardar la identidad de la víctima. Por otro lado, si la víctima quiere denunciar públicamente y llevar una batalla pública contra su agresor, por supuesto la ONG, de acuerdo con ella, no tendría que guardar los datos personales. Asimismo, cuando las víctimas quieren denunciar, las ONGs tendrían que brindar apoyo legal también.

Además de las denuncias en el ámbito penal, aunque en la mayoría de los casos las víctimas no tienen mayores pruebas, las ONGs tienen el deber de establecer procedimientos de denuncia internas para luchar contra la impunidad y asegurarse que el agresor no siga trabajando. Las medidas disciplinarias no son suficientes: quedándose dentro de la organización, el agresor podría continuar ejerciendo su poder y repitiendo actos de violencia.

Las ONGs no son inmunes a la cultura machista

Los casos de violencia de género ocurren en la calle, en la universidad, en el trabajo, en las familias, pero es raro pensar que lo mismo pasa en el sector de la ayuda social y humanitaria, sobre todo cuando se trata de ONGs o asociaciones que luchan en primera línea contra esta misma violencia. Sin embargo, el hecho que los profesionales que trabajan en estos sectores estén más sensibilizados y formados contra la violencia de género no los excluye de replicar mecanismos de discriminación y, en algunos casos, de ser perpetradores de acoso y/o violación sexual.

A modo de conclusión, no debería sorprender que ONGs comprometidas con la justicia, la solidaridad y la igualdad tengan problemas de violencias de género. Lamentablemente la cultura machista está tan enraizada en nuestras sociedades que los sectores de desarrollo y de trabajo social no son inmunes a sus consecuencias. Sin embargo, las ONGs tienen el deber ético y conocen los recursos para asistir a las víctimas alcanzando mecanismos de prevención y garantía que puedan proteger su identidad, al tiempo que implementan sistemas de alerta sobre los perpetradores y con ello protegen a potenciales nuevas víctimas. En el mediano plazo, estos sectores tienen las capacidades para impulsar medidas concretas de lucha contra la violencia de género y podrían constituirse en ejemplos para otros sectores laborales. Las últimas denuncias que la opinión pública ha conocido son la ocasión para que las ONGs aceleren una revisión de sus prácticas que pueda llevar a un cambio concreto donde los valores que las constituyen se pongan por delante de cualquier consideración de protección de la propia imagen institucional.

*Graduada en Relaciones Internacionales y Estudios de Oriente Medio y estudiante de maestría en derechos humanos y acción humanitaria en Sciences Po, Francia.