El Estado peruano tendrá que reparar a los familiares de los dos manifestantes, víctimas de la violencia policial en Ayacucho. Está pendiente también que se abra una nueva investigación contra los efectivos responsables.

Redacción Wayka

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas encontró que Perú no protegió los derechos a la vida y de reunión pacífica de los ciudadanos Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, asesinados en 2008. Las muertes se dieron durante una manifestación agraria en la región de Ayacucho.

El fallo también señala que no se garantizó el derecho de los familiares a un recurso efectivo, al no haberse investigado adecuadamente ni enjuiciado a los responsables.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), representó a los familiares en este proceso. Para la abogada Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la coordinadora este fallo es una decisión de «relevancia nacional», ya que «obliga al Estado a realizar una verdadera reforma policial, para que nunca más las personas que salen a manifestarse sean ejecutadas por las fuerzas del orden, y para acabar con la impunidad actualmente imperante», expresó en un comunicado.

Por su parte, el Comité de la ONU señaló que en el contexto de manifestaciones pacíficas, el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público es una «medida extrema» a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario.

MUERTES IMPUNES

Tras los hechos en aquel entonces, la fiscalía provincial formuló denuncia penal por homicidio calificado en contra de un policía que admitió haber utilizado su arma. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho absolvió al acusado en 2013 y la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.

En 2009, el Congreso creó una Comisión Investigadora y concluyó que ambas muertes constituyeron “ejecuciones extrajudiciales”.

Como se recuerda, García Mendoza y Pariona Camposano, junto con otras 700 personas, participaron en una manifestación agraria convocada por la Junta de Usuarios de Riego de Ayacucho (JUDRA) el 19 de febrero de 2008. Durante ese año, Alan García ocupaba la presidencia de la República.

“Según consta en el dictamen forense del Instituto de Medicina Legal, los disparos se realizaron desde una distancia aproximada de 25 metros cuando los señores García Mendoza y Pariona Camposano se encontraban de espaldas, por lo que las víctimas no representaban peligro para los policías” señala la nota de prensa.

El Comité también solicitó al Estado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y efectiva de los hechos que condujeron a las muertes de ambos ciudadanos; imponga sanciones penales y administrativas a los policías responsables y proporcione una indemnización a los familiares de las víctimas.