Redacción Wayka
En su primer mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, frente al Pleno del Congreso, el presidente Pedro Castillo se refirió a la rentabilidad social como condición para decidir la viabilidad de los proyectos extractivos. Casi un mes después de esa ocasión, defensores ambientales y especialistas en la materia discuten sobre el trasfondo y la importancia de la rentabilidad social en los proyectos mineros.
En el marco del conversatorio “Minería con rentabilidad social, ¿es posible?”, trasmitido por las redes sociales de Wayka.pe, especialistas y dirigentes compartieron sus opiniones sobre el tema.
Desde Puno, el presidente del Frente de Defensa del Río Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca Suasaca, recordó la situación de las comunidades que viven cerca a los relaves mineros donde la empresa Aruntani deposita sus desechos tóxicos. “Las grandes mineras solo negocian con las comunidades que viven en torno al proyecto, pero las comunidades que viven más abajo, cerca a sus relaves, no somos beneficiados en nada”, contó Suasaca.
El dirigente de Puno también enfatizó que en su región, donde operan las mineras Aruntani, Siemsa, Arasi y Tacasa, no se cumple con la rentabilidad social. “Se llevan el oro y nos dejan contaminación. Nos dejan aguas con metales pesados en el Lago Titicaca. Y los metales han llegado a nuestros cuerpos”, cuenta Félix Suasaca.
“Ahora tenemos la agricultura muerta”, agregó el dirigente de Puno.
Al respecto, el economista y especialista en gestión ambiental y conflictos sociales, Juan Aste Daffós, apunta que la rentabilidad social en los proyectos mineros debe evaluar si la extracción de minerales en la zona afectará la actividad de desarrollo que se ejerce en las comunidades colindantes.
“Primero se debe discutir bajo qué condiciones se va a dar el proyecto, si van a afectar una alternativa de desarrollo que tiene la comunidad, como fue el caso de Tía María, en los valles del Tambo y Tambogrande. Son dos valles fértiles que se iban a ver afectados por la minería. En esos casos fue inadmisible el proyecto. No tengamos ningún temor en decir que algunos proyectos no van”, sostuvo Aste Daffós.
Por su lado, la responsable del programa de Derechos Colectivos y Gestión de Territorio de CooperAcción, Ana Leyva, pone sobre la mesa los tipos de afectación que se dan cuando no se evalúa la rentabilidad social en un proyecto extractivo.
Para Leyva, la ausencia de rentabilidad social se evidencia cuando las comunidades pierden el control sobre sus territorios, cuando se debilitan los liderazgos y cuando se generan relaciones de dependencia con la actividad minera. “Cuando los liderazgos sociales se debilitan, se debilitan también sus interlocutores ante el Estado y la empresa. Se pierde cohesión social, porque la gente se divide entre los que se benefician y los que no”, comentó Leyva.
