Por: Suiry Sobrino / Diana García

En abril del año pasado la Municipalidad de Pueblo Libre anunció la publicación de una ordenanza para sancionar el acoso sexual callejero, lo que originó varias apariciones del alcalde en medios de comunicación hablando de esta nueva medida. Pasada la coyuntura, unos meses después nos acercamos a preguntar sobre la implementación de la ordenanza: solo recibimos respuesta imprecisas sobre el proceso que se debe seguir para la presentación de la queja.

Conversamos con Juan Hurtado, coordinador de la Gerencia de Desarrollo Humano, quien nos aseguró que la información sobre el proceso de presentación de la queja le compete a la Gerencia de Control Urbano. Según indica la ordenanza, la Gerencia de Desarrollo Urbano, se encarga de la parte preventiva: de las capacitaciones y las charlas de concientización en colegios. Pero el local de esta Gerencia se encuentra alejado de la Municipalidad, es decir, si una víctima se acerca a la oficina central del distrito para hacer una consulta o poner una queja, se le tendrá que derivar desde la calle Vivanco hasta la avenida De la Marina. Son solo muestras de un trabajo desarticulado que hace poco accesible el proceso para las mujeres violentadas en Pueblo Libre.

Foto: Paremos El Acoso Callejero

Otros municipios, el mismo bajo impacto

Por su parte, la Municipalidad de Jesús María, planteó una alternativa inusual el año pasado:  serenos encubiertos para combatir el acoso sexual. Para saber más sobre esta iniciativa nos reunimos con el Subgerente de Desarrollo Económico y Social, César García, quien nos contó que esta nació a partir de un trabajo de incidencia obtenido de las quejas que han llegado a la municipalidad. Es así como se ha dispuesto la presencia de serenos en zonas estratégicas como universidades y colegios. A pesar, de ello, en una encuesta realizada por redes sociales por la organización Paremos el acoso callejero en marzo de este año, la mayoría de vecinas del distrito todavía desconocían que existía un plan desde la municipalidad para combatir esta problemática, menos aún conocían el proceso de presentación de la queja.

Junto con la Municipalidad de San Borja, Surco, es la más antigua en contar con una ordenanza contra el acoso sexual callejero. A pesar de ello, desde el 2013 (año en que se publicó la ordenanza) hasta junio de 2017 solo se han registrado dos quejas. Ambas han tenido como desenlace la imposición de una multa a obras en construcción por no contar con la señalización que exige la ordenanza.

San Borja, por su parte, tampoco registra alguna queja presentada desde la publicación de su ordenanza en el 2013. A pesar de ello nos indicaron que constantemente fiscalizan las obras en construcción de su jurisdicción para garantizar que cuenten con la señalización que estipula la ordenanza. Sobre programas de prevención, nos brindaron información de talleres enfocados a escolares sobre temas como bullying y salud emocional; pero nada concreto sobre acoso o violencia sexual en espacios públicos.

Foto: Difusión web

Con respecto a la Municipalidad de Lince, hasta julio de 2017, un año después de publicada la ordenanza,la Subgerencia de Fiscalización y Control Urbano (encargada de recibir las quejas) no registraba en su base de datos ninguna queja impuesta por acoso sexual callejero. Sin embargo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana sí reportó incidentes bajo esta modalidad. En el reporte de estadísticas que nos remitieron se registran casos de acoso sexual y tocamientos indebidos a menores de edad, sin embargo estos terminan siendo derivados a la comisaría del distrito, y no se sigue un proceso administrativo a pesar de tener plenamente identificado a los acusados.

De la misma manera, la Municipalidad de La Perla indica que no registra ninguna queja por acoso sexual callejero. Aunque indican que como señala la ordenanza, se ha capacitado a los serenos y a la policía municipal. Así como también, se realiza actividades de sensibilización cada año en la semana internacional del acoso sexual callejero. A pesar de estos datos oficiales recibidos, no encontramos nada en las redes sociales que lo corrobore.

De todas las municipalidades en las que solicitamos información, la Municipalidad de La Punta fue la única en entregarnos un protocolo bastante básico de atención para las víctimas. Sin embargo, tampoco se nos dio referencia sobre el proceso para poner la queja.  Esta municipalidad tampoco registra quejas de acoso sexual hasta julio de 2017 después de publicada la ordenanza en el 2016.

¿De qué sirve contar con ordenanzas que solo en la normativa previenen y sancionan el acoso sexual callejero? Solo algunas limeñas saben que existen ordenanzas, pero no conocen el proceso de formalización de las quejas, porque las municipalidades no han tenido estrategias de comunicación exitosas más allá de la publicación de la normativa.

Estos son puntos que no solo los actuales alcaldes y alcaldesas, deben responder antes de tomarse la foto como aliados de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer, sino los próximos candidatos y candidatas a las alcaldías distritales o provinciales de todo el país. El acoso sexual callejero sigue siendo un  gran tema pendiente.

 

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