En los meses que duró la cuarentena, el Ministerio de la Mujer reportó 786 casos de violación. Sin embargo, de marzo a junio el Ministerio de Salud solo registra la entrega de 250 kits de emergencia para víctimas.

Lucero Ascarza

En mayo, Wayka preguntó al presidente Martín Vizcarra si las niñas víctimas de violación sexual durante la emergencia por COVID-19 habían recibido el kit de emergencia para evitar embarazos no deseados. Nadie del Ejecutivo supo responder.

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‘Rosa’ de 12 años fue violada en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, el 27 de mayo de este año. Según la oficina de la Defensoría del Pueblo en esa región, el personal del establecimiento de salud de Rodeopampa no le entregó el kit de emergencia.

La píldora del día siguiente o Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) que se incluye en el kit de emergencia, no llegó a la niña de inmediato como disponen las normas de salud. Cuando la llevaron a Huamanga, un chequeo médico diagnosticó que estaba embarazada.

Ha pasado más de un año desde que se aprobó la directiva que dispone la entrega del kit de emergencia para casos de violencia sexual. Estos incluyen como mínimo la AOE; pruebas rápidas de embarazo, de VIH/sífilis y de hepatitis B; una vacuna contra la difteria y tétanos; dos tabletas de azitromicina; penicilina inyectable y preservativos. Durante la cuarentena, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró en otra norma que “todos los establecimientos de salud y los servicios de emergencia” debían garantizar su entrega. Algo que no se cumplió.

De acuerdo al portal estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hubo 786 violaciones desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio.

Según el Minsa, de marzo a junio se entregaron 250 kits de emergencia a nivel nacional. Menos de la mitad de las cifras registradas de víctimas de violación.

En este informe, Wayka pone en evidencia que durante la emergencia por COVID-19 no solo la justicia estuvo en cuarentena, también el acceso a la salud.

Sin salud para las víctimas

Juliaca, Puno. El 22 de junio, ‘Jackie’, de 15 años, acudió junto a su madre a denunciar que su profesor Víctor Marca Maquera (49) la había violado. La noche anterior se lo encontró en la calle y tras contarle sus problemas familiares, el denunciado la convenció de ir a su casa y le dio bebidas alcohólicas hasta que quedara inconsciente.

Cuando despertó, ‘Jackie’ estaba semidesnuda y se dio cuenta de la agresión sexual. En el Centro de Emergencia Mujer (CEM), ella y su madre interpusieron la denuncia y el docente fue detenido. Luego fueron al centro de salud Cono Sur para una evaluación integral y pedir el kit de emergencia. Ahí empezó el problema.

“El personal médico de turno les dijo que no la pueden atender porque no cuenta con DNI. La excusa que dieron es que sin ese documento no se le puede brindar ese kit de emergencia”, relató Wilson Mamani, de la Defensoría del Pueblo de Juliaca.

Pero el Protocolo de actuación conjunta entre los CEM y los establecimientos de salud para atención de víctimas de violencia, señala claramente que no es obligatorio tener DNI para acceder al kit, ni ser mayor de edad o estar acompañada de los padres. “Pareciera que tal vez los hospitales principales de cada ciudad conocen el tema y aplican el kit, pero en distritos o en postas más lejanos, no están aplicando”, comentó Mamani.

En la misma ciudad, dos hermanas acudieron a denunciar a Eduardo Cosi Huanca (29) por tocamientos indebidos a sus hijas de 6 y 9 años, respectivamente. La mayor declaró que no era la primera vez que Cosi Huanca la agredía sexualmente. Cuando acudieron al centro de salud ‘La Revolución’ para pedir el kit de emergencia, les dijeron que necesitaban una orden de la fiscalía. Otro requisito inexistente según el protocolo del Minsa y el MIMP.

“La encargada del CEM me comentó que también se estaba cayendo en la revictimización. Les hacían preguntas en demasía a las menores”, explica Wilson Mamani. En ambos casos, la Defensoría del Pueblo intervino para que las menores reciban los kits.

Durante el 2019, el Minsa registró la entrega de 564 kits de emergencia. Una cifra que contrasta con los más de 16 mil casos de violación reportados por el MIMP en ese periodo. Este año, esa brecha se mantiene.

Por acceso a la información, Wayka conoció que de enero a junio, el Minsa registró haber entregado el kit de emergencia a 428 víctimas de violación. De ellas:

23.9% tenía entre 15 y 18 años
25.4% tenía entre 10 y 14 años
8.5% tenía menos de 10 años
Fuente: Minsa

En ese período las regiones donde se entregaron menos o ningún kit de emergencia son: Moquegua (0), Lima región (1), Tumbes (1), Cajamarca (4), Huancavelica (4), Piura (4), Puno (4), Áncash (5) y San Martín (5). Cifras que contrastan con el número de violaciones sexuales.

Según señaló a Wayka el coordinador de los CEM en Puno, Yuri Mamani, desde el inicio de la cuarentena hasta el 22 de junio han atendido 40 casos de violación sexual en la región. Pero hasta junio, solo se habían entregado cuatro kits de emergencia.

En una inspección reciente a establecimientos de salud en Cajamarca, la Defensoría del Pueblo reportó que 20% de establecimientos visitados no contaban con kits de emergencia para víctimas de violación. De acuerdo al registro del Minsa, de ocho centros de salud, solo tres entregaron kits en lo que va del año.

En Piura, el coordinador de los CEM, Carlos Arcaya, indicó que no han detectado problemas con la entrega de kits de emergencia. Sin embargo, los CEM de esta región reportan que desde el inicio de la cuarentena hasta junio hubo 54 violaciones sexuales (37 eran menores de edad). Un número bastante mayor a la cantidad de kits entregados según el Minsa.

Incluso en Arequipa, región que registra la mayor cantidad de kits entregados (143), se detectaron problemas para el acceso al kit de las víctimas de violencia sexual. A inicios de junio, una funcionaria de la Gerencia Regional de Salud indicó a Wayka que los hospitales encargados de la entrega del kit eran también los hospitales COVID de la región.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, durante la cuarentena se le negó el kit a una víctima menor de edad en un establecimiento de salud de Arequipa “porque consideraban que ya había pasado el tiempo y por lo tanto no lo debían aplicar”.

“Muchas víctimas llegan después de muchos días. Quizá no se le pueda entregar el AOE porque este se toma hasta 72 horas después de ocurrida la violación, pero el kit de emergencia no se limita a la entrega de un anticonceptivo, también medicamentos para prevenir la salud sexual. El tiempo no debe ser impedimento para habilitarlo”, explica Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría.

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, un centro de salud también negó el kit de emergencia a un niño víctima de violación. Según relata Cobeña, el personal de salud pensaba que este solo se entregaba a mujeres, lo que no es cierto.

«Es evidente que hay un tema de género en las violaciones y las mujeres son las mayores víctimas, pero los niños también necesitan atención a su salud», recalcó. Después de todo, el kit para víctimas de violación no solo previene embarazos, también enfermedades venéreas.

Falta de trabajo conjunto

En abril, la Defensoría del Pueblo reportó que el servicio de Ginecología del Hospital Las Mercedes de Chiclayo (Lambayeque) se negó a entregar el kit de emergencia a una niña víctima de violación. Fue el primer caso conocido este año, pero lamentablemente no el único.

En Ayacucho, donde ‘Rosa’ quedó embarazada luego de no recibir el kit para víctimas de violencia sexual, la Defensoría del Pueblo recomendó que el Ministerio Público abra una investigación contra el personal de salud de Rodeopampa por el delito de omisión de actos funcionales.

“Además hemos recomendado que instruyan al personal fiscal para que en cada caso de violencia sexual se verifique que el personal de salud ha cumplido con su obligación de entregar el kit de emergencia. Asimismo hemos pedido a la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional que instaure un proceso administrativo disciplinario”, explica David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría en Ayacucho.

Estos hechos muestran que para la atención integral a víctimas de violación, se necesita del trabajo conjunto de operadores de justicia y personal de salud. Luis Meza, médico gineco obstetra del Instituto Materno Perinatal, comenta sobre el caso de este centro de salud que registra 0 kits entregados en lo que va del año.

“La realidad es que este año no ha llegado ningún caso a nuestra emergencia reportando la necesidad de la anticoncepción oral de emergencia o de los kits de violencia. Nosotros estamos listos para atender, lo que pasa es que normalmente cuando suceden estos hechos lo canalizan a través de la policía, fiscalía, Ministerio Público… casi no van a los hospitales”, explica.

Este medio solicitó una entrevista con el encargado de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) del Minsa para conocer más sobre el proceso de registro de los kits de violencia y las limitaciones que los establecimientos de salud a nivel nacional reportaron durante la cuarentena para su entrega a las víctimas. Sin embargo, luego de varios días y reiteradas llamadas, la Oficina de Información Pública del Minsa no le dio a Wayka la autorización.

Los establecimientos de salud están obligados a entregar a las víctimas de violación los kits de emergencia que previenen embarazos y enfermedades venéreas. El trabajo conjunto de los CEM, policías y fiscales es fundamental para garantizar justicia y atención integral a las víctimas. La historia de ‘Rosa’, la niña de 12 años que quedó embarazada por una violación, pudo evitarse con el socorro oportuno del kit de emergencia. Con ella y con las miles de mujeres víctimas de agresión sexual, nuestro país tiene una deuda pendiente.

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