La pregunta central que debemos hacernos para decidir nuestro voto este domingo 26 de enero, es la siguiente: ¿Estamos de acuerdo con el cierre del Congreso realizado por Vizcarra, en el marco de su enfrentamiento con la mayoría parlamentaria, que obstaculizaba su política de lucha contra la corrupción y de reforma política y judicial?

La campaña de los candidatos al Congreso ha girado alrededor de todo tipo de temas, desde la demagogia de la seguridad ciudadana y obras públicas (cuando son elecciones parlamentarias y no para el Ejecutivo) hasta temas de fondo como el enfoque de género, el modelo económico y la Constitución. Sin embargo, ha quedado relegado a un segundo lugar el asunto central que nos convoca a elecciones para formar un nuevo Congreso: El anterior fue disuelto en un conflicto con el Ejecutivo relacionado con la lucha anticorrupción y la reforma de los partidos políticos, la reforma electoral y la reforma de un Poder Judicial infestado de corruptos.

Estas elecciones tienen, pues, un carácter de plesbiscito. Será mediante nuestro voto de este domingo que la ciudadanía deberá pronunciarse a favor o en contra de la decisión de Vizcarra. Así es como funciona este mecanismo constitucional: Cuando hay un impase muy grave que el Ejecutivo y el Legislativo no pueden resolver, se le pasa la pelota a los electores. Si los ciudadanos respaldan la posición asumida por el presidente, entonces pueden votar por una nueva composición del Congreso que le dé mayoría; si por el contrario, los ciudadanos consideran que el Congreso disuelto tenía la razón, entonces pueden votar para sancionar políticamente al presidente.

Pero en estas elecciones se ha perdido por completo el foco. La fragmentación y descomposición total del sistema político, la individualización de la política y un rol nefasto de los medios de comunicación han dado como consecuencia que ese elemento fundamental sea opacado por el show de promesas y ataques. Prueba de ello son las encuestas, pese a la notoria aprobación de Vizcarra y a la abrumadora mayoría que apoya el cierre del Congreso, nada de eso se refleja en las encuestas de intención de voto. No habrá una bancada “vizcarrista”, y los que defienden la bandera de la reforma política serán una minoría más entre tantas.

Aún la mitad de la población no decide su voto, por lo que es difícil estimar realmente cómo va a ser el próximo Congreso. Sin embargo, las encuestas auguran un resultado muy fragmentado, donde podría ocurrir que varios pequeños grupos, o individuos dentro de esos grupos, logren conformar una mayoría contraria a la agenda anticorrupción que motivó el cierre del Congreso anterior.

Es cierto que Fuerza Popular no será mayoría, que quizás el APRA no pase la valla y que todo indica que Contigo y Solidaridad Nacional serán castigados por el voto popular. Sin embargo, haciendo sumas y restas, es posible imaginar un escenario en el que el fujimorismo, en alianza de intereses con otras bancadas pequeñas como APP, conformen una mayoría precaria pero capaz de obstaculizar la lucha anticorrupción; en especial la reforma política. La representación de los que más decididamente apoyan las reformas, como el Partido Morado y el Frente Amplio, parece que será pequeña, y otras fuerzas que también las apoyan, como Juntos por el Perú, podrían no pasar la valla. En ese escenario, el papel de Acción Popular o Somos Perú es una incógnita, pues pueden tener algunos congresistas afines a la reforma y otros contrarios a ella, como ya se vio en el anterior Congreso.

Recordemos que el Congreso que viene, además, deberá considerar todo lo actuado por Vizcarra, tanto el cierre del Parlamento anterior, como los decretos emitidos en los últimos meses, y en particular deberá retomar el debate sobre la inmunidad parlamentaria y la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Deberá discutir, por ejemplo, si insiste con el nombramiento del primo de Olaechea como miembro del TC, lo que podría cambiar la correlación del máximo intérprete de la Constitución. Además, deberá decidir si sanciona a Mercedes Aráoz por usurpación de funciones, cometida al desconocer la decisión de Vizcarra en setiembre y autonombrarse presidenta encargada. La eventual vacancia de Vizcarra, una dulce venganza para un fujimorismo herido, también podría estar en la agenda del Parlamento.

Recordemos también que la agenda para este Congreso debería ser aprobar rápidamente una reforma política integral, superando los “parches” aprobados de mala gana por los disueltos, y permitirle al Perú tener el 2021 una campaña presidencial más democrática y transparente, sin dinero sucio, sin Odebrecht ni CONFIEP. Así pues, las tareas del próximo Congreso son importantísimas, y no podemos dejarlas en manos de una alianza de pequeños grupos de interés con capacidad para conformar una mayoría parlamentaria afín a las mafias políticas y judiciales.