Durante gestión de Álvaro Paz de la Barra, se otorgó buena pro a empresas que ofertaron el precio más alto, por lo que se pagó de forma innecesaria más de S/ 145 000, lo que perjudicó a la Municipalidad de La Molina.

Nicol León

La Contraloría General de la República halló irregularidades en contrataciones hechas durante la gestión del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien postulará para ser alcalde de Lima en las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022. Según dos informes de control emitidos por el ente fiscalizador, el municipio, bajo la administración de Paz de la Barra, contrató, de forma injustificada, a empresas que ofrecían el precio más alto. Así, el municipio pagó innecesariamente S/ 145 421.

En otro informe de control se alertó que durante el inicio del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, el municipio de La Molina dejó sin canastas básicas familiares a 64 familias que viven en pobreza y pobreza extrema porque entregó estos insumos, de forma duplicada, a servidores públicos.

En el informe de control específico 014-2021-2-2178-SCE, se lee que el Comité de Selección descalificó a la empresa APL Servicios Generales EIRL, a pesar de que ofertaba el menor precio y obtuvo el primer lugar para ofrecer servicios de transporte de personal del municipio, en el contexto de inmovilización social por la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus.

Según el municipio, la empresa APL Servicios Generales fue descalificada porque no contaba con experiencia en el servicio de transporte, lo que fue desmentido por la Contraloría tras revisar las ofertas. En cambio, el Comité de Selección otorgó la buena pro a Grupo Azareño SAC, que ofrecía el mayor precio y ya venía ofreciendo servicios al municipio de La Molina.

Así, hizo que el municipio pague de forma innecesaria S/ 35 992 «afectando la igualdad de trato, transparencia y competencia, principios que rigen la contratación del Estado».

«Se evidenció que la descalificación de este postor no debió producirse, por cuanto, la documentación presentada por el postor sí acreditaba la experiencia en la especialidad», concluyó la Contraloría, por lo que pidieron que se denuncie penalmente a Jorge Luis Guerrero Rodríguez, Carlos Antonio Sánchez Laure y Oliver Huamanyauri Herencia, miembros del Comité de Selección.

La Contraloría halló el mismo modus operandi en otro proceso de contratación del municipio de La Molina, durante la gestión de Paz de la Barra. El Comité de Selección también descalificó al postor que había ofertado el menor precio y acreditaba los requisitos de experiencia establecidos en las bases del concurso. Así, favorecieron a la empresa que ofertó el precio más alto, lo que hizo que el municipio pague innecesariamente S/ 109 429.

El hecho ocurrió en 2019, cuando el municipio buscaba una empresa que concrete la creación de la ciclovía en la avenida Alameda del Corregidor en La Molina.

Esta vez, el Comité de Selección descalificó al postor Mejesa SRL, que incluso tuvo el mayor puntaje, y benefició al postor Siadec Ingenieros SAC, empresa a la que le otorgó la buena pro a pesar de que pedía la suma de S/ 1 904 294.

«En el expediente de contratación no se advierte el procedimiento de evaluación de manera transparente y objetiva realizado por el Comité de Selección», se lee en el informe de control. Por esto, la Contraloría pidió que se abra proceso penal contra el presidente del comité, Oliver Huamanyauri Herencia, y sus otros miembros Jorge Lee Amaro Paredes y Ronald Bladimiro García Villar.

Durante la gestión de Álvaro Paz de la Barra, el municipio también fue investigado por no entregar canastas básicas a 64 familias que viven en pobreza y pobreza extrema, durante el inicio de la pandemia del coronavirus. En cambio, entregaron de forma duplicada estos insumos básicos a 23 servidores públicos y 5 locadores de servicios de la Municipalidad de La Molina.

La Contraloría pidió que se aperturen investigaciones para imponer sanciones administrativas a los responsables, pues el municipio había recibido más de S/ 370 000 para garantizar la entrega de canastas básicas familiares a personas que realmente lo necesitaban.