Redacción Wayka/ Cutivalú
Las elecciones congresales de este domingo 26 de enero podrían traer más de una sorpresa para la región Piura. Por lo menos ocho candidatos con sentencias en el Poder Judicial por los delitos de negociación incompatible, cobros indebidos de sueldo, difamación, abandono y violencia familiar, siguen en carrera y podrían llegar al Congreso.
Dentro de la alarmante lista de candidatos sentenciados que siguen en carrera para ocupar una curul en el Parlamento, figura el expresidente regional de Piura, Javier Atkins Lerggios, quien postula con el N° 1 de Perú Patria Segura y tiene una sentencia penal por el delito de negociación incompatible al haber contratado a la empresa de su sobrino político Víctor Zapata Figallo, para brindar el servicio de vigilancia en el Hospital de Apoyo II de Sullana entre los años 2013 y 2014.
También se encuentra el exalcalde de Paita Reymundo Dioses Guzmán, quien tiene una sentencia firme por cobrar un sueldo indebidamente. Postula con el N° 1 por el partido Somos Perú, y según la encuestadora Luna Consultores, está entre los favoritos para conseguir una curul en el próximo Congreso.
Además, de acuerdo a información del Poder Judicial, el candidato aún tiene investigaciones en curso por delitos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la Municipalidad de Paita. Estos presuntos delitos son colusión, usurpación de funciones, omisión de funciones, y falsificación de documentos.
Del partido Somos Perú, también sigue en carrera la candidata con el N° 4, María Rivas Plata, exregidora de la municipalidad provincial de Piura con una sentencia por el delito de difamación.
Otro de los favoritos es el candidato N° 3 del partido Alianza para el Progreso (APP), Mario Quispe Suárez, quien arrastra una sentencia firme por omisión a la asistencia familiar. Además, tiene investigaciones pendientes en el Poder Judicial por los delitos de omisión de funciones, delito que habría perpetrado cuando fue funcionario de confianza del exalcalde de Paita Porfirio Meca Andrade.
De la misma manera se encuentra el candidato del APRA César Augusto Velasco Ubillús, quien postula con el N° 6. El aprista lleva consigo una sentencia por no cumplir con sus deberes de padre de familia.
Otros de los candidatos con sentencia firme y que siguen en carrera son: David Guidino Rejas, quien va con el N° 6 del Frente Amplio, y fue sentenciado por omisión a la asistencia familiar y abandono familiar; Jesús Pingo Bayona, N° 5 de APP, sentenciado a pagar una indemnización por daños emergentes.
Del partido Unión por el Perú, su candidato con el N° 1, Alejandro Vílchez Pardo, sentenciado por el delito de difamación, también sigue en carrera para ser congresista.
Asimismo, otro aspirante al Parlamento que está en carrera y que tiene un proceso judicial por el presunto delito de lesiones leves por violencia familiar es César Augusto Castilla Panta.
Favoritos de contienda
En Piura, dos estudios de las encuestadoras Luna Consultores e Icsi Perú coinciden en señalar como candidatos favoritos por Piura a Mártires Lizana Santos (Fuerza Popular), Juan Aguilar Hidalgo (Acción Popular), Reymundo Dioses Guzmán (Somos Perú), Angélica Palomino Saavedra (Partido Morado), Mario Quispe Suárez (Alianza Para el Progreso), Edward Zárate Antón (Fuerza Popular) y Franco Salinas López (Acción Popular).
Mártires Lizana fue parlamentario fujimorista del Congreso disuelto, y junto a su bancada emitió votos que blindaron al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejo, ambos integrantes de la presunta red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Ahora se promociona por los mercados y centros poblados de Piura, con “El ritmo del chino”, canción de campaña de la ilegal re-reelección de Alberto Fujimori en el año 2000.
Además, Lizana Santos tiene tres procesos penales pendientes por presuntos delitos de corrupción; el primero por colusión agravada (Expediente: 01798-2019-1-2001-JR-PE-06), otro por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (Expediente: 04415-2018-1-2001-JR-PE-06), y el tercero por malversación de fondos (Expediente: 01798-2019-0-2001-JR-PE-06). Todos en agravio de la Municipalidad distrital de Huarmaca (Huancabamba) donde fue regidor (2003- 2006) y dos veces alcalde (2007-2010 y 2011- 2014).
Por otro lado, el candidato de Acción Popular Franco Salinas López también es cuestionado en las redes sociales, debido a que desde hace algunos años trabaja como asesor de la Municipalidad de Magdalena del Mar en Lima. Sin embargo, este año su presencia en Piura se hizo frecuente y notoria para participar en las elecciones.
Para el sociólogo de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Edison Torres Aldave, existe un “masoquismo político” de los peruanos porque sabiendo de los cuestionamientos que tienen algunos partidos, siguen eligiendo a autoridades cuestionadas.
“Hemos tenido en el Parlamento anterior una alianza aprofujimorista. Entre ellos se van mimetizando, pero a pesar de ello, continúan siendo respaldados por la población. Entonces hay un masoquismo político”, expresó.
Retirados por omitir información
Estas elecciones han confirmado, una vez más, que el filtro de los partidos políticos no funciona. En esta contienda ,11 candidatos fueron excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque no declararon sentencias o procesos judiciales en su contra.
Del partido Podemos por el Progreso del Perú se excluyó a Luis Zeta Ramos, porque no declaró tres sentencias en materia civil. De Unión por el Perú, se excluyó a Mirtha Montenegro Rivera, quien tiene dos sentencias en materia civil; Mientras que Oswaldo Peña Castillo, de Democracia Directa, no declaró una sentencia por omisión a la asistencia familiar.
Zarela Reusche Alvarado, de Contigo; y Luis Gerardo Távara Cherre, de Avanza País, fueron excluidos porque no declararon una sentencia por violencia familiar. Mientras que, Ignacio Navarro Yamunaqué, de Renacimiento Unidad Nacional, no informó dos sentencias por robo agravado y resistencia a la autoridad.
Asimismo, fueron excluidos los candidatos Esteban Lijap Hidalgo, de Acción Popular, porque no declaró una sentencia por el delito de seducción; Wilmar Elera García, porque no declaró que dos sentencias en materia civil que lo obligaban al pago de garantías; Benjamín Samaniego Farfán, porque no declaró una sentencia de lesiones; y la candidata, Grecia Ruiz Elías, porque tampoco declaró un proceso civil en su contra.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también excluyó a otros 16 candidatos porque no declararon y dieron información inexacta sobre sus propiedades. Algunos de ellos son Jorge Lovon Cueva, José Práxedes Feria Madrid, Gilberto Carrasco Meniz, Maritza Gil Ordinola, Fidel Percihe Martínez, Pedro Zapata Monteza entre otros.