Redacción Wayka
Población indígena en alerta. El Pleno del Congreso de la República del último miércoles 2 de junio rechazó el pedido de reconsideración en contra del proyecto de ley que propone “reconocer a los comités de autodefensa y desarrollo rural e incorporarlos en el sistema de seguridad ciudadana”, pese a que organizaciones de la sociedad civil y especialistas advierten que la norma busca militarizar los territorios de los pueblos indígenas sería peligroso e inconstitucional.
Desde la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), el congresista Perci Rivas Ocejo propuso el proyecto de ley en cuestión con el fin de conformar comités de autodefensa en distritos que se declaren en emergencia, con el fin de que se apoyen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra el narcoterrorismo. Si bien su proyecto quedó en espera por un pedido de reconsideración del congresista Lenin Bazán, este fue finalmente ratificado en el Pleno de ayer.
Para Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, especialista en derechos de las comunidades indígenas, la población rural no puede ser utilizada como carne de cañón en la lucha contra el narcoterrorismo. “Una cosa es enfrentar el abigeato y la delincuencia menor y otra enfrentar el terrorismo y el narcotráfico que tiene mayor nivel de fuego. Empujar a la población a estas batallas, es poner en peligro la vida, la integridad física y la salud de la población».
De acuerdo a las impresiones del especialista del IDL, este proyecto de ley empuja a las poblaciones indígenas y rurales ubicadas en zonas cercanas al VRAEM a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, poniendo en peligro sus vidas, integridad física y salud. “La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo no es tarea de la sociedad civil», opina Ruiz Molleda.
Por lo menos una veintena de organizaciones indígenas y campesinas expresaron su rechazo público a la ley que intenta imponer grupos armados en sus territorios. “No a la militarización del territorio de pueblos indígenas”, zanja un pronunciamiento firmado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y otras organizaciones.
Entre las funciones que propone el proyecto de ley, los comités de autodefensa conformados por miembros de las comunidades deberán desarrollar acciones de prevención contra la delincuencia y el narcoterrorismo, así como realizar patrullajes en coordinación con la PNP y las Fuerzas Armadas. Estos comités de autodefensa, además, recibirán armas de fuego del Estado y serían entrenados por el Ejército.
Frente a esa propuesta legislativa, recientemente aprobada por el Pleno del Congreso, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda enfatiza que militarizar y entregar armas de fuego a la población rural resulta incompatible con el derecho a la paz prevista en el artículo 2.22 de la Constitución. “En contexto donde se intenta pacificar el campo luego de largos y prolongados periodos de violencia política y de un largo periodo de pacificación en el Perú, militarizar las zonas rurales, a través de la entrega de armas resulta contraproducente y peligroso, pues constituye una amenaza al derecho a paz”, señala.
