Redacción Wayka
Con el fin de frenar la criminalización de la protesta de las comunidades indígenas, el Colegio de Abogados de San Martín –con el apoyo del Instituto de Defensa Legal y Earthrights International- han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que permiten los convenios entre las empresas extractivas activas en el país y la Policía Nacional del Perú.
Tres instituciones presentaron hoy ante el Tribunal Constitucional del Perú una demanda contra el presidente Martín Vizcarra, el premier Salvador del Solar, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el ministro del Interior, Carlos Morán, y el director general de la PNP, Richard Zubiate, quienes serían las autoridades pertinentes de actuar.
La primera norma en cuestión es la Ley N° 27238, conocida como la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, que permite la posibilidad de celebrar convenios entre la PNP y las empresas privadas.
La segunda norma que busca ser derogada, con la presente demanda, es el Decreto Supremo N° 003-2017-IN, que estableció los “Lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial”, la cual permite que los policías fijen sus remuneraciones sobre los convenios con las empresas.
Uh informe de la organización Earthrights Internacional concluyó que de los 138 convenios firmados entre las empresas extractivas y la PNP, 29 siguen vigentes, de los cuales 5 se firmaron en Cajamarca, 2 en la Amazonía y 10 en el corredor minero, zona de conflicto entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) contra el proyecto minero Las Bambas, de la empresa china MMG.
Como se recuerda, la Fiscalía viene investigando a dirigentes de Fuerabamba y a sus abogados por ser parte de una supuesta organización criminal dedicada a la extorsión, luego de que los comuneros bloquearan la carretera y exijan 2 mil millones de soles para que la empresa MMG transite por el tramo que era de propiedad de la comunidad.
