Primera medida concreta. Hoy a primera hora, el diario de normas legales El Peruano llegó con algunos decretos supremos orientados a gravar a bebidas azucaradas y otros productos de alto impacto en salud pública y el ambiente. Uno de ellos, por ejemplo, el Decreto Supremo N° 091-2018-EF, eleva el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 17 a 25% a todas aquellas bebidas cuyo contenido en azúcar sea de 6 gramos o más por cada 100 mililitros de bebida. Esto incluye, por ejemplo, a las gaseosas y a no gasificadas como los jugos de caja, cerveza sin alcohol, entre otras, aunque se indica que quedan exceptuadas productos farmacéuticos o productos autorizados por Digemid para la lactancia materna.

Más productos

También se subieron impuestos a otros productos dañinos para la salud o el ambiente: por ejemplo, los cigarrillos elaborados a base de tabaco negro y/o rubio verán incrementado su ISC de S/.0,18 a S/.0,27 por cigarrillo. Los licores con contenidos de alcohol de 0 a 6 grados, el ISC se mantiene pero la tasa al valor según precio de venta al público sube de 30 a 35%; y los licores con contenido mayor o igual a 20 grados, también mantendrán su ISC pero el impuesto al valor subirá de 25 a 40%.

En cuanto a los combustibles, el diesel B2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 partes por millón pagará desde mañana un ISC de S/. 1,70 por galón y la tasa impositiva para las gasolinas variará entre S/.1.13 y S/1.27 por galón. Por último, para promover un menor impacto del creciente parque automotor, se dispone que los vehículos nuevos para transporte de pasajeros con sistema dual -eléctrico o a gas por ejemplo- no pagarán impuestos, en cambio los de gasolina pagarán un ISC de 10%, los de diésel un 20% y los usados un 40%. Sin embargo las camionetas tipo ‘pick-up’ no pagarán ISC por ser considerados como un bien de capital.

Algunas razones

Desde el gobierno, se sustentan dichas medidas, no solo como parte de un eventual paquete de medidas que buscan elevar la recaudación fiscal, tan venida a menos en los últimos años -Perú es, según el investigador de Cooperacción José De Echave, uno de los cinco países del mundo con el % de recaudación tributaria respecto al PBI más bajo- sino para atacar indirectamente los millonarios costos que el sistema de salud pública y el sector ambiental deben asumir por los efectos de un alto consumo de dichos productos, es decir los escasos recursos públicos que deben destinarse a afrontar los tratamientos de una cada vez más creciente tasa de enfermedades cardiovasculares, o las medidas de mitigación ante una mayor recurrencia del cambio climático por el aumento de emisiones de CO2 poducto de combustibles fósiles.

Primeras reacciones

El representante de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Crisólogo Cáceres, se mostró a favor de esta decisión del gobierno, en el sentido de que desincentivaría el consumo de dichos productos que afectan “la salud de la población, porque los índices de sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer están en aumento en el Perú”. Su declaración va en la línea de lo que hace poco reportó la Organización Panamericana de la Salud (OPS): que la obesidad infantil se duplicó en los últimos años y con ella se hace latente el incremento de enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas con la columna y articulaciones..

Efectivamente, el consumo de los productos que hoy amanecieron con una alza impositiva, representa gastos millonarios para los países. Según la Cepal, el costo de salud pública asociado a enfrentar enfermedades generadas por el alto consumo de dichos productos bordearía el 3% del PBI peruano.

Dicha política de elevación de impuestos para mitigar esos ingentes gastos públicos también es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como una de las medidas de largo plazo que los países deben implementar y mantener para tener poblaciones más saludables y costos de salud pública más afrontables.

Desde el sector industrial las alarmas ya empezaron a sonar.  La Asociación de Bebidas y Refrescos sin Alcohol, por ejemplo, aduce que esta medida afectará la economía de más de 300 mil bodegas cuyo ingreso por la venta de dichas bebidas representa hasta el 40% del total. Por su parte la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ya se había pronunciado en contra de esta medida por su probable contribución al aumento de informalidad y adulteración de las bebidas.  No dudamos que se vienen más reacciones.