Redacción Wayka
Celia Ramos Durand, Mamérita Mestanza Chávez, Alejandrina Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Espinola Otiniano son solo algunas de las más de 1300 mujeres que fueron sometidas contra su voluntad a las esterilizaciones forzadas ordenadas por el régimen de Alberto Fujimori. Más de veinte años después, el Tribunal Constitucional decidirá si los altos funcionarios fujimoristas responsables de los hechos seguirán procesados judicialmente o serán absueltos.
Mañana martes 27 de octubre, el Tribunal Constitucional resolverá sobre un recurso de amparo presentado por el exministro de salud, Marino Costa Bauer, que busca la anulación del proceso judicial que se sigue contra su persona, el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, y otros presuntos autores inmediatos por las esterilizaciones forzadas cometidas contra más de 1300 mujeres.
Y es que desde la arena judicial, las mujeres víctimas de esta política del régimen fujimorista solo han tenido fallos y audiencias suspendidas con sabor a impunidad. En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca exculpó al expresidente Fujimori de este caso; y dos años después, a mediados del 2016, la fiscal Marcelita Gutiérrez decidió mandar el caso al archivo por considerar que los acusados no cometieron delitos de lesa humanidad ni autoría mediata.
Recién en noviembre de 2018, el Ministerio Público acogió la denuncia de miles de mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas e inició un nuevo proceso contra Alberto Fujimori, Marino Costa Bauer y otros altos cargos del régimen. La primera audiencia se fijó para el 9 de diciembre del 2019 pero un repentino cambio de fiscal frenó el proceso.
El caso finalmente cayó en manos de la fiscal Edith Chamorro, y el Poder Judicial fijó la audiencia para el 20 de marzo de este año, la misma que se vio suspendida por la emergencia sanitaria. Se ha fijado una audiencia de sustentación de cargos para el 11 de enero de 2021. Sin embargo, en este contexto el caso corre peligro, pues el exministro Marino Costa recurrió al Tribunal Constitucional alegando que el plazo de investigación había vencido y que se estaría violando sus derechos fundamentales. La larga espera por justicia de más de 1300 mujeres está en manos del magistrado Manuel Miranda Canales, ponente del caso, y de los otros miembros del TC.
