Trabajadora que denunció a ex jefe de Sunafil por acoso sexual continúa esperando justicia
La defensa de Maritza exige que no se le siga revictimizando a costa de su salud y que el juicio oral determine la sanción para el exfuncionario estatal, quien ya recibió una sanción administrativa por los hechos.
En 2022 se dio a conocer una denuncia por acoso sexual del entonces jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Victor Loyola Desposorio, contra una trabajadora del mismo Ministerio de Trabajo, tras asumir su cargo como jefe en la institución pública. Según el testimonio de la presunta víctima, los hechos ocurrieron entre setiembre y noviembre del mismo año.
Han pasado casi dos años y el proceso judicial aún no se ha resuelto, pese a que en marzo del 2023 el entonces ministro de trabajo, Luis Alfonso Adrianzen, solicitó su renuncia, y a que mediante resolución 129-2023 TR, Loyola Desposorio fue sancionado por la vía administrativa con 240 días de suspensión sin goce de remuneraciones en calidad de ex funcionario público.
Según el abogado de la denunciante, Aaron Aleman, el Ministerio Público ha decidido resolver el caso mediante juicio oral, sin embargo, existe un fundado temor de que la presunta víctima sea revictimizada, en un contexto en el que su afectación emocional debido a este caso ha sido muy alta.
“Este caso amerita que se haga justicia a favor de ella por la lucha que ha afrontado, que ha sido bastante plausible incluso en contra de lo que establecen las normativas internacionales, en el sentido en que ya la víctima cuando hace la denuncia debería ser plasmada como la única declaración, pero igual, a pesar de eso, ha llevado nuevas interacciones, nuevas intervenciones, porque lamentablemente el sistema de justicia peruano nos obliga a, por ejemplo, ir a un centro médico, un centro psicológico, declarar a la policía, declarar a la fiscalía, hacer una nueva ampliación de denuncia, es desgastante para una víctima”, afirmó el abogado.
Por este hecho, declaró que espera que la fiscalía tome las declaraciones previas de la víctima que han sido “copiosas, contundentes y categóricas” para determinar la responsabilidad del denunciado, y no sea llamada como testigo principal para no someter más al recuerdo de los hechos a la denunciante.
Las pruebas y testigos
Maritza, la presunta víctima, conoció a Victor Loyola en el año 2021, mientras ella trabajaba en el despacho del viceministro de Trabajo de ese momento, Edilberto Jaime Ríos, quien llevó a Loyola como su asesor en noviembre del 2021.
Desde entonces, varios de sus compañeros aseguran haber visto al inicio una interacción en apariencia cordial entre ambos, sin transgredir “las formas” (por lo menos no públicamente) como mencionan al dar sus testimonios, recogidos en el informe que resuelve la sanción administrativa contra el denunciado.
Según el testimonio de la misma Maritza, durante los meses del denunciado acoso sexual, sus mismos compañeros le advirtieron que tuviera cuidado porque Loyola pedía, especificamente, que ella se encargara de situaciones específicas, como llevar un documento entre su despacho y el del viceministro, Dichos compañeros se presentaron como testigos y rindieron manifestación de lo ocurrido.
Además, presentó conversaciones por WhatsApp en las que ella pedía ayuda a sus compañeros porque Víctor Loyola la había encerrado en su despacho, había intentado besarla, o le insinuaba que quería ser su pareja, diciéndole que de esa forma ella tendría una mejor paga, además de otros episodios de acoso.
Junto a dichas conversaciones, su testimonio también fue avalado por los videos de las cámaras de seguridad que permiten reconstruir lo relatado por la denunciante.
Otra de las pruebas presentadas en el caso es el informe psicológico realizado a Maritza que encontró afectación psicológica y emocional relacionada con los hechos denunciados. Incluso en parte del informe se especifica la presencia de llanto espontáneo e indicaciones de depresión y ansiedad moderada.
El abogado de la denunciante explica que ante las acusaciones Loyola siempre ha negado haber cometido acoso y que no existen pruebas. Incluso él y su defensa observaron la acusación de la Fiscalía, sin embargo ya en la audiencia desistió de realizar esa observación y decidió continuar con el juicio. Cabe resaltar que, según el abogado de la denunciante, Loyola no se ha sometido a la pericia psicológica solicitada por la Fiscalía.
Maritza ahora se encuentran a la espera de que se ponga fecha para el inicio del juicio oral, y que tanto los testimonios y las pruebas presentadas, así como el informe de la misma SUNAFIL en el que sanciona a Loyola por la denuncia realizada, sean suficientes para que ella obtenga justicia.
