Especialistas alertan retroceso tras eliminación del enfoque de Educación Sexual Integral en escuelas

El Ministerio de Educación aprobó un nuevo lineamiento de educación sexual con “base científica, biológica, ética y moral”, dejando atrás el concepto de Educación Sexual Integral (ESI) establecido en la Resolución Viceministerial 169-2021. La medida, impulsada en medio de una fuerte presión de sectores ultraconservadores y agrupaciones antiderechos, ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que el cambio no es solo terminológico, sino un retroceso en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual y la desinformación.

La nueva disposición, oficializada por el Minedu, elimina el enfoque integral que contemplaba dimensiones políticas, históricas, culturales y sociales de la sexualidad. Para Brenda Álvarez, directora de Proyecta Igualdad y especialista en Educación Sexual Integral, esta modificación “reduce el marco conceptual con el que los docentes pueden abordar situaciones reales en el aula”.

“Eliminar el término ‘integral’ no es solo un ajuste semántico. La norma de 2021 nombraba explícitamente problemáticas como el bullying homofóbico, la violencia de género y los derechos sexuales. Al suprimir esas categorías, los temas no nombrados tienden a volverse invisibles en la planificación curricular”, explicó Álvarez a Wayka.

La especialista sostiene que la diferencia entre una educación sexual integral y otra centrada únicamente en aspectos biológicos o preventivos radica en el alcance. Mientras la ESI incluía componentes vinculados a identidad, autonomía, afectividad, consentimiento y pensamiento crítico, el nuevo lineamiento reduce los contenidos a dimensiones “biológica, socioafectiva y ética-moral”.

“Una educación enfocada solo en lo biológico puede enseñar cómo funciona el cuerpo o cómo evitar un embarazo, pero no necesariamente ayuda a un adolescente a reconocer una relación violenta, cuestionar estereotipos o expresar emociones de forma saludable”, señaló.

Álvarez recordó que organismos internacionales como UNESCO y UNFPA han advertido que los programas más efectivos son aquellos que combinan información científica con habilidades socioemocionales y perspectiva de derechos.

Violencia sexual y embarazo adolescente

La preocupación crece en un contexto donde las cifras de violencia sexual contra menores continúan siendo alarmantes. La propia resolución del Minedu reconoce que en el Perú se registran 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, además de 103 nacimientos diarios de madres menores de 19 años.

Sin embargo, según Álvarez, la nueva norma elimina referencias explícitas a problemáticas clave como la violencia de género, el grooming y el acoso cibernético.

“La prevención empieza por nombrar las cosas, y lo que esta norma ha hecho es dejar de nombrar varias de ellas”, advirtió. “Si lo que ya se implementaba en las escuelas era insuficiente frente a la magnitud de estas problemáticas, ahora el riesgo es que sea prácticamente inexistente en muchos contextos, especialmente rurales y vulnerables”.

La especialista alertó que esta omisión puede afectar directamente la capacidad de docentes y estudiantes para identificar situaciones de abuso o violencia en entornos físicos y digitales.

Compromisos internacionales en riesgo

Además de las implicancias pedagógicas, especialistas advierten posibles contradicciones con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. El Perú es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Consenso de Montevideo, instrumentos que promueven la implementación de educación integral para la sexualidad desde la infancia.

“La propia resolución cita estos compromisos para justificarse, pero al mismo tiempo reduce el marco conceptual y de acción que permitía cumplirlos”, cuestionó Álvarez.

El debate sobre la ESI ocurre en un escenario político marcado por el avance de discursos conservadores dentro del Congreso y espacios del Estado. En los últimos años, parlamentarios y colectivos vinculados a la llamada “ideología de género” han impulsado campañas para limitar contenidos sobre igualdad de género, diversidad y derechos sexuales en el sistema educativo.

Para Álvarez, existe el riesgo de que las decisiones educativas terminen subordinadas a intereses ideológicos y electorales antes que a evidencia científica.

“Es lamentable que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información que los proteja quede subordinado a cálculos políticos”, afirmó. “El futuro de una generación no puede hipotecarse por las decisiones de unos cuantos legisladores”.

Pese al cambio normativo, la especialista subrayó que la vigilancia ciudadana será clave para evaluar cómo se implementará el nuevo lineamiento en las aulas.

“Más allá de cómo se llame la norma, lo que importa es lo que efectivamente llega al aula y si eso será suficiente para que un niño aprenda a reconocer el peligro, desaprenda la violencia machista y pueda tomar decisiones informadas sobre su vida”, concluyó.

Ciudadanía y organizaciones se pronuncian

Organizaciones de derechos humanos han rechazado la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, que elimina los lineamientos previos de Educación Sexual Integral (ESI). A través de un pronunciamiento, DEMUS advirtió que la norma representa “un grave retroceso” porque deja de reconocer la violencia de género como un problema estructural y abre la puerta a que “dogmas religiosos y concepciones morales particulares sustituyan al conocimiento científico”. La organización alertó además que reducir la sexualidad únicamente a lo reproductivo debilita herramientas fundamentales como el consentimiento, el autocuidado y la prevención del abuso sexual infantil.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó que el nuevo enfoque limite contenidos sobre igualdad de género y prevención de violencia en un contexto donde, según cifras oficiales, se registran 59 casos diarios de violencia sexual contra menores de edad. Para ambas organizaciones, la eliminación del enfoque integral contradice estándares internacionales de derechos humanos y deja más desprotegidas a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia, embarazo adolescente y abuso sexual.

Por: Silvia Bardales Q.

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