Violencia sexual y minería ilegal ponen en riesgo a niñas y adolescentes en Condorcanqui

En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, las niñas y adolescentes indígenas viven entre dos amenazas que se retroalimentan: la violencia sexual y la minería ilegal. Según Rosemary Pioc Tenazoa, lideresa awajún y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, docentes acusados de violar a niñas y adolescentes indígenas han encontrado en la minería ilegal un nuevo refugio.

Allí, lejos de enfrentar la justicia, continúan en contacto con menores, ahora como mano de obra en campamentos mineros, lo que demuestra que aún persiste el abandono estatal y permite que ambas problemáticas avancen en la zona.

Violencia sin castigo

En 2024, junto a su organización, Pioc denunció 524 casos de violencia sexual cometidos por profesores contra estudiantes indígenas. Lejos de disminuir, las cifras han crecido. Según el Ministerio de Educación, al 8 de mayo de 2025 se separó a 781 docentes acusados o procesados por delitos como violación a la libertad sexual y terrorismo; 665 de ellos, más del 85 %, por violencia sexual.

Según un reportaje de Ojo Público, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui atiende actualmente 373 denuncias por violencia sexual, la mayoría contra docentes. Sin embargo, los procesos judiciales avanzan con tal lentitud que muchos agresores continúan libres.

Además, en 2021, se denunció al director de una escuela en Río Santiago por la presunta violación de una alumna de 15 años. Tres años después, el caso sigue “en proceso”. “Si las niñas de la Amazonía fueran artistas mediáticas, ya hubiera justicia”, afirma Pioc.

Por otro lado, la lideresa agregó que hay falta de recursos para apoyar apoyar las investigaciones. “La fiscalía o la policía no tienen ni papel ni tinta, no tienen computadora. Se necesita una purga de autoridades en Condorcanqui. Hay mucha corrupción”, denuncia la lideresa.

De las aulas a la minería ilegal

Para Pioc, la minería ilícita no solo destruye el territorio, sino que se ha convertido en el refugio de docentes acusados de violencia sexual. En varias comunidades, incluso niños y adolescentes son reclutados para trabajar en las dragas.

“La minería ahora lo que ha hecho es captar a jóvenes, a niños, a niñas. Y cuando llega el Estado para hacer interdicciones, en las dragas están llenos de menores. Los ponen como un escudo. El accionar del Estado es muy débil en el territorio”, advierte.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha anunciado medidas como la apertura de un Centro de Emergencia Mujer en la Comisaría Sectorial de Condorcanqui, con 25 profesionales que trabajan las 24 horas, y un programa piloto en la comunidad de Canampa llamado Aynikuy, que involucra a mujeres sabias locales en la prevención de la violencia.

Además, gracias a la cooperación con la Embajada de Estados Unidos, se entregó una chalupa motorizada para llegar a zonas remotas. Sin embargo, para las organizaciones indígenas, estas acciones no atacan el núcleo del problema de impunidad y la falta de control sobre las economías ilegales.

“Solamente se ve a la Amazonía por su riqueza, pero cuando como pueblos originarios nos levantamos, piensan que somos conflictivos. La contaminación nos está matando y, ¿qué hace el Estado? Nada”, concluye Pioc.

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