Vizcarra y las constructoras corruptas, por Pedro Francke

Los hermanos José y Humberto Graña, de Graña y Montero, dueños y gerentes de la principal constructora peruana socia de Odebrecht, ya están libres. No solo eso: pocos días después de que salieran libres, Graña y Montero ganó un nuevo proyecto por el que recibirá más de 300 millones de dólares por obras en la refinería de Talara. Ellos no quieren colaborar con la justicia y siguen negando las coimas, a pesar de que las pruebas son claras: mediante unas utilidades especiales por supuestos “riesgos adicionales” le pagaron a Odebrecht por su parte de la coima, la misma que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han señalado que conocían y compartieron.

En Brasil, para que la empresa Odebrecht siguiera operando, tuvieron que reconocer todos sus delitos, aportar las pruebas correspondientes y reestructurar toda la empresa, sacando de la misma a más de 50 gerentes. Acá GyM y las demás empresas asociadas a Odebrecht y del “club de la construcción”, siguen como si nada: no colaboran con la justicia y siguen recibiendo millones del Estado.

Pocos meses atrás, en acuerdo con PPK, la mayoría Fujimorista (Keiko y Kenji) del Congreso aprobó la ley 30737, que reemplaza al DU 003 sobre este tema. En estas semanas el gobierno Vizcarra debe aprobar el reglamento de esta ley, y aunque la 30737 es mala porque no presiona a las empresas a una colaboración eficaz con la Fiscalía, el reglamento podría establecerlo.

El punto de fondo es si Vizcarra va a dar un giro en la lucha contra la corrupción o si va a seguir la política de PPK de echarles una mano a los grandes empresarios corruptos, bajo el pretexto de “no interrumpir la cadena de pagos”. Un giro es indispensable para que se reestablezca un mínimo de confianza ciudadana en el Estado y de esa manera se dé sustento al ánimo de los peruanos respecto a asuntos básicos como el pago de impuestos.

El problema es que el reglamento de la ley 30737, según ha dicho el premier Villanueva, se está consultando, pero no a la ciudadanía. Según la prensa, se está consultando a los bancos y financieras. Es decir, a quienes tienen como interés primordial el que los negocios de los corruptos sigan para que les paguen lo que les deben, no en que la justicia prevalezca y se limpie toda esta mugre. Muy mal.

Es buena política consultar normas claves, pero de manera abierta y transparente, no de manera exclusiva, y menos dando especial poder de influencia a quienes no necesariamente coinciden con el interés público. Hay que estar atentos a los pasos del gobierno sobre este asunto en los próximos días.

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