Por Alvaro Meneses
Dos años han pasado desde las manifestaciones contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama que fueron reprimidas por la policía hasta dejar dos víctimas mortales y más de 120 heridos entre graves y leves. No obstante, las dos investigaciones fiscales que buscan responsables por esas muertes y lesiones se encuentran estancadas por manos de un Congreso que blinda a sus aliados políticos y un Poder Judicial que no quiere hacerse cargo de los casos.
Por un lado, la indagación llevada por la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (PCM) y Gastón Rodríguez (Mininter) fue frenada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que aprobó un informe del parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) que recomendaba archivar la investigación.
Por el otro, también se encuentra detenida la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima contra los mandos policiales Alejandro Lam Almonte, Jorge Luis Cayas Medina, Carlos Vicente Villafuerte Salas y Percy Alberto Tenorio Gamonal por los presuntos delitos de homicidio doloso y lesiones en el marco de violaciones a los derechos humanos. El motivo: una sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada no quiere tomar el caso.
SE LAVAN LAS MANOS
El estancamiento en el Poder Judicial inició el pasado 26 de julio de 2021, cuando el policía investigado Percy Tenorio Gamonal solicitó al Ministerio Público copias digitales de un extracto de la carpeta fiscal. Su pedido fue rechazado, pero la Fiscalía puso la documentación a su disposición para que la revise en persona.
Tras el incidente, la defensa legal de Tenorio Gamonal presentó una tutela de derechos ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado. Es decir, un recurso para anular la investigación en su contra por las muertes y lesiones ocasionadas por la represión policial en noviembre de 2020. Su pedido fue admitido por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria.
En el acto, la Fiscalía a cargo del caso presentó un recurso de apelación que fue derivado a la instancia superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, donde los jueces declararon no tener competencia para encargarse del caso y ordenaron que el proceso sea devuelto al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria y enviado a un juzgado común.
En sus fundamentos, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional sostuvo que no le competía encargarse del caso porque los hechos investigados no fueron de “repercusión nacional” ni que se trate de un caso de violación de derechos humanos. “Los hechos ni sus efectos superarían el ámbito territorial de un distrito judicial, al haberse suscitado únicamente en el distrito de Cercado de Lima, concluyendo que no se evidencia la correspondiente trascendencia nacional”, dice la resolución.
Ante el desentendimiento de los jueces frente al caso, la Fiscalía suspendió el plazo de investigación así como todas las diligencias hasta que se defina el órgano jurisdiccional que estará a cargo del proceso.
Para Jimmy Sotomayor, abogado del Estudio Arbizú & Gamarra que defiende a un grupo de los deudos y heridos del 14N, “los argumentos señalados por la Sala Nacional menosprecian la muerte de Bryan e Inti y desconocen completamente el contexto en el cual fueron asesinados por el Estado”. “La Fiscalía suspendió la investigación porque no tenemos un juzgado den investigación preparatoria que garantice la legalidad de la investigación”, agrega Sotomayor.
Es decir, si la investigación fiscal continúa pese a no contar con un juzgado que esté a cargo del caso, el proceso corre el riesgo de anularse y archivarse.
Por su lado, el fiscal Daniel Jara Espinoza, de la Segunda Fiscalía Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, presentó un recurso de casación excepcional que pide anular la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que concluyó no tener competencias para encargarse de la investigación contra los mandos policiales involucrados en la represión contra las marchas de noviembre de 2020.
El recurso de casación excepcional presentado por el fiscal Jara Espinoza se encuentra actualmente en la Sala Penal Suprema, donde el ponente del caso será el magistrado César San Martín Castro. Y la discusión se definirá con los votos de los jueces Manuel Luján Tupez, María del Carmen Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez. No obstante, pese a que han pasado dos años desde el 14N, aún no atienden el caso.
