Redacción Wayka
Pese a que una subcomisión del Congreso declaró procedente dos denuncias constitucionales contra el excontralor y actual parlamentario de Unión Por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, Manuel Merino de Lama aún no ha convocado a la Comisión Permanente, grupo de trabajo en donde se tratan las denuncias constitucionales.
Hace tres meses, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso cometidos durante su gestión como titular de la Contraloría General de la República.
Y a fines de setiembre, con ocho votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente estas dos denuncias contra el impulsor de la vacancia presidencial. Los congresistas Martha Chávez (FP), Carlos Mesía (FP), María Gallardo (PP) y José Vega Antonio (UPP) se abstuvieron de votar sobre la procedencia de las denuncias contra Alarcón.
Ahora, congresistas de tres bancadas alzan su voz de reclamo contra el presidente del Congreso,Manuel Merino de Lama, quien debería convocar a la Comisión Permanente para debatir y votar sobre las denuncias constitucionales que pesan contra el excontralor Edgar Alarcón, quien también preside la Comisión de Fiscalización donde actualmente se investiga al presidente Martín Vizcarra por el caso Swing.
“Para nosotros es muy importante porque es una muestra de que queremos cortar todo ese blindaje que ha habido a favor de los personajes que todos conocemos de los últimos años (…) no queremos que se repita esto ahora”, dijo Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio. Parlamentarios del Partido Morado y del Frepap comentaron sus pedidos en el mismo sentido.
Entre otras faltas
A la par, diversas bancadas han exigido la salida de Alarcón de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y un análisis técnico de especialistas del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) concluyó que el congresista de UPP incumplió con varias normas del Reglamento del Congreso antes, durante y después de la difusión de los audios con los que impulsó la vacancia presidencial.
El documento, que enviado a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso, enumera las faltas de Alarcón en el proceso de la vacancia presidencial que impulsó, como saltarse la autorización de la mayoría de esa comisión para exponer las pruebas públicamente, no verificar la veracidad de los audios antes de exponerlos.
Alarcón también habría incumplido el artículo 88 del Reglamento del Congreso, que dicta que la persona que pida la vacancia no participe de la investigación preliminar. En este caso, pese a que Alarcón difundió los audios e impulsó dicho proceso, también participa en la elaboración del informe de la Comisión de Fiscalización.
