2025: los derechos humanos retroceden en el Perú, alerta Human Rights Watch

El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) advierte que en 2025 Perú experimentó retrocesos significativos en materia de derechos humanos y democracia, con debilitamiento institucional, impunidad por violaciones graves y restricciones crecientes al espacio cívico, lo que pone en riesgo libertades fundamentales y la protección de derechos de sectores históricamente vulnerables.

Debilitamiento del Estado de derecho

Según HRW, el Congreso peruano adoptó medidas que “fomentaron la impunidad, debilitaron las instituciones democráticas y erosionaron la independencia judicial” durante 2025. Estas acciones incluyeron la aprobación de una ley de amnistía que otorga impunidad por delitos graves cometidos durante el conflicto armado interno, promulgada a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado suspender su aplicación para evaluar su compatibilidad con obligaciones internacionales.

El informe también alerta que más de la mitad de los parlamentarios estaban bajo investigación por corrupción u otros delitos, y que el nuevo proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia —órgano clave para la separación de poderes— “no cumplió con estándares internacionales de transparencia, publicidad ni participación ciudadana”.

Impunidad y memoria histórica

HRW documenta la persistente impunidad por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, señalando que nadie había sido condenado por el asesinato de 49 manifestantes y transeúntes, y que el 70 % de las investigaciones permanecía en una fase preliminar sin avances tangibles.

Además, el archivo de la denuncia constitucional contra la entonces presidenta Dina Boluarte, cuestionada por su papel en la represión de las protestas, refleja para HRW una falta de rendición de cuentas para autoridades acusadas de graves abusos.

Ataques a la sociedad civil

El reporte critica que el Congreso y la administración boluarteana crearon un entorno hostil para defensores de derechos humanos y periodistas independientes. En marzo de 2025 se aprobó una ley que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional facultades amplias sobre ONG con financiamiento extranjero, incluyendo prohibiciones de usar esos fondos para acciones legales contra el Estado, lo que HRW calificó como un “preocupante límite al espacio cívico”.

La organización también documenta casos de persecución y vigilancia judicial de periodistas, y señala que varios comunicadores enfrentaron cargos por difamación o investigaciones penales tras ejercer su labor investigativa.

Violencia, seguridad y derechos económicos

El informe destaca que la inseguridad ciudadana se intensificó, con un aumento de los homicidios en 2025 y un alza de extorsiones, lo que generó protestas en distintas ciudades exigiendo respuestas efectivas del Estado. Las medidas de emergencia adoptadas —que suspendieron derechos constitucionales en ciertas áreas— no lograron reducir los índices de violencia, según HRW.

En el ámbito económico y social, casi 28% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza monetaria en 2024, y la economía informal se mantuvo en niveles altos, afectando especialmente a comunidades rurales y trabajadores con bajos ingresos.

Derechos de las mujeres, diversidad e identidad

La situación en torno a derechos reproductivos también fue objeto de preocupación en el informe. Aunque el aborto terapéutico es legal cuando la vida o salud está en riesgo, cambios en las directrices del Instituto Materno Perinatal han dificultado el acceso en la práctica, lo que para HRW exacerba las barreras para mujeres, niñas y personas embarazadas.

En cuanto a la diversidad sexual y de género, Perú no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el cambio legal de género para personas trans, y carece de una legislación integral contra la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género.

Violencia de género y desapariciones

El informe reporta que hasta agosto de 2025 se registraron 105 femicidios, y que la Defensoría del Pueblo observó un incremento de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, con más de 6.000 casos en la primera mitad del año. Más aún, un proyecto de ley para penalizar supuestas “denuncias falsas” en casos de violencia doméstica hasta con seis años de prisión fue presentado por miembros del Congreso, algo que grupos de defensa de derechos de las mujeres advirtieron podría disuadir a víctimas de buscar ayuda, señala el informe.

Por: Silvia Bardales Q.

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