Redacción Wayka
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de recibir un informe que concluye que cuatro compañías de capital chino con presencia en país, vulneran los derechos humanos de los peruanos.
Se trata de las empresas Las Bambas en Apurímac, Shougang en Ica, Chinalco en Junín y Río Blanco Cooper en Piura, señaladas por el informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), como los autores de abusos perpetrados contra comunidades del interior del país.
“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno, esto no es sólo responsabilidad de las empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas”, demanda el informe del CICDHA.
Si bien los proyectos de las 4 empresas significan más de 17 mil millones de dólares de inversión, los principales afectados son los ciudadanos que viven en las regiones donde estas compañías se desarrollan.
Conflictos vigentes
En el distrito de Challhuahuacho de Apurímac, la Fiscalía Provincial Mixta tiene en la mira a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra el proyecto Las Bambas. Por discrepar con una modificatoria sustancial del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina, la fiscalía pide hasta 17 años de prisión contra ellos.
En Junín, el proyecto Toromocho de la minera Chinalco también ha generado conflictos con la población. Y es que el proceso de reasentamiento de los comuneros ha sido incompleta y peligrosa: en la Antigua Morococha aún hay más de 60 familias asentadas expuestas a los riesgos de la minera; y otras ya han sido reubicadas en Nueva Morococha, construida en una zona de alto riesgo ambiental.
En Ica, la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la compañía estatal china Shougang Group, arrastra por años conflictos con sus trabajadores por las pobres condiciones laborales y salariales. Shougang Hierro Perú, que registra utilidades por mil millones de dólares al año, se ha enfrentado a 16 huelgas indefinidas en 26 años.
En Piura, el proyecto minero Río Blanco a cargo del consorcio chino Zijin tuvo un oscuro inicio. Las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca), Segunda, Cajas (Huancabamba), de Piura y otras poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca) denuncian la usurpación de tierras en donde desarrollaban sus actividades agrícolas.