La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó un informe que denuncia altísimos niveles de represión por parte del régimen de Dina Boluarte.
“La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares”, señala el documento en el que también se demanda una salida política como es la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, dio a conocer el informe que da cuenta de casos de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en las protestas sociales hasta el 26 de enero de 2023, el uso de armas prohíbidas como fusiles AKM, por parte de los agentes del Estado, lo que niega la versión oficial de que “los manifestantes se mataron entre ellos”.
Además, da cuenta del uso indiscriminado de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía que se moviliza pacíficamente en las calles; torturas por la policía, como fue el caso de un grupo de 8 personas detenidas en Andahuaylas el 12 de diciembre último, quienes fueron brutalmente golpeadas durante su reclusión, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.
La Coordinadora advierte que se están produciendo detenciones arbitrarias masivas. Solo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se detuvieron a casi 200 personas. Asimismo, que se está utilizando acusaciones por terrorismo contra quienes se movilizan. El informe señala que se está obstaculizando la defensa de los detenidos y la labor periodística por parte de los agentes policiales.
“Hay un carga profundamente racista en la actuación de la Policía, no es casualidad que las muertes se hayan producido en las regiones donde hay población indígena y que hasta el momento en Lima no se ha producido ninguna muerte”, indicó Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDDHH.
Del mismo modo, se denuncia que hubo torturas, tratos inhumanos y degradantes por parte de la Policía, así como también violencia sexual a las personas que fueron detenidas de manera irregular. Por ejemplo, durante las revisiones médico legales reportan que ha sido recurrente el desnudamiento integral e injustificado, por no existir lesiones bajo la ropa. Así mismo, se ha recibido el reporte de revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En esa misma línea, se alerta que la habilitación a las fuerzas armadas para intervenir en el control del orden interno y de la sociedad, incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. En el documento se lee que el ejército ha sido el responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022. También se ha documentado despliegue militar en otros lugares del país, incluyendo la capital.
Según la Coordinadora, la respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares.
Fotos de la represión policial en las manifestaciones en Puno / Max Nina
