Un caso de discriminación por orientación sexual ha llevado a Perú a los tribunales internacionales. Se trata de la denuncia presentada por el ciudadano Crissthian Manuel Olivera Fuentes quien en 2004 fue discriminado en el supermercado Santa Isabel en el distrito de San Miguel cuando se encontraba comprando con su pareja del mismo sexo. 

“Confío que se confirmará la responsabilidad del Estado Peruano por la violación de mis derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada y garantías y protección judicial y que, además de la reparación, se exija diseño e implementación de políticas públicas para (las personas) LGBTIQ”, señaló Crissthian Olivera al enterarse de que su caso ha sido remitido a la corte internacional.

Según el testimonio brindado por Olivera, él y su pareja fueron amonestados por el personal de la cafetería Dulces y Salados. Los trabajadores le dijeron que no podían besarse y acariciarse porque otro cliente se había quejado de que dos hombres “estaban cometiendo actos de homosexualidad”. Esta situación se repitió en un segundo local de la empresa.

En octubre de 2004, Olivera presentó una denuncia ante INDECOPI; sin embargo, esta fue rechazada a pesar de las apelaciones presentadas por el agraviado. Tras no obtener justicia en las instancias nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y determinó que Olivera sí había sido víctima de discriminación por su orientación sexual.

En el informe final emitido por la CIDH, que traslada el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), concluyó que la amonestación que impuso la empresa Santa Isabel a la pareja careció de justificaciones legítimas y que vulneró su derecho a la privacidad, el principio de igualdad y no discriminación. 

Además, resalta que el Estado peruano no cumplió con garantizar el acceso a justicia en el tiempo debido para Olivera y que contaban con los medios probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de Santa Isabel, ya que la misma empresa había admitido que sí amonestaron a la pareja por ser homosexuales.

Tras el comunicado de la CIDH que anunció el pasado 8 de julio el traslado del caso a la Corte IDH, Olivera expresó su respaldo a dicha decisión. Cabe resaltar que, durante estos 17 años, la denuncia ha sido asesorada legalmente por el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujer-DEMUS, Synergía – Initiatives for Human Rights y Asociación Líderes en Acción.