9 de cada 10 personas que protestaron contra Dina Boluarte provienen de pueblos originarios
«El gobierno de la señora Dina Boluarte mantiene y perpetúa un modelo en contra de los pueblos indígenas quechuas y aimaras», señala el reciente informe de la Onamiap sobre las manifestaciones entre diciembre del 2022 y enero del 2023. El documento también señala que las mujeres indígenas aymaras y quechuas han sufrido una violencia diferenciada.
Por Jair Sarmiento
Nueve de cada diez personas que participaron en las protestas a nivel nacional contra el régimen militar y policial de Dina Boluarte, pertenecen a pueblos originarios o indígenas quechua y aymara, según el informe «Hasta alcanzar justicia» de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
Estos datos tienen respaldo en los resultados de la pregunta de autoidentificación étnica de los Censos Nacionales del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de las manifestaciones desarrolladas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Las marchas a las que se alude tienen hasta la actualidad las siguientes demandas: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales con nuevas reglas, la convocatoria de una asamblea constituyente plurinacional, el cese de la represión y justicia para las víctimas, el cese de la estigmatización racista de la prensa, así como la libertad y restitución de Pedro Castillo.
En tal sentido, el informe señala que los pueblos indígenas han sido objeto de represión de las fuerzas policiales y armadas del régimen de Boluarte. Y este ha tenido consecuencias no solo individiduales si no también colectivas.
«Los pueblos originarios e indígenas constituyen sujetos colectivos de derechos y la represión indiscriminada ejercida por el gobierno contra uno de sus miembros no sólo tiene un impacto individual respecto a las víctimas y a sus familias, sino que tiene un impacto colectivo respecto al pueblo al que pertenece», menciona el documento.
En ese contexto, se incrementó la represión y los territorios de los pueblos indígenas fueron ocupados por las fuerzas militares, principalmente en Puno. «Estos pueblos denunciaron la violación de sus derechos territoriales integrales ancestrales por la ocupación militar», señala el informe.
Según la investigación de la Onamiap, el régimen de Boluarte mantiene y perpetúa un modelo en contra de los pueblos indígenas quechuas y aimaras. Asimismo, según la organización, esta serie de asesinatos (49 víctimas civiles) representan un eslabón de una política genocida que busca desaparecer a las comunidades que conforman los pueblos originarios.
Mujeres indígenas
El reporte de la Onamiap indica que las mujeres indígenas enfrentan múltiples violencias -política, social, económica y cultural-, algunas de las cuales configuran violaciones graves que se han dado a lo largo de la historia con un impacto individual y colectivo.
«La violencia sufrida por los pueblos indígenas quechua y aimara, por ejercer su derecho a la protesta social en el período materia de este documento, tiene un impacto diferenciado, resultando más doloroso para las mujeres indígenas al revivir violaciones pasadas y la justicia no alcanzada. De allí que las demandas de justicia y reparación integral sean un tema pendiente y una deuda histórica por parte del Estado», señala el documento.
De igual forma señala que las mujeres indígenas han asumido un papel trascendental para la trasmisión de sus conocimientos ancestrales y de sus memorias colectivas de resistencia, participando activamente en la protesta social y de denuncia de violaciones ante instancias nacionales e internacionales.
«Hay una denuncia persistente de los pueblos y mujeres indígenas de la violencia y discriminación que enfrentan, para imponerles un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas y depredadoras de la naturaleza. Este modelo los somete intencionalmente a condiciones de existencia que están acarreando su destrucción física de forma progresiva y con ello, la destrucción de la naturaleza», puntualiza el informe.
