En diálogo con Wayka, Carlos Rivera, abogado especialista en Derecho Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica por qué la actual coyuntura se enmarca en un golpe de Estado luego de la vacancia presidencial por parte del Congreso.
Lucero Ascarza
¿Por qué la vacancia presidencial, tal como ha ocurrido, constituye un golpe de Estado?
Hay dos líneas de argumentación. Primero, lo que ha hecho el Congreso de la República es utilizar de la peor manera, de forma arbitraria y abusiva, el artículo 113 de la Constitución. Este artículo le otorga al Congreso la facultad constitucional de vacar al presidente de la República, pero lo que está contenido en esas pocas líneas es algo que necesariamente debe ser interpretado.
Argumentar la incapacidad moral del presidente, creo que todos ahora reconocen que tiene que ser llenado de contenido y sobre todo ser precisado.
Ahora vemos las consecuencias de esa interpretación arbitraria…
Por ahí va mi segunda línea de argumentación. No se puede generar una imputación contra un jefe de Estado en términos tan abiertos, tan gaseosos que signifique que haya un plazo de solo 7 días desde que se presenta la moción de vacancia hasta el momento en que el presidente se va a su casa. Esto creo que es una gravísima violación al debido proceso.
El Congreso ni siquiera ha sido capaz de investigar medianamente las imputaciones contra el presidente. Han terminado imponiendo una sanción política más parecida a una censura. Eso rompe las reglas del ordenamiento constitucional, rompe las reglas del equilibrio de poderes y el contrapeso de poderes que debería existir. Eso es un golpe de Estado absolutamente encubierto.
Y el Tribunal Constitucional aún no ha resuelto ese problema con la vacancia…
Hace mes y medio está pendiente de resolverse la demanda competencial presentada por Martín Vizcarra ante el primer pedido de vacancia. El pedido del Ejecutivo apuntaba justamente a cuestionar que el Congreso utilice como una suerte de cajón de sastre el artículo 113 de la Constitución.
Correspondería al propio Tribunal Constitucional (TC) una reconsideración del contenido de este artículo para tener claridad, ya no solo en el caso de Martín Vizcarra. Porque la Constitución no ha sido escrita para Martín Vizcarra, sino para cualquier presidente de la República que ingrese a un procedimiento de esta naturaleza. Esa sería una primera alternativa de acción.
Que va a ser difícil, no me queda duda. Estamos en una evidente crisis política, crisis institucional. Ahora, es complicado pensar que el TC retorne a la presidencia a Martín Vizcarra, pero me parece que sería una cosa ajustada a la constitucionalidad.
¿Existe responsabilidad del TC por la demora de su respuesta?
Lamentablemente, la falta de decisión del Tribunal Constitucional ha terminado favoreciendo que proceda esta vacancia. Recordemos que el Ejecutivo no solo presentó una demanda competencial, también una medida cautelar. Esa medida fue desestimada con argumentos ni siquiera jurídicos, sino políticos de la presidenta del TC, Marianella Ledesma.
Dijo que había escuchado a políticos, y que de esas declaraciones ella consideraba que no existía ningún riesgo a que se acepte la vacancia. Imagínate, es una muestra de ingenuidad política impresionante. El TC tiene parte de responsabilidad en este asunto.
Además de esperar por esa resolución, ¿son posibles otras acciones legales frente al golpe del Congreso?
Desde IDL estamos planteando un amparo y una medida cautelar ante un juez constitucional del Poder Judicial, justamente solicitando el resguardo del derecho a votar, a elegir. El señor Manuel Merino no ha sido elegido para gobernar, él ha sido elegido para legislar, para fiscalizar como miembro del Congreso de la República. Que él esté asumiendo la presidencia en estas condiciones, nos parece una vulneración grave al derecho a elegir que es de todos los peruanos.
