Redacción Wayka

El acoso sexual es una violencia que afecta a las mujeres en el espacio público, privado y también en sus ambientes laborales. El sector público no es ajeno a esta realidad, las denuncias por acoso u hostigamiento sexual en entidades del Estado, ascendieron de 2 en 2018 a 43 en 2019. Hasta el momento, han sido resueltos 22 casos, uno de los acosadores fue destituido del Ministerio de Agricultura. 

Las denuncias fueron presentadas por trabajadoras de municipalidades, gobiernos regionales y del Gobierno Central, evidenciando que el acoso sexual se perpetra en todos los niveles del Estado. Las últimas 43 denuncias, tienen en común el perfil del agresor: El jefe fue el hostigador. 

En declaraciones a El Comercio, la gerenta de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Público (Servir), Magali Meza Mundaca, señaló que este incremento de denuncias responde a los lineamientos contra el hostigamiento sexual en entidades públicas que fueron aprobados el año pasado. Así como a la toma de conciencia sobre la prevención y sanción de esta violencia que afecta, principalmente, a las mujeres desde hace varios años.

Casos públicos

Este año se hicieron públicas dos denuncias de acoso sexual en entidades estatales. El primer caso es de la politóloga Fabiola Gutiérrez Arce quien compartió en sus redes sociales que fue acosada sexual y laboralmente por su jefe cuando trabajaba en Cancillería. Su agresor es un funcionario con rango de embajador. A raíz de su publicación, la politóloga comenzó a recibir testimonios de trabajadoras y extrabajadoras que también fueron víctimas de acoso en dicha institución.

Ante los reiterados casos, Guitérrez decidió formalizar su denuncia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha formado una comisión investigadora que debe emitir un informe en un plazo máximo de dos semanas. El proceso es supervisado por Servir, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo que ha señalado que la Cancillería no actualiza su directiva contra el acoso desde 2017.

La segunda denuncia recae sobre el exgerente comercial de Editora Perú, Miguel Ángel Risco Esquén, es investigado por el Ministerio Público luego que siete personas lo denunciaran de haber tocado sin consentimiento a una practicante y hostigar con frases de connotación sexual a otras dos trabajadoras. Además, otros cuatro personas lo denunciaron por abuso de autoridad y hostilidad.

Según el Diario Perú21, el directorio de la casa editorial del Diario El Peruano se reunió el jueves pasado y decidió por unanimidad retirarle la confianza a Risco. Las indagaciones están a cargo de la fiscal Sofía Herrera de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer.

El hostigamiento sexual laboral no es reciente. Hace doce años el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jovino Cabanillas, fue destituido luego que una de sus secretarias lo denunciara en televisión. El magistrado solía abrazar por la espalda a sus asistentes, hacer comentarios sobre sus aspectos físicos e incluso besarlas a la fuerza.

Cómo denunciar

Las denuncias de acoso en instituciones públicas pueden ser realizadas ante la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, la cual deberá comunicar del hecho al área de Recursos Humanos. Desde el momento en que se registra la denuncia, Recursos Humanos tiene un plazo de 3 días hábiles para otorgar medidas de protección a la víctima, la cual puede consistir en suspender al presunto agresor mientras dure la investigación o rotarlo de puesto. 

Además, los canales de atención médica y psicológica deben ser puestos a disposición de la denunciante como máximo al día siguiente de recogido el caso. En 15 días la comisión encargada de investigar debe presentar un informe de precalificación el cual determinará si hubo acoso o no. De encontrarse fundada la denuncia, en un plazo de 30 días se debe iniciar un procedimiento administrativo e informar a la Policía Nacional y al Ministerio Público de los hechos.

Si una denuncia no es recibida o atendida en el plazo establecido, la víctima puede reportar las irregularidades a Servir. En el sector privado el proceso es similar, de acuerdo a la Ley N° 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, todas las entidades privadas deben tener normativas internas para atender estos casos. De no cumplirse, las víctimas pueden solicitar orientación psicológica y asesoría legal llamando a la línea gratuita 1819 del Ministerio de Trabajo.