Adultos mayores piden que Congreso apruebe Convención Interamericana que protege sus derechos

Colectivos de adultos mayores reclaman aplicación de tratado que protege sus derechos. Congreso lo aprobó en 2018, pero un grupo de parlamentarios pidió que se le reconsidere, alegando que «contiene términos ideológicos de género».

Lucero Ascarza

Han pasado más de dos años desde que el Congreso de la República votó por aprobar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, cinco grupos parlamentarios pusieron trabas en el proceso y hasta la fecha el proyecto sigue pendiente.

Ahora, frente a un nuevo Congreso, colectivos de personas adultas mayores piden que la Convención Interamericana se ponga nuevamente en la Agenda del Pleno. ¿Por qué resulta importante la aprobación de este tratado?

Betty Guillén Velarde, trabajadora social y fundadora del Colectivo por los Derechos de las Personas Adultas Mayores (PAM), explica que esta Convención aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sería el primer documento vinculante para el Estado Peruano dirigido a esta población. «Si el Perú se adhiere, tiene que incluirlo en sus normas y se convierte en ley. Por lo tanto, los reclamos y denuncias de maltrato a personas mayores tendrían mayor respaldo«, señaló a Wayka.

En el actual contexto de la pandemia, las personas mayores son parte de los grupos más vulnerables. «Venimos sufriendo una serie de maltratos, de olvido. Ahorita no se atiende adecuadamente, sobre todo porque hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas», lamenta Betty Guillén. «Hemos visto discriminación. Por ejemplo, cuando se tiene que sortear quién puede hacer uso de un respirador y hay una persona mayor y una persona más joven», relató.

Hace poco, la Defensoría del Pueblo también advirtió sobre las condiciones de desigualdad que experimenta la población adulta mayor en el contexto de emergencia. De acuerdo a un informe elaborado en 2019 por esta entidad, más del 99% de mujeres adultas mayores en el campo no recibe una pensión de jubilación. La mayoría tampoco tiene acceso a salud, vivienda y una vida sin violencia.

Como recalca Guillén, las normas actuales no los protegen del todo. «Una de las instituciones que debe hacer seguimiento [según la Ley del Adulto Mayor] es el Ministerio de la Mujer, pero no lo hace. Existen los Centros del Adulto Mayor que son responsabilidad de las municipalidades, pero tampoco los instalan. Y en aquellos municipios donde existe, los programas no son consultados con las personas adultas mayores», explica la trabajadora social.

Piden celeridad del Congreso

En junio de este año, el Colectivo PAM envió cartas a distintas comisiones del Congreso solicitando que se vuelva a poner en agenda la aprobación de la Convención Interamericana que los protege. Este pedido fue transmitido por la Comisión de Inclusión Social y Personas mediante un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

Dos meses después, en agosto, otros colectivos organizados dirigieron el mismo mensaje a Merino de Lama: votar y aprobar la Convención Interamericana antes citada. «Consideramos que la demora en su aprobación está afectando a millones de adultos mayores que conformamos el 12% de la población», declaran en una carta liderada por la Confederación Nacional de Pensionistas, Asegurados y Fonavistas del Perú (CONAPAF), junto a otros gremios.

La excusa de la «ideología de género»

Como se recuerda, en 2018 el Congreso aprobó por unanimidad incorporar esta Convención Interamericana a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, el entonces congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales Ardiles pidió que se reconsidere dicha votación. A él se sumó Julio Rosas Huaranga, conocido líder del grupo conservador Con mis hijos no te metas, indicando que el texto del tratado incluía «peligrosos conceptos de carácter inconstitucional».

Esa reconsideración fue negada en votación del 16 de abril de 2019. Es decir, se esperaba que la Convención se aprobara. Pero ese mismo día, voceros de cinco grupos parlamentarios pidieron que se reconsidere la votación de la reconsideración.

Carlos Tubino (Fuerza Popular), Jorge Castro (Concertación Parlamentaria), Lucio Ávila (Cambio 21), Mauricio Mulder (APRA) y César Vásquez (Alianza por el Progreso) firmaron una carta indicando que la Convención contenía «términos ideológicos de género».

Por esos argumentos, el proceso quedó en pausa y las personas adultas mayores siguen a la espera. «Cada día estamos envejeciendo más, es una responsabilidad de la sociedad exigir al Gobierno que se apruebe la Convención», resalta Betty Guillén, del colectivo PAM.