Redacción Wayka

En julio de 2017, una comisión de las Naciones Unidas estuvo en Perú para observar el respeto de las empresas transnacionales hacia los derechos humanos en el proceso del desarrollo económico. Más de tres años después, y tras la publicación de un informe que analizó la defensa y garantía de los derechos en los sectores público y privado, el representante regional de América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Jan Jarab, ve un escenario en el que aún falta mucho por hacer.

Para el comisionado de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad de diversas poblaciones se ha visto aún más afectada con la crisis sanitaria del COVID – 19, incluso cuando el Estado peruano viene implementando el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH). “Los avances son lentos, tardíos, los peligros son tangibles, estamos viviendo tiempos difíciles”, comentó Jan Jarab, en un evento realizado el día 13 de octubre y organizado por la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de América del Sur

“La actual emergencia sanitaria del COVID – 19 (…) es también una crisis económica y social, se puede decir una crisis humana y de derechos humanos, porque ha demostrado que tiene consecuencias muy distintas, por un lado en las clases privilegiadas, y por otro lado de las personas pobres, sobre todo las que viven de la economía informal, grupos particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad, refugiados, migrantes, comunidades indígenas, LGBTI y otros grupos”, comentó Jarab.


Para el representante de las Naciones Unidas, es necesario que el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) incluya medidas sobre el cambio climático, la política fiscal, desigualdad, el desempleo, la discriminación étnica y racial, la seguridad social, la informalidad, el acceso a la tierra, la brecha digital, migrantes y refugiados.

Y es que para Jan Jarab, “los derechos humanos no detienen el desarrollo económico, sino que lo hacen más sostenible y más equitativo”. Sin embargo, según la observación del miembro de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada, los avances para la implementación del PNAEDH son lentos, tardíos y con peligros tangibles.