En el 2021 se acabará el período de 10 años de la Ley que impone una Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) al Territorio Nacional. Es la Ley N° 29811. Frente a ello, la sociedad civil, conformada por agricultores, científicos, activistas y organizaciones ambientales, demanda que esta moratoria se extienda para evitar que estos productos ingresen y afecten a los cultivos de la agricultura familiar nacional. A su vez, el Instituto de Innovación Agraria (INIA) del Estado a fines de mayo pasado publicó un reglamento interno cuyo fin es regular el uso de los OVM excluidos de Ley mencionada.

El proyecto normativo se denomina “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM o transgénicos) para el Sector Agrario” (RISBA). La Plataforma Perú País Libre de Transgénicos (PPLT) publicó un comunicado en rechazo a este proyecto de reglamento sobre transgénicos por considerarla como una “grave amenaza” a la biodiversidad y al mercado interno agrícola en plena emergencia sanitaria por la Covid-19. Además, denuncian que no existe un previo debate sobre el proyecto de ley en cuestión.

Entre los principales posibles impactos que los transgénicos generarían en el país, según el comunicado, encontramos la “contaminación de los recursos biológicos” nacionales y el “dañar la economía de miles de familias peruanas que han prosperado gracias al crecimiento de los sectores de agroexportación, gastronómico y turístico”.

Oriane Brunet, coordinadora de Slow Food en Perú, ONG que forma parte de la plataforma, precisó a Wayka que con este reglamento “se dará carta abierta al libre comercio de cultivos transgénicos” en Perú cuando culmine el plazo de la Ley de moratoria. “El INIA además de promover la investigación científica va a regular o fiscalizar los transgénicos y no puede cumplir doble papel”, resaltó la representante.

Como posible solución al poco diálogo sobre el reglamento, Brunet sugiere que se realice una “coelaboración” del mismo y se amplíe el plazo de la moratoria. “Existen también intereses de algunos en promover este reglamento de privados y en el mismo gobierno. (El nuevo reglamento) no es específico en los detalles técnicos y señala que se evaluará caso por caso. No hay una pauta fija”, advirtió.

Para el especialista en bioseguridad y recursos genéticos, Manuel Ruiz, decir que no existe una completa socialización de este proyecto de Ley con la sociedad civil es correcto. Incluso, como señaló para Actualidad Ambiental, no se conocen los resultados finales de investigación que, supuestamente, el Estado debió hacer sobre transgénicos durante estos 10 años de moratoria a los mismos.

“Ha debido de haber una discusión mucho mayor sobre esos resultados. Lo que estamos viendo ahora es una situación en la cual, asumimos que esa información, esas investigaciones se han hecho y por ello se está tomando la decisión (de formular el proyecto de Ley en cuestión), pero se desconoce aún esos informes. Eso genera preocupaciones, suspicacias y crea una situación de tensión entre distintos actores, como se vivió al comienzo cuando recién se discutía este asunto”, aseveró Ruiz.

Antecedentes

En el 2011 se había aprobado el ingreso de semillas transgénicas en el Perú, pero desde entonces estos productos han estado relacionados con irregularidades y vacíos informativos. Como señaló en su antiguo blog la periodista Jacqueline Fowks, Cartas desde Lenovo, el exministro de Agricultura de ese entonces, Rafael Quevedo, tuvo que renunciar a su cargo porque trabajaba, a su vez, con una empresa que comercializaba transgénicos.