Por Alvaro Meneses

El pasado 10 de noviembre, se promulgó la ley que modifica el artículo 26 de Cementerios y Servicios Funerarios para destruir el mausoleo senderista en Comas, conocido desde que se difundió un video que muestra un presunto caso de apología al terrorismo.

Del otro lado, decenas de familias de senderistas ejecutados –algunos de ellos rendidos- durante el conflicto armado interno, serán obligados a interrumpir su duelo para que los restos de sus muertos sean removidos. Ninguno de ellos fue escuchado en el proceso de elaboración de la propuesta legislativa. Sobre esto, el escritor José Carlos Agüero sostiene: “tengan o no tengan razón, que sus voces estén tan marginalizadas no es democrático, porque es un asunto que directamente les concierne”.

El autor de la ley, el congresista independiente Alberto de Belaúnde, defiende su propuesta en esta entrevista.

¿Cómo empezó el compromiso por trabajar en esta ley?

Cuando sale todo el tema del mausoleo y pasan los meses, y no hay manera de demolerlo pese a estar construido de manera ilegal, empezamos a ver el marco normativo y vemos una serie de vacíos en la norma de cementerios para este y otros casos. También había el deber de asegurarse de que los restos sean adecuadamente tratados. La ley tiene como caso emblema el mausoleo senderista pero su profundidad busca atacar una problemática mayor.

¿Dice que el trasfondo ley no fue elaborada específicamente por el presunto caso de apología al terrorismo sino para cubrir los vacíos de la ley de cementerio?

Así es. No se llama ‘Ley que demolerá…’, no es una ley con nombre propio. Lo que busca la ley es solucionar los vacíos que encontramos en la Ley de Cementerios.

Pero mediáticamente sí parecía una ley con nombre propio.

Lo que pasa es que mediáticamente, si uno no lo asocia a un caso, no se entiende la importancia, incluso en el Pleno del Congreso. Hay que ejemplificar qué tipo de situaciones soluciona. Y esa sin duda es una de ellas.

¿Y parte del trasfondo también fue hacerle frente a presuntos casos de apología al terrorismo?

Permite que la municipalidad pueda hacer uso de sus funciones municipales frente a un mausoleo que ha sido construido de manera ilegal. Y que por un vacío normativo no se permitían soluciones. Generándose una sensación de impunidad que no es buena en la sociedad.

¿Qué tipo de impunidad?

En el sentido de que uno puede construir cualquier cosa en cualquier lugar y que no pase nada. Eso me parece que es un mal mensaje.

¿Usted tenía claro de que el acontecimiento en el mausoleo de Comas era apología al terrorismo?

Lo principal era tapar un vacío normativo que sin duda estaba siendo aprovechado por Movadef y otros para hacer un acto político. Y el Estado debe responder con las armas que te da la democracia.

En una entrevista anterior, usted dijo que no tenía claro si había apología o no. ¿Ahora tiene claro si se trata de apología al terrorismo?

Lo que yo quiero con este proyecto es darle las herramientas al municipio para que pueda ejercer sus funciones. No es una ley que lucha frontalmente contra la apología. En democracia no se puede permitir la apología al terrorismo. Lo que pasaba en este caso es que había un acto político de manera ilegal.

Una pregunta aparte. ¿Para usted fue un conflicto armado interno lo que pasó en el país en los 80 y 90?

Sin duda. Apoyo el informe de la CVR, creo en el Programa de Reparaciones, apoyé la Ley de Banco Genético, incluso estuve con los familiares de las víctimas en Palacio de Gobierno para su promulgación.

Luego de estas declaraciones probablemente sus colegas de Fuerza Popular y el Apra lo van a interpelar como al fiscal Pérez.

Que además es curioso porque son términos que ellos han usado en otras condiciones. Pero me queda clarísimo que si aplicamos el derecho internacional, lo que ocurrió en el país fue un conflicto armado interno, que no le quita un ápice de terrorista a Sendero Luminoso. Por el contrario, le permite tener a la democracia mayores herramientas para luchar contra el terrorismo.

Volviendo al tema. ¿Conversó con familiares de los senderistas enterrados en el mausoleo para la elaboración de la ley? Son, quizás, los principales aludidos.

No. Estamos en una situación de ilegalidad. Sí hubo coordinaciones con la procuraduría municipal para ver dónde estaba ese vacío legal que impedía que se pudiese demoler el mausoleo.

¿Usted cree que todas las personas tienen derecho a enterrar y recordar a sus muertos? 

Claro. Y por eso es que la ley establece que, frente a esa situación de ilegalidad, el municipio notifique a las familias para que los trasladen a otros cementerios. Y la municipalidad tiene la obligación de trasladarlos a un lugar digno dentro del propio cementerio.

¿Y qué opina de la expresión cultural y/o política de recordar a los muertos en un mausoleo?

Se tiene que revisar que el recuerdo no se convierta en apología. Esperamos que las autoridades estén más centrados en un trabajo de inteligencia policial que en estar persiguiendo obras artísticas como La cautiva o las Tablas de Sarhua (Muestra un ejemplar de las tablas colgadas a un lado de su despacho).

¿Considera que con esta ley se están oprimiendo las voces que per se ya están silenciadas?

No, porque acá nos estamos enfrentando a una situación de ilegalidad. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir las normas.

Teniendo en cuenta de que dentro de este marco de ilegalidad tenemos a varias de las familias de los senderistas ejecutados cuando ya estaban rendidos.

Si lo que queremos es sancionar todos los casos de violación de derechos humanos, debemos tener en cuenta los principios y valores que nos motivan a buscar la justicia en todos los casos. Pero todo esto dentro de un marco de respeto a la ley.

Según su percepción, ¿cómo ve al país luego del conflicto armado interno?

No estoy comparando, pero son dos situaciones de violencia. Cuando en Colombia se comenzó a discutir el acuerdo de paz, hablan de la situación postconflicto. En Perú nunca preparamos una real agenda para el postconflicto que implica políticas de salud mental para las poblaciones golpeadas, memoria histórica a nivel nacional, etc.

Entre varias de las diferencias con Colombia es que allá las FARC sí tenían voz y voto.

No creo que las FARC sean similar a Sendero Luminoso. Y creo además que Sendero Luminoso nunca ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Cuando el Movadef quiso inscribirse como partido político revindicaba el pensamiento Gonzalo. El nivel de violación de derechos humanos al que llegó Sendero Luminoso nunca lo tuvo las FARC, siendo también responsables de delitos espantosos.

De acuerdo con lo que me dice, pero si vamos al Congreso escuchamos voces que rememoran y justifican lo perpetrado por el régimen fujimorista. Y que es casi lo mismo, ¿no? Gente revindicando delitos de lesa humanidad.

Hay un discurso de justificación. Siempre he tenido una voz crítica contra eso. Mi renuncia a PPK se da por el indulto, por considerar que era un tema de impunidad, que afectaba el concepto de justicia. Así como me he opuesto a la ‘Ley Fujimori’. Creo que la posición coherente en este caso es condenar y buscar justicia en todas las violaciones de derechos humanos que se hayan producido.

Pero es curiosa esta diferencia, cómo unas voces sí son condenadas pero otras tienen vocería en el Congreso, cuando ambas cometieron terrorismo.

No con un discurso de apología, sino un discurso que intenta justificar lo ocurrido sin dejar de reconocer que pueden haber sido delitos, lo cual me parece censurable. Pero no creo que se haya cometido apología.

Justo que menciona la democracia, ¿cree que el Estado está escuchando todas las voces? Voces como la de los familiares de los militares, ciudadanos y senderistas ejecutados en el periodo de conflicto.

Creo que lamentablemente no. Creo que hay una estrategia de comunicación del fujimorismo de ‘terruquear‘ a todo el mundo. Y frente a ese ‘terruqueo‘ hay muy poco espacio para la reflexión colectiva. Y eso no es bueno. Es importante que nos escuchemos como peruanos.

¿Cree que su ley afecte, tal vez de manera indirecta, este mal llevado proceso de reconciliación?

No debería. Acá lo que se está buscando es que se respete la ley. Uno de los principios que permitió que ocurriese la violencia es que tenemos un Estado ausente, que no se asegura de cumplir con sus obligaciones.