El país se la juega este jueves 7 de noviembre. La Junta de Fiscales Supremos va a elegir al nuevo Fiscal de la Nación, que conducirá los destinos del Ministerio Público en el año que es trascendental para las investigaciones del caso Lava Jato.

Lo malo es que, al parecer, no hay mucho de dónde escoger. Además de Pablo Sánchez Velarde, actual Fiscal de la Nación, entre los elegibles están todos los fiscales titulares integrantes de la Junta de Fiscales Supremos: Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, Zoraida Avalos, Pedro Chávarry Vallejos.

Tomás Gálvez se hizo famoso en febrero del 2010 cuando como postulante a fiscal supremo se juntó con Anaya (entonces Consejero del Consejero, su evaluador) fuera de las instalaciones del CNM. Es decir, el evaluado se reunió con su evaluador. Anaya fue removido por el Congreso pero con Gálvez la historia fue distinta, a pesar que según El Comercio Gálvez habría sido quien estableció el contacto con Anaya por intermediario y le habría solicitado su apoyo con su voto. Tuvo otra denuncia de parte de su ex asistente Ginger Salguero, del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (Caimp), de la Escuela del Ministerio Público, por presuntos delitos de doloso, delito contra la fe pública, falsificación de documentos (uso de documento privado falso) y falsedad genérica. No se sabe qué destino tuvo esa denuncia ni por qué razones. Así, con todo, y haciendo sido cuestionado también por su actuación en el caso de la congresista Elsa Canchaya en el 2008 (indicó que no precedía la investigación por el tiempo), llegó a ser supremo en diciembre del 2015, nombrado por el actual CNM (otra institución muy cuestionada). Las relaciones de amistad y profesionales de Gálvez también han sido cuestionadas, como la que tiene con el abogado penalista José Luis Castillo Alva.

Víctor Raúl Rodríguez fue elegido como fiscal supremo ante el cese del exfiscal supremo José Peláez Bardales (2016). Según La Mula.pe, fue cuestionado por José Ugaz cuando éste fue denunciado por la actuación de la Procuraduría en el allanamiento (finalmente ilegal) de la casa de Trinidad Becerra sin que, relata, hubiera fundamento (finalmente fue absuelto).

Actualmente, tiene a su cargo la investigación contra el fiscal Domingo Pérez que investiga por lavado de activos a Keiko Fujimori, un fiscal que pasó de ser denunciante a denunciado cuando señaló que el fiscal Peña-Cabrera le indicó que no preguntara por “AG” a Jorge Barata.

Zoraida Ávalos fue elegida fiscal suprema en diciembre del 2013. Más allá de su trabajo, es su votación en la elección de autoridades fiscales la que ha llamado la atención. Votó junto con José Peláez y Carlos Ramos porque Gladys Echaíz fuera al Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público, en una elección que Echaíz cuestionó y que, a la larga, influenciaba en la elección del nuevo Fiscal de la Nación de entonces. En mayo del 2014 votó a favor de Carlos Ramos para Fiscal de la Nación, cuando se comenzaba a destapar el caso “La Centralita” por el que finalmente fue destituido.

Pero Pedro Chávarry, el postulante voceado al cargo de Fiscal de la Nación, es el que causa mayor preocupación para la institucionalidad del Ministerio Público y su independencia político partidaria sobre todo del APRA. Diversos motivos ya conocidos: el compadrazgo con Peláez Bardales referido por La República, que su nombramiento se haya realizado siendo presidente del CNM Edmundo Peláez, y lo que esto haya podido significar para la posterior votación de Chávarry a favor del hermano José Peláez para el cargo de Fiscal de la Nación, entre otros.

Si bien otros fiscales trabajaron en la Fiscalía en la época de la dictadura fujimorista, Chávarry es cuestionado por haber ocupado un alto cargo de confianza al habérsele encargado la Secretaría General de la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán (Resolución N° 465-94-MP-SN).

Asimismo, no se conoce con claridad sus decisiones fiscales en casos como el de la investigación preliminar a su cargo respecto del fiscal supremo Tomás Gálvez (la denuncia de su ex asistente); tampoco su actuación respecto de la denuncia que hizo el fiscal Domingo Pérez por la intromisión que los congresistas fujimoristas en el allanamiento del local de Fuerza Popular.

Teniendo en cuenta esto, la reelección Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación se perfila como la salida en esta elección, teniendo en cuenta lo que se viene en el caso Lava Jato. Eso no quiere decir que la reelección es lo único que necesitamos.

Hay preocupaciones urgentes que sanear: (i) que las investigaciones fiscales avancen de forma desigual entre líderes políticos denunciados como es en el caso de Alan García y Keiko Fujimori, (ii) el que no se perciba un apoyo institucional decisivo a la labor de todos los fiscales a cargo de estos casos; (iii) que no se conozcan nada sobre la grave denuncia que en el 2017 el fiscal Domingo Pérez hiciera sobre el fiscal Alonso Peña-Cabrera, quien le señaló hasta en dos oportunidades no preguntar por Alan García en la diligencia con Jorge Barata según reveló IDL-R; (iv) que el mencionado fiscal Pérez se encuentre a la par investigado por haber hecho públicas esas conversaciones y denuncia; (v) la demora para fortalecer una estrategia coordinada entre las fiscalías de corrupción y lavado de activos que ven el caso.

Será mérito y a la vez responsabilidad de la Junta de Fiscales Supremos para con el caso más importante de los últimos años en la historia del país; no dejar la Fiscalía de la Nación en manos de quien no ofrece garantías frente al poder político partidario. Se requiere urgentemente de alguien que inspire la mayor confianza.