Alerta por cianuro en ríos del Norte del País: informe revela 20 años de contaminación que el Estado no atendió

Informe confirma niveles de contaminación que superan ampliamente los estándares permitidos y ponen en riesgo la salud humana, la biodiversidad y las economías locales de varias regiones del norte.

Confirman la presencia de cianuro, arsénico, cadmio y plomo en las cabeceras de cuenca que alimentan los ríos de La Libertad, Ancash y Cajamarca , un hallazgo que, según investigadores, líderes comunitarios y defensores ambientales, evidencia una grave emergencia ambiental ignorada por el Estado. Este estudio se dio a conocer la mañana del 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Cianuro en tres formas y ecosistemas colapsados

El biólogo investigador Manuel Hora Revilla, vocero del equipo científico e integrante del equipo técnico de AMAS Marianistas, precisó que el informe recoge monitoreos constantes desde 2005 y que los resultados más preocupantes aparecen en los años 2023 y 2025, cuando detectaron cianuro total, libre y WAD en la cuenca Chuyugual, en el departamento de La Libertad, Perú.

“Es un elemento altamente tóxico asociado a la extracción de oro. Su presencia en el agua indica un riesgo extremo y afecta directamente la cadena alimentaria”, explicó Hora Revilla.

Durante la conferencia, el biólogo mencionó que la investigación abarca tres cuencas clave del norte del país:

Perejil, que desemboca en el río Chicama (La Libertad): donde se han registrado repetidos episodios de contaminación que superan los Estándares de Calidad Ambiental.
Caballo Moro, que alimenta el río Santa (Áncash): con señales evidentes de acidificación del agua.
Chuyugual, afluente del río Crisnejas (Cajamarca) y parte de la ruta hídrica que llega al Marañón amazónico: la zona más afectada, con presencia de nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal y distintos tipos de cianuro, vinculados al avance de actividades mineras.

Estos daños no solo alteran los ecosistemas; también comprometen el agua que consumen comunidades campesinas y áreas urbanas, además de afectar la agricultura, la ganadería y la seguridad hídrica de tres regiones. Todo ello repercute finalmente en la cuenca amazónica a través del río Marañón.

Los investigadores también registraron la ausencia de macroinvertebrados, pequeños organismos que funcionan como bioindicadores de un ecosistema saludable. Sin ellos, desaparecen peces, anfibios y toda la vida acuática. En la zona opera la empresa minera Lagunas del Norte.

Solo en La Libertad, el 43 % de su territorio está concesionado a la actividad minera. Donde se realizaron los estudios existen 154 concesiones que cubren más del 90 % del área monitoreada.

La contaminación afecta a más de 100 poblaciones, ubicadas aguas abajo de zonas donde operan actividades mineras formales, informales e ilegales.

Comunidades en riesgo

La defensora ambiental y presidenta de la Central Provincial de Rondas Campesinas de Santiago de Chuco, Victoria Fernández Gamboa, denunció que las comunidades llevan años alertando sobre la pérdida de sus fuentes de agua:

“Tenemos niños y adultos con plomo y arsénico en la sangre. Nuestras lagunas están muriendo y nadie controla a las mineras. Cuando llueve, los desmontes y relaves bajan directo a los ríos”, alertó.

Por su parte, Betzabé Vázquez Flores, integrante de la Coordinadora Nacional de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario, recordó que el país enfrenta un problema masivo:

“Más de diez millones de personas en el Perú viven afectadas por exposición a metales tóxicos. No hay toxicólogos, no hay atención adecuada y el Estado no está respondiendo”.

La contaminación del río Rímac

En la conferencia también participó Mercedes Vázquez Flores, representante de comunidades de la cuenca alta del río Rímac, quien advirtió que Lima vive una amenaza latente:

“El Rímac abastece de agua a millones de personas, pero sus fuentes están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo. Hay relaves mineros inestables al borde de la Carretera Central. Un huaico o un sismo podría desencadenar una tragedia”.

Las organizaciones evalúan solicitar la declaración del río Rímac como sujeto de derechos, siguiendo precedentes como el caso del río Marañón.

Responsabilidad del Estado y retrocesos en protección ambiental

Para Jaime Borda Pari, secretario ejecutivo de Red Muqui, la situación es resultado directo de la política nacional de expansión minera sin control:

“El Estado está concesionando territorios sin evaluar impactos. El marco institucional ambiental se ha debilitado y hoy vivimos un retroceso grave en derechos humanos y ambientales”.

Borda recordó que, pese a la evidencia, las autoridades no han declarado emergencia ambiental en las zonas afectadas.

El P. Víctor Alberto Müller Bull S.M., animador de la Compañía de María Marianistas, explicó que la congregación se involucró en la defensa ambiental en 2004, cuando campesinos de La Libertad acudieron a la iglesia desesperados ante la expansión minera.

“Nos dijeron: ‘No nos escuchan’. Y era verdad. Por eso asumimos un compromiso que ya lleva 21 años. Defender el agua es defender la vida”, señaló.

El informe confirma lo que las comunidades altoandinas han denunciado durante décadas: la contaminación minera no es un problema aislado, sino una crisis estructural que compromete la salud de poblaciones rurales, la seguridad hídrica de ciudades como Lima y la integridad de ecosistemas estratégicos.

Los investigadores y líderes comunitarios coinciden en un mensaje urgente: “El Estado debe actuar ahora, debe investigarse la responsabilidad de las empresas y debe protegerse el agua, la vida y los derechos humanos”.

Mientras tanto, en los territorios, la vigilancia comunitaria continúa: mujeres, agricultores, rondas campesinas y monitores ambientales que defienden sus ríos con firmeza, ciencia y memoria.

El estudio fue presentado por la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) y Red Muqui, con el acompañamiento de monitores ambientales que han documentado durante más de 20 años la degradación sistemática de sus ríos. El evento se realizó en la parroquia Santa María Reina de la Compañía de María, espacio que desde 2004 acompaña a comunidades afectadas.

Por: Silvia Bardales

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